HOUSTON, Texas- La preocupación crece entre la comunidad salvadoreña de Houston y del condado de Harris ante la expiración del Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS, programada para este 9 de septiembre de 2026.
"Cumplo 30 años de estar en EEUU": salvadoreños en Houston enfrentan incertidumbre ante el fin del TPS
En Houston y el condado de Harris, beneficiarios salvadoreños del TPS temen perder su autorización de trabajo y quedar expuestos a procesos de deportación después de años de residencia legal en el país.
Video "La situación es difícil": preocupación e incertidumbre entre salvadoreños con TPS en Houston
Miles de salvadoreños que han vivido durante décadas en Estados Unidos podrían perder la protección migratoria de estar legalmente en el país y la autorización laboral asociada con este programa.
Entre ellos se encuentra Luis Ernesto Segovia, quien trabaja en el mantenimiento de apartamentos y está próximo a cumplir 30 años de vivir en Estados Unidos.
“ En diciembre cumplo 30 años de estar acá en este país. Nunca he tenido problemas”, relata Segovia a N+ Univision 45.
El salvadoreño explicó que ingresó a Estados Unidos sin enfrentar dificultades con las autoridades migratorias.
También contó que ha viajado fuera del país en varias ocasiones, pero ahora no contempla hacerlo debido a la situación actual y al poco tiempo disponible .
“En este momento ya no podría porque primero no tengo la carta de salir y, número dos, por la situación en este momento no podría”, dijo el inmigrante.
El TPS para El Salvador: su historia
El TPS para El Salvador fue otorgado durante el gobierno del presidente George W. Bush, después de los terremotos que afectaron ese país el 13 de enero y el 13 de febrero de 2001. La designación se estableció como una medida de protección humanitaria.
De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, la designación para los salvadoreños terminará el 9 de septiembre de 2026.
Posibles recursos legales para salvadoreños
Raed González, abogado de Inmigración que representa a Segovia, explicó que la terminación del programa podría provocar la pérdida del empleo para numerosos beneficiarios.
El abogado señaló que existen posibles demandas relacionadas con el aviso que debía emitir el gobierno antes de decidir el futuro del programa. Según su explicación, la ley contempla una notificación con 60 días de anticipación cuando una designación no será renovada o está por terminar.
González indicó que, hasta el momento, no se había presentado una demanda, aunque anticipó que alguna organización podría iniciar acciones legales después del 9 de septiembre.
“ De la noche a la mañana no le van a renovar este permiso”, afirmó el abogado.
Los efectos migratorios no necesariamente ocurrirían de inmediato. González explicó que algunas personas podrían enfrentar un proceso de deportación, ante una corte de Inmigración, aunque los retrasos en los tribunales podrían extender los tiempos.
Para Luis Ernesto Segovia, la incertidumbre permanece mientras se acerca la fecha límite del programa y miles de familias esperan saber qué ocurrirá con su permanencia y su autorización para trabajar.
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