"Nadie quiere salir a la calle": nuevo año fiscal pone a disposición $170,000 millones para deportaciones

Este miércoles 1 de octubre se activa el multimillonario presupuesto aprobado por el Congreso para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), unos $170,000 millones, equivalentes a la compra de unos 7.4 millones de automóviles tipo sedán que ofrece el mercado automotriz con un precio promedio de $23,000. Jamás el DHS ni ninguna de sus agencias de inmigración había tenido acceso a tal cantidad de dinero. Y muchos ahora se preguntan, tanto demócratas como republicanos, quién supervisará el manejo y uso de esa inmensa cantidad de dinero de los contribuyentes estadounidenses.

Durante la campaña presidencial 2020, el entonces candidato republicano Donald Trump dijo que, si ganaba los comicios y regresaba a la Casa Blanca, lanzaría la mayor campaña de deportaciones de la historia, y que el objetivo serían extranjeros con antecedentes criminales y con orden de deportación. En total, ambos grupos bordeaban los 1.5 millones (unos 630,000 con antecedentes criminales y el resto con una orden de deportación). Pero nueve días después convertido en el presidente número 47, Trump amplió la lista de extranjeros a ser deportados a unos 14 millones.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró durante un encuentro entre el presidente y líderes republicanos en las instalaciones del Trump National Doral Miami, en el sur de Florida, que para este gobierno todo inmigrante que cometa una infracción a la Ley de Inmigración (INA) “es un criminal”.

La declaración puso automáticamente en el banquillo de las deportaciones a por lo menos 12 millones de indocumentados que se encuentran en el país, algunos desde hace más de tres décadas e integran familias mixtas con cónyuges e hijos estadounidenses. El crimen que se les atribuye es permanecer sin autorización en el país, un quebrantamiento a la ley que hasta ahora se consideraba una falta de carácter civil.

Inesperado cambio de objetivo

El dramático cambio de objetivo, de 1.6 millones de deportables a más de 14 millones, se hizo en apenas nueve días de gobierno y sin ningún tipo de consulta con el electorado. Simplemente se modificaron reglamentos de inmigración de larga data. ¿Es legal que el ejecutivo cambie el sistema que se encontraba vigente al 20 de enero reinterpretando normativas para acomodarlas a las promesas de campaña que hizo Trump?

“No es legal”, respondió el abogado constitucionalista Rafael Peñalver durante una entrevista en el programa ‘La Voz de la Mañana’ de la plataforma VIX de Univision. “Lo que el presidente (Trump) ha hecho es un engaño. Básicamente le prometió al pueblo estadounidense que iba a sacar del país a aquellas personas que habían violado la ley y el pueblo lo apoyó, que estaríamos todos de acuerdo con eso. Pero ha ido mucho más allá. Ha utilizado ese tema, de que son ilegales y que son personas que están cometiendo delitos, para crear un estado de miedo donde ya los agentes de inmigración están yendo no solo contra aquellas personas que han cometido un delito, sino contra toda la población, incluyendo ciudadanos norteamericanos y residentes que puedan lucir hispanos en su forma, por su físico”.

El cambio de postura se notó casi de inmediato. En agosto, siete meses después de la toma de posesión, el número de deportados bordeaba los 250,000 y la mayoría de los afectados carecía de antecedentes criminales, de acuerdo con datos del Centro Brennan para la Justicia, el Instituto CATO y el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York.

Además, los datos indican que el DHS no tenía capacidad de respuesta operativa suficiente para cumplir con la promesa de campaña de Trump, de deportar a 1.6 millones de extranjeros. La razón, no había agentes suficientes y porque el número de no ciudadanos que han cometido delitos graves -como los que trata de hacer ver el gobierno- no son tantos como para alcanzar el millón. Y cuando mucho, al ritmo registrado en julio de unas 1,900 detenciones diarias (entre indocumentados con y sin antecedentes criminales), el número de deportados indicaba que, para diciembre, apenas bordearía los 500,000, cifra que incomoda al presidente y el resto de su gabinete.

Ajuste de planes

La revisión de los logros alcanzados en este campo en los primeros 100 días del segundo gobierno de Trump incomodó y preocupó a sus asesores. Según datos entregados por Tom Homan, el zar fronterizo del presidente, estaban lejos de la promesa de campaña. En los primeros 100 días habían sido deportados 139,000 inmigrantes y faltan 247 días para que finalizara el año. A este ritmo, el DHS registraría 343,330 extranjeros deportados que, sumados a las deportaciones ocurridas en los primeros 100 días de gobierno, llegarían a las 482,320, con un promedio diario de entre 660 y 700 arrestos.

Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y uno de los principales asesores políticos de Trump, ordenó inmediatamente después del aniversario de los 100 días elevar a 3,000 el número de arrestos diarios de indocumentados y acelerar las deportaciones. Y luego Homan mencionó la cifra de 7,000 detenciones diarias, pero el 6 de agosto, durante una entrevista exclusiva para el programa ‘Inmigración: las Nuevas Reglas’ transmitido por la plataforma de streaming VIX de Univision, el zar fronterizo aclaró que ese número de arrestos lo había mencionado “solo para sacar (deportar) a la gente que Biden trajo…“

Y agregó que los agentes federales de inmigración bajo el mando del DHS seguirán “arrestando a todas las amenazas a la seguridad pública y nacional que puedan encontrar. Pero mientras lo hacemos, si encuentran a alguien aquí que está ilegalmente en el país y no es una amenaza para la seguridad pública ni nacional, también lo arrestarán”. Y tras una pausa, advirtió: “El número de arrestos aumentará enormemente una vez que tengamos los recursos necesarios para hacerlo. Tenemos que considerar la cantidad de millones de personas que están legalmente en el país”.

Danza de millones

Los recursos añorados por Homan aquella vez se liberan este miércoles 1 de octubre, cuando arranca el ejercicio del Año Fiscal estadounidense que finaliza el 30 de septiembre del próximo año. A partir de ese día estarán disponibles los casi $170,000 millones de dólares aprobados por el Congreso, de los cuales casi $30,000 millones se utilizarán para contratar agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), $45,000 millones para instalaciones de detención, $46,000 millones para el muro en la frontera con México, $10,000 millones para la oficina de la secretaria del DHS y caso $2,000 millones para la compra de vehículos y transporte.

Mientras tanto, la fuerza nacional de deportaciones comandada por Homan y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, sigue a toda marcha ejecutando las órdenes emitidas por la Casa Blanca y los inmigrantes indocumentados, con y sin antecedentes criminales u órdenes de deportación (estimados en unos 14 millones), luchan aterrados cada minuto del día por sus derechos de permanencia en un escenario donde el debido proceso se encuentra debilitado, y los derechos de los inmigrantes son limitados con nuevos reglamentos que emanan del Departamento de Justicia (DOJ) por orden de Trump a través de proclamas y órdenes ejecutivas.

A su vez, Trump insiste, sin aportar mayores datos para ser corroborados, que durante el gobierno de Joe Biden (entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de enero de 2025) permitió la entrada ilegítima de 21 millones de extranjeros. Según datos oficiales, durante el gobierno anterior ingresaron al país unos 930,000 no ciudadanos bajo la aplicación CBP One y unos 530,000 bajo el programa Parole Humanitario, previa aprobación de un patrocinador por parte del DHS.

De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), durante los cuatro años de la administración Biden se registraron 10,825,386 detenciones en la frontera con México y la mayoría de los detenidos fueron deportados de conformidad con el Título 42 de los Centros para el Control de las Enfermedades (entre 2021 y parte del 2023) y el Título 8 de la Ley de Inmigración (por razones de inadmisibilidad). Además, el CBP habla de detenciones y no de individuos detenidos, señalando que muchos deportados reincidieron en sus intentos por cruzar la frontera de manera indocumentada.

Prisioneros de la ‘tolerancia cero’

“Ni en Venezuela teníamos tanto miedo”, dice la Señora G, madre de un inmigrante venezolano privado de libertad en el Centro de Procesamiento Krome de ICE ubicado en Miami, sur de Florida. “A veces siento que allá (en Venezuela) estábamos más seguros que aquí (en Estados Unidos). En estos meses nadie quiere salir a la calle a trabajar porque tenemos miedo. Si nos arrestan nos tratan como delincuentes y separan a nuestras familias. No todos somos malos, muchos somos buenas personas. Sin embargo, nos están tratando como si todos fuéramos criminales”, agrega, con la voz quebrada. El miedo estuvo presente en toda la entrevista.

El hijo de la Señora G fue detenido por un agente de la Patrulla de Carreteras de Florida en un sector de Ocala, ubicado a 305 millas al norte de Miami. “Mi hijo me dijo que iba a 85 millas por hora” en una carretera donde el máximo permitido es 70 millas por hora. “Pero el ticket dice que iba a 100 millas por hora. Él tenía programada una cita en la Corte de Inmigración en 2028 por un caso de asilo, pero ahora está privado de libertad sin derecho a fianza. Su abogada dice que no hay esperanza de que le otorguen el beneficio”.

La cita del 2028 fue adelantada y se celebró el pasado 22 de septiembre. Se trató de una vista preliminar. De acuerdo con el debido proceso migratorio, durante la denominada audiencia preliminar al inmigrante “le leen los cargos, le designan el país dónde puede ser deportado y se define el recurso que le permite luchar por su derecho de permanencia”, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami. Y agrega que, durante este procedimiento, “se programa una segunda audiencia, y puede que venga una más si hay algún asunto legal por resolverse. De lo contrario, la segunda presentación se convierte en la audiencia final”.

Colaboración bajo el Acuerdo 287(g)

El exceso de velocidad en Florida se castiga con una multa (dependiendo de cuánto se excede el límite permitido) y puntos en la licencia, todo ello considerando el historial del manejo. Pero desde el 20 de enero el gobernador Ron DeSantis (republicano) ha promovido y facilitado que las agencias de policía del estado, incluyendo la policía de carreteras, colaboren con ICE en materia de inmigración.

Bajo este acuerdo, cuando detuvieron al hijo de la Señora G por manejar a exceso de velocidad y no tener un estatus migratorio permanente, sino una petición de asilo con audiencia programada para 2028. Y a pesar de tener vigente una autorización de empleo otorgada por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), la Patrulla de Carreteras lo entregó a ICE, agencia que lo detuvo y lo colocó en un proceso de deportación en espera de que un juez decida su futuro en el país.

La madre del detenido cuenta que la siguiente presentación en corte fue fijada “para el 15 de octubre”. Y añade que la abogada de su hijo “dice que no hay esperanza ni de asilo, ni de fianza, pero así y todo cobró $2,000 dólares por acompañarlo al tribunal el pasado día 22. Nos dijo que iba a tratar de hacer algo, pero que no nos daba garantías de nada. Ahora mi hijo está angustiado, él quiere firmar una orden de deportación y la abogada le dice que salga de eso porque no hay esperanza. Ya no sabemos qué hacer”.

El joven cruzó la frontera en 2023 tras huir de Venezuela en busca de refugio en Estados Unidos. Se entregó a las autoridades de la Patrulla Fronteriza (CBP) quienes, tras una entrevista inicial de miedo creíble, lo procesaron, remitieron su caso a la Corte de Inmigración (EOIR) y le programaron una cita para el 2028. Seis meses después calificó para un permiso de trabajo. Pero a mediados de mayo un panel de jueces de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) determinó que los inmigrantes detenidos fuera de la frontera pueden ser considerados admisibles. Durante años los detenidos en la frontera eran considerados admisibles. Pero el cambio actual amplía la deportación acelerada, los procedimientos y priva a las personas de la libertad bajo fianza, incluso si son detenidos fuera de la frontera en el interior de Estados Unidos.

Debido a esta sentencia, el hijo de la Señora G, al igual que otros miles de inmigrantes en proceso de asilo, se encuentran privados de libertad en centros de detención de ICE a lo largo y ancho del país mientras se cumplen los plazos estipulados por el debido proceso que, desde enero, se ha visto afectado por la publicación de nuevos reglamentos autorizados por la fiscal general Pam Bondi.

“Sin fianza están obligando (el gobierno) a que te mantengas en la cárcel hasta el día que tengas un juicio. Pero ese día de juicio tampoco llega (para quienes están libres en espera de estar junto a un juez), porque están desestimando los casos y te están arrestando en las puertas del tribunal”, dice Peñalver.

“Le están mintiendo al público”

Los cambios a reglamentos para cumplir la promesa de campaña de deportaciones masivas es una de las maneras que usa el gobierno para “ignorar por completo la legislación migratoria establecida, tanto en el fondo como en los procedimientos”, advierte Dana Leigh Marks, presidenta honoraria de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ). “La administración está traicionando el compromiso de Estados Unidos de brindar el debido proceso a todas las personas dentro de nuestras fronteras. Temo que el daño al debido proceso se extienda rápidamente y afecte también a todos los ciudadanos estadounidenses”, agrega.

Marks, de 71 años y jubilada en el 2024, precisa que la administración está “malinterpretando cínicamente la legislación establecida, ofreciendo justificaciones superficiales y claramente inapropiadas”. Y advierte que hay muchísimos ejemplos que evidencian los daños causados. Entre ellos cita, por ejemplo, que “si alguien no puede obtener asilo (como afirma la administración) por persecución por parte de pandillas, ¿cómo puede alegar que la invasión de Estados Unidos por pandillas permite la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros (de 1798) como afirma? Ambas posturas son incompatibles”, precisa.

También refiere que el gobierno “alardea de la independencia de decisión de los jueces de inmigración en el mismo memorando donde amenaza con despedirlos si interpretan la ley de forma diferente a la que afirma el gobierno de Trump”. Y se pregunta: “¿Cómo garantiza esto la independencia en las decisiones de los jueces? El despido de docenas de jueces de inmigración en todo Estados Unidos (más de 80 en lo que va de gobierno) viola claramente la mayoría de las disposiciones legales y la intención del Congreso de las leyes que protegen a un cuerpo apolítico de funcionarios públicos”.

Violaciones al reglamento federal

En cuanto a la manera en que la administración ha ido modificando las normas que regulan el sistema migratorio, Marks apunta que “muchos de los cambios extremadamente significativos que el gobierno está implementando, deberían concretarse mediante la publicación de una propuesta de regulación que permita la consulta pública y exija una explicación de por qué se ignoran las críticas (como o estipula la Ley de Procedimiento Administrativo -APA-)”.

“Las normas que rigen el TPS no se están cumpliendo, ni las sentencias que privan a los no ciudadanos de la oportunidad de obtener la libertad bajo fianza tienen una base legal sólida. Las reglas del juego se están modificando a mitad de camino. La artimaña de terminar el proceso de deportación completo diciéndole a un juez de inmigración que el caso ya no es prioritario, sólo para arrestar inmediatamente al demandado al salir de la sala y luego someterlo a un proceso de deportación acelerado con menos garantías procesales, es simplemente espantosa”, subraya la jueza Marks.

También señala que “haber decidido cumplir una promesa política de deportación masiva mientras se miente al público estadounidense sobre la alta tasa de delitos cometidos por no ciudadanos o la ocupación de empleos que los estadounidenses desean, es absolutamente horroroso. Los hechos son los hechos. La política es la política. Podemos discrepar en la política, pero nuestras diferencias no pueden justificar la negación de los hechos”.

“Ya nada nos sorprende”

Para Lilia Velásquez, abogada de inmigración durante más de 30 años y profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego, los daños causados por el cambio de reglas y las acciones que ejecuta el DHS para detener y deportar a inmigrantes están provocando “daños muy grandes”. Y argumenta que, “a estas alturas, ocho o nueve meses de instalados, ya nada nos sorprende. El presidente sigue con su campaña de venganza en contra de sus supuestos enemigos, lo hace de manera pública y es una vergüenza. Y a todo esto tenemos problemas muy grandes con la pérdida de jueces. En Utah solo quedan dos y están programando audiencias hasta 2030. No están midiendo las consecuencias y está empeorando la situación”.

A la pregunta respecto a cómo impacta la implementación de la política migratoria de tolerancia cero en el debido proceso, Velásquez dice que “lamentablemente es como si ya no existiera. Por ejemplo, que reinterpreten la ley después de tanto tiempo o que hayan emitido una decisión para que los extranjeros sin documentos no apliquen para la libertad bajo fianza, entonces los abogados nos preguntamos cómo los vamos a representar, cómo los vamos a asistir. Nos cuesta llegar a ellos para representarlos. Estamos a punto de reventar”.

La abogada y catedrática universitaria también advirtió que, la posible autorización de abogados militares para que temporalmente se desempeñen como jueces de inmigración (una oferta hecha por el secretario de Defensa Peter Hegseth) “creará otro problema. ¿Cómo se les ocurre poner gente sin preparación para ejercer una de las leyes más difíciles del país? Si lo hacen habrá más violaciones al debido proceso”.

En cuanto al cambio de reglamentos, Velásquez explicó que, si bien las leyes las hace el Congreso y el Congreso es el único que tiene la autoridad para cambiarlas, “los procesos, las maneras en que se aplica la ley, esa autoridad la tiene el procurador general de justicia. Y de ahí también emanan todos los jueces de inmigración”. Y apuntó que “ciertos procesos no requieren de la aprobación del Congreso, pero de ahí viene la preocupación. Si se cambian reglamentos de tal manera que a propósito se sabe que alterará la ley aprobada por el congreso, si esa modificación se hace de manera abierta, intencionalmente utilizando ese poder, eso es ilegal”.

Golpe al debido proceso

Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) en Washington DC, afirma que el sistema migratorio estadounidense es “excluyente” y no ha sido diseñado por el gobierno de Trump, sino que data de 1965, cuando el Congreso aprobó la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), durante el gobierno de Lyndon B. Johnson (demócrata). Y luego modificada en 1996 durante el gobierno de Bill Clinton.

Tampoco fue elaborado por el Proyecto 2025, el plan diseñado por la conservadora Fundación Heritage, donde planea la transformación general del gobierno federal estadounidense. “Creo que todo el sistema migratorio está diseñado para excluir a los inmigrantes, con y sin documentos, y hacerlo tan difícil que ellos mismos decidan irse”, dice Núñez.

“Pero es un sistema que no solo funciona así bajo este gobierno, sino que afecta, impacta a todos los extranjeros. Ahora se ha visto con mayor dureza. Es tan difícil el sistema migratorio estadounidense que está diseñado para, uno, sacar a la gente con y sin documentos; y, dos, disminuya el deseo de inmigrantes de venir a los Estados Unidos”, añade.

El activista dice además que “no tienen que crear un sistema de exclusión perfecto, sino destruir, golpear el debido proceso al máximo para que se vuelva más excluyente”, asegura. Y entre los golpes propinados en lo que va del gobierno de Trump, Núñez menciona la eliminación del derecho a fianza, el aumento de castigos por faltas cometidas, el cambio de reglamentos de larga data, deportaciones a terceros países, multas y la política de deportaciones masivas lanzada por Trump.

Todos son criminales

Contrario a las conclusiones reportadas en informes publicados por el TRAC, el Centro Brennan por la Justicia y el Instituto CATO, quienes coinciden en que más del 70% de los inmigrantes arrestados y en poder de las autoridades federales de inmigración carecen de antecedentes criminales, y más del 90% no tienen antecedentes criminales graves, para el gobierno la realidad es otra.

Durante una reciente entrevista exclusiva de VIX para el programa especial ‘Inmigración: Las nuevas Reglas’ transmitido el pasado 9 de septiembre, Tricia McLaughlin,
subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), “el 70% de los inmigrantes ilegales arrestados bajo esta administración tienen antecedentes o cargos penales pendientes. Y eso sin mencionar a las personas que no tienen antecedentes penales en Estados Unidos, pero sí en su país de origen. Podrían ser terroristas conocidos o sospechosos; los pandilleros tienen notificaciones de INTERPOL o están buscados en otro país”.

McLaughlin dijo además que “no existe discriminación o animosidad racial” en los operativos de arresto de inmigrantes por parte de los agentes del DHS. También aseguró que “nos enfocamos en individuos específicos según su delincuencia” y reconoció que en las redadas u operativos “hay consecuencias colaterales. Si andas con un pandillero, si andas con un delincuente, probablemente también te atacarán (arrestarán)”.

La subsecretaria precisó además que los contribuyentes están ofreciendo “una oferta muy generosa” a los indocumentados, consistente en una bonificación de salida de $1,000, un vuelo gratis a casa y, además, “conserva la posibilidad de regresar de forma legal. Pero si no lo hace, lo arrestaremos, lo deportaremos y perderá esa oportunidad de regresar a Estados Unidos de forma legal”.

La oferta, sin embargo, es dudosa porque no advierte a los extranjeros que deciden irse bajo el programa CBP Home que, una vez pongan un pie fuera del país, les cae encima la denominada Ley del Castigo que sanciona con tres o 10 años fuera la acumulación de tiempo ilegal de permanencia. Y tampoco advierte que, en caso de solicitar luego una visa para entrar a Estados Unidos, la permanencia indocumentada lo excluye del beneficio.

McLaughlin aseveró, sin aportar evidencias, que “el 70% de los arrestados tienen condenas o cargos penales pendientes, o son miembros de pandillas, terroristas conocidos o presuntos”. Y finalizó diciendo que “a los medios les encanta manipular esto, pero yo me centraría en los hechos, al igual que el presidente Trump y la secretaria (Kristi) Noem”.

Guerra en los tribunales

Hasta ahora decenas de jueces federales han emitido fallos revirtiendo innumerables partes de la política migratoria de Trump, modificadas y sustentadas por reglamentos autorizados por el Departamento de Justicia. Entre ellas se cuenta, entre otros, el freno temporal a la eliminación de la ciudadanía por nacimiento, la suspensión de las cancelaciones de programas de Estatus de Protección Temporal (TPS), deportaciones aceleradas o expeditas y envíos a ciertos inmigrantes a terceros países sin antes otorgarles un tiempo razonable para impugnar sus deportaciones.

Pero al tiempo que los tribunales de justicia van dictando sentencias en el marco del debido proceso, el gobierno sigue cambiando las reglas del juego para hacer cada vez más difícil la vida de los inmigrantes indocumentados que, además, cuentan con débiles intentos de defensa efectiva por parte de la oposición demócrata.

“El Congreso ha abandonado sus funciones”, dice Marks. “Durante décadas, nuestras leyes de inmigración han necesitado modernizarse para satisfacer las demandas actuales. No debería tomar décadas para que un empleador patrocine a un trabajador necesario. Tampoco se debería exigir a los padres de ciudadanos estadounidenses que abandonen el país durante diez años para obtener la residencia permanente con base en la petición de su hijo o hija, simplemente porque ingresaron sin visa años antes. Estas disposiciones se han vuelto completamente irreales y fomentan el incumplimiento de la ley. La acumulación de casi 4 millones de casos en los tribunales de inmigración de todo el país era completamente previsible, ya que el Congreso asignó repetidamente millones de dólares a la aplicación de las leyes de inmigración sin aumentar proporcionalmente la financiación de los tribunales”, explicó.

Tras una pausa, Marks sentenció: “La situación actual también ha demostrado dramáticamente que recurrir a nuestro sistema judicial federal para resolver estos problemas, es imposible. Debido al costo de los litigios y al tiempo que lleva obtener decisiones, la administración Trump no ha tenido ningún incentivo para cumplir con la ley. En cambio, esperan evitar las consecuencias legales, ya que una vez fuera de Estados Unidos, las personas perjudicadas (por las deportaciones) no pueden ser indemnizadas. La administración está demostrando el dicho de que la justicia demorada es justicia denegada”, sostuvo.

A la pregunta si hay opciones para detener el plan de deportaciones masivas de Trump, la presidenta honoraria de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración dijo que “el público estadounidense debe alzar la voz y hacerse escuchar”. Y que el Congreso “debe cumplir con su tarea, aprobar leyes de inmigración justas y modernas que satisfagan las necesidades actuales de nuestras familias y empleadores”, así como “honrar el compromiso con el asilo y el debido proceso, que es lo que ha hecho a Estados Unidos excepcional hasta ahora”, concluyó.

La advertencia de Sotomayor

El pasado 23 de junio la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que permite al gobierno de Trump deportar a ciertos inmigrantes a terceros países con los que no tienen vínculos previos. La orden no fue firmada ni tampoco razonada. Pero en la opinión disidente escrita por la jueza Sonia Sotomayor, denunció que el máximo tribunal de justicia estaba "premiando la anarquía" al permitir que la administración Trump violara el derecho al debido proceso de los inmigrantes.

El hecho de que "miles de personas sufran violencia en lugares remotos" importa menos a la mayoría conservadora que la "remota posibilidad" de que el juez que dicta una deportación se haya excedido en su autoridad, afirmó la magistrada.

La Señora G está consciente de los peligros que acechan a su hijo y se pregunta si no sería mejor “fiormar la salida”, pero todavía queda un poco de esperanza y piensa “en luchar hasta lo último (que permita el debido proceso)”. Pero una voz en el interior le advierte que la espera se puede convertir en pesadilla si el gobierno decide deportarlo a un tercer país que no sea su Venezuela natal.

“Tengo la incertidumbre de que no vaya a ver más a mi hijo en Estados Unidos y que tenga que irse”, dice con el llanto a flor de piel. “Confío en Dios que pueda hacer algo. Mire por todo lo que estamos pasando por una infracción de tránsito. Por eso le digo, ya nadie quiere salir a la calle. Esto es una verdadera separación de familias”, concluyó.