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Elecciones en EEUU 2020

Exconvictos de Florida podrán votar sin tener que pagar sus deudas

A cotinuación te desglozamos los puntos más importantes de la decisión del juez federal de distrito, Robert Hinkle.
25 May 2020 – 07:07 PM EDT
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El juez federal de distrito, Robert Hinkle, falló este domingo sobre un sonado caso que abre el paso para que miles exconvictos puedan participar en las próximas elecciones, en Florida.

Sin embargo, la decisión causó gran revuelo y acaparó los titulares a nivel nacional. Y es que legisladores republicanos de Florida habían aprobado una ley que exige que los exconvictos que hayan cumplido su condena paguen "obligaciones financieras legales" ordenadas por la corte -honorarios, multas, costos y restitución- para poder votar.

Ahora, se espera que el gobernador Ron DeSantis apele el caso ante el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de los Estados Unidos en Atlanta, pero no ha hecho expresiones sobre el mismo.

El fallo de Hinkle que se da a solo seis meses de las elecciones presidenciales, no solo rechazó la idea de que Florida puede evitar que los exconvictos de bajos recursos puedan votar, también dictaminó que tres grandes grupos de exconvictos ahora son elegibles para participar en las elecciones.

Estas son las claves de la decisión de Hinkle:

1. Grandes grupos de exconvictos ahora podrán ser elegibles para votar.

Hinkle no solo rechazó la idea de que no se puede impedir que los exconvictos voten si no pueden pagar las obligaciones financieras ordenadas por el tribunal. También restauró el derecho a votar directamente a tres grandes grupos de exconvictos.

Aquellos que fueron nombrados defensores públicos para su propio caso, ya que generalmente se obtiene un defensor público después de demostrar que no puede pagar uno por su cuenta.

Aquellos que tenían sus obligaciones financieras convertidas en embargos civiles.

Los que solo debían honorarios judiciales, que Hinkle dictaminó eran un "impuesto en cualquier otro nombre".

2. Podría afectar la forma en que otros estados manejen el voto de exconvictos.

Muchos estados requieren que los exconvictos paguen todas las tasas judiciales, multas y restitución a las víctimas antes de votar.

Lo que hace que el caso de Florida sea único es que cuando el estado, a través de la Enmienda 4 y los legisladores que restringieron la medida de votación, decidieron restablecer el derecho de voto a los exconvictos, lo hicieron de manera desigual.

Eso significó que crearon un proceso que automáticamente impidió que algunos exconvictos que no podían pagar esos costos no pudieran participar en las elecciones.

Otros estados han estado siguiendo de cerca la demanda de Florida. En marzo, 10 de esos estados, incluidos Texas, Georgia y Alabama, escribieron un informe a la corte al 11 ° Circuito apoyando los argumentos del gobierno estatal de Florida.

Los abogados de esos estados escribieron que si DeSantis pierde su caso, podría hacer que los estados dejen de permitir que los exconvictos voten por completo. Señalaron que los tribunales federales han dictaminado que los estados "no están obligados a permitir que ningún delincuente condenado vote nunca".

Y si los tribunales determinan que los estados tienen que crear procesos para evaluar si los exconvictos son demasiado pobres para pagar sus obligaciones ordenadas por el tribunal, los estados podrían simplemente retroceder y eliminar todos los caminos para que los exconvictos restablezcan su derecho al voto, escribieron.

3. Hinkle no encontró que la acción de la Legislatura discriminara por motivos de raza.

Los abogados que representan a una docena de exconvictos que demandan al estado argumentaron que el proyecto de ley 7066 del Senado, que DeSantis firmó exigiendo que los delincuentes paguen los costos ordenados por la corte antes de votar, tenía motivaciones raciales.

Citaron el análisis del profesor Dan Smith de la Universidad de Florida que mostró que los exconvictos afroestadounidenses tenían una tasa más alta de obligaciones legales pendientes que los de raza blanca.

4. Hinkle criticó a los funcionarios de Florida, incluido el principal jefe de elecciones del estado.

Hinkle tuvo palabras duras, en términos legales, para los legisladores y funcionarios de Florida.

Señaló que el patrocinador de la Cámara del Proyecto de Ley 7066 del Senado, el representante Jamie Grant, republicano de Tampa, "enfáticamente dijo durante el debate legislativo que el proyecto de ley era simplemente una implementación fiel de la Enmienda 4, en efecto, nada que ver aquí".

"Esto no es cierto", sostuvo Hinkle.

Dijo que el nuevo formulario de registro de votantes adoptado por los legisladores era "objetable en varios niveles" y no sirvió para nada "aparte de quizás disuadir a los delincuentes de registrarse".

Hinkly fue muy crítico con los funcionarios de las elecciones estatales, y escribió que todavía no han creado un proceso para evaluar cuánto en los costos ordenados por el tribunal debe un exconvicto. Y lo poco que han hecho no tiene sentido.

“En 18 meses desde que se adoptó la Enmienda 4, el Estado no ha hecho casi nada para abordar el problema, nada, es decir, excepto descartar el método más lógico para determinar si se ha pagado la cantidad requerida y sustituir un método extraño que no es posible el votante anticiparía y eso no resuelve el problema", apuntó.

En fotos: exconvictos de Florida que buscan que se les restablezca su derecho al voto

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