A partir del primer segundo de este 10 de septiembre, más de 200,000 salvadoreños radicados en Estados Unidos enfrentarán uno de los momentos más críticos de sus vidas, al entrar en vigor de forma oficial el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS). Esta medida los deja desprotegidos de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump y abre la puerta para una crisis humanitaria sin precedentes donde las familias estarán en el centro de la diáspora.
El TPS para El Salvador llega a su fin 25 años después y pone en vilo a miles de familias
Veinticinco años después, el Estatus de Protección Temporal para El Salvador concluyó formalmente. Las resoluciones judiciales y las directrices del gobierno de Estados Unidos cerraron la vigencia del programa migratorio. Los beneficiarios perdieron la protección contra la deportación y los permisos de trabajo asociados a esta condición especial
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Tras más de 25 años de protección legal, la expiración de la medida revierte de golpe el estatus migratorio de mujeres y hombres en el país. Las áreas migratorias no tendrán obstáculos para aplicar leyes en su contra y sus derechos adquiridos mientras estaba en vigor el TPS ya no tendrán vigencia. Especialistas consideran el fin de la medida como un cambio en la vida de personas con más de dos décadas viviendo en Estados Unidos, y que ahora estarán obligadas a regresar a su país o estar expuestas a ser detenidas, procesadas y deportadas a un tercer país.
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Las afectaciones comienzan con la eliminación de las siguientes medidas que los protegían hasta hace unas horas:
-Pérdida del estatus legal autorizado: los salvadoreños perderán su reconocimiento como residentes temporales, quedando en situación de indocumentados.
-Fin de la autorización de empleo (EAD): Perderán el documento que les permitía trabajar legalmente, eliminando su acceso al mercado laboral formal.
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-Pérdida de protección contra deportación: Dejarán de tener protección legal contra la remoción o deportación, quedando expuestos a acciones de inmigración y expulsión del país.
-Fin de la autorización de viaje ( Advance Parole): Perderán el permiso que les permitía salir y reingresar a Estados Unidos legalmente, quedando imposibilitados de viajar sin riesgo de no poder regresar.
La finalización del TPS se resentirá en distintas ciudades y estados con más habitantes de ese país, pero principalmente en:
-Los Ángeles, California.
-Washington D.C. y sus alrededores (Maryland y Virginia).
-Nueva York (principalmente en el área metropolitana, Queens y Long Island).
-Houston, Texas.
-Dallas, Texas.
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La protección que culmina 25 años después
El programa del TPS fue establecido formalmente por el Congreso de los Estados Unidos en 1990 bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La normativa concede un amparo temporal contra la deportación a inmigrantes residentes en el país. En el caso de la comunidad salvadoreña, la protección se oficializó en marzo de 2001.
El principal motivo para conceder la medida fueron los terremotos registrados en enero y febrero de ese año en El Salvador. Ese factor es uno de los contemplados para otorgar el visado. Otros de los motivos son:
-Conflictos armados internos (guerras civiles).
-Epidemias u otras condiciones graves y temporales.
Un programa iniciado por George W. Bush
La designación oficial estuvo a cargo de la administración del presidente estadounidense George W. Bush a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. El gobierno de El Salvador, encabezado por el presidente Francisco Flores, solicitó formalmente el beneficio migratorio a las autoridades de Estados Unidos. La medida inicial otorgó protección contra la deportación y permisos de trabajo temporales a más de 150,000 ciudadanos salvadoreños que cumplieron con el requisito de residencia continua en Estados Unidos desde la fecha establecida, así como las siguientes medidas:
-Nacionalidad: Ser ciudadano de El Salvador.
-Inscripción: Haberse inscrito en los plazos establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) en su debido momento.
No tener antecedentes penales: No haber sido condenado en EEUU por ningún delito grave o por dos o más ilícitos menores, además de no representar una amenaza para la seguridad nacional.
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Las prórrogas que llegan a su fin
Durante más de dos décadas, el Estatus de Protección Temporal para los salvadoreños fue una de las herramientas migratorias más longevas de los Estados Unidos. Desde su implementación en marzo de 2001, se ha ampliado formalmente en 11 ocasiones consecutivas, operando habitualmente en ciclos de 18 meses.
Este beneficio para los habitantes de El Salvador en EEUU se concedió distintas veces por cuestiones sociales, económicas y jurídicas en ese país identificadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La información recabada por el gobierno de Estados Unidos determinó en cada valoración que El Salvador aún padecía las secuelas estructurales de los sismos, sumadas a crisis ambientales posteriores y altos índices de vulnerabilidad que impedían un regreso seguro.
El inicio de una nueva era para la comunidad de El Salvador
El proceso legal de la cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal para El Salvador comenzó el 8 de enero de 2018, durante la primera administración del presidente Donald Trump. Ese día, el Departamento de Seguridad Nacional ordenó la terminación del programa bajo. El argumento fue la inexistencia de las condiciones ambientales originales de los terremotos de 2001, y con las cuales comenzó el programa.
En respuesta, organizaciones de derechos civiles y ciudadanos salvadoreños presentaron la demanda colectiva Ramos v. Nielsen (posteriormente Ramos v. Mayorkas) ante el Tribunal de Distrito del Norte de California en octubre de ese año. Al analizar las pruebas, un juez federal emitió una orden de protección preliminar con la cual se frenó la cancelación y se mantuvieron vigentes los permisos de permanencia y trabajo a nivel nacional.
El litigio llegó al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. El 14 de septiembre de 2020 emitió una sentencia con la que favoreció al Ejecutivo. Tras años de acuerdos temporales de extensión y mediación judicial, el proceso concluyó de forma definitiva tras determinarse que los tribunales carecen de competencia legal para revocar decisiones discrecionales de la Casa Blanca sobre programas migratorios.
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Tras el cierre de la batalla legal principal, las administraciones federales implementaron prórrogas temporales automáticas para evitar deportaciones masivas mientras el programa se reevaluaba administrativamente.
A inicios de 2024, el litigio Ramos v. Mayorkas concluyó al acordar (demandantes y el gobierno), que las extensiones automáticas amparadas por la corte finalizarían el 30 de junio de 2024. Esto obligó a los beneficiarios a realizar un proceso de reinscripción individual para mantener su estatus.
Ese año, el Departamento de Seguridad Nacional emitió una nueva extensión del programa por 18 meses, fijando su vigencia oficial hasta el 9 de septiembre de 2026.
Con este plazo establecido, la continuidad de la protección migratoria quedó sujeta a las decisiones administrativas del poder ejecutivo federal al cumplirse dicha fecha. Al no renovarse o emitirse una postura oficial, se utilizó el fin del TPS y con ello, el inicio del temor, incertidumbre y drama en miles de salvadoreños al estar desprotegidos legalmente.