LOS ÁNGELES, California.- Un nuevo proyecto de ley en California quiere llevar el concepto de ciudades santuario a los hogares para tratar de impedir que los propietarios de viviendas de alquiler usen el estatus migratorio para presionar a los inquilinos.
'Hogares santuario': California quiere impedir chantajes a inquilinos por su estatus migratorio
Un nuevo proyecto de ley busca llevar el concepto de ciudades santuario a la relación entre residentes indocumentados y los dueños de las viviendas de alquiler.


La medida AB 291, también conocida como conocida como ‘Ley de Protección al Inquilino Inmigrante’, fue introducida el viernes en la Asamblea estatal para el inicio de su tramitación legislativa y ha sido mal recibida por la comunidad de arrendadores que consideran que ya existe suficiente regulación y creen que la medida vulnera el derecho del dueño de la vivienda.
La propuesta fue desarrollada por los asambleístas demócratas David Chiu, Rob Bonta y Lorena González, y en su elaboración colaboraron otros seis legisladores californianos.
AB 291, que en Twitter fue promovida con el hashtag #SanctuaryAtHome, establece sanciones a los propietarios con viviendas en alquiler que hagan público cualquier dato relativo al estatus migratorio de los inquilinos, así como a los que usen esa información para coaccionar a los residentes.
Según los ponentes, se han reportado numerosos casos en los que los dueños de casas amenazan con alertar a las autoridades migratorias sobre la situación legal de sus inquilinos cuando quieren que desalojen su vivienda, por ejemplo.
“Los inquilinos no deberían tener que vivir con miedo simplemente porque sean inmigrantes o refugiados. Trump ha declarado la guerra a los inmigrantes y está claro de separar familias a través de deportaciones masivas podría ser nuestra nueva realidad”, dijo Chiu, para quien la nueva ley “disuadirá a una minoría de propietarios sin escrúpulos que se aprovechan del estatus migratorio de sus inquilinos para cometer actos ilegales y abusivos”.
Desde el Western Center on Law & Poverty, la activista Jith Meganathan, record que los dueños de viviendas en alquiler saben mucho de sus inquilinos y lo ocurrido en las últimas dos semanas (de gobierno de Trump) hace que estas protecciones sean más necesarias.
Los impulsores de la ley recuerdan que los propietarios conocen los números de seguro social de quienes viven en su casa, el número de residentes, el idioma que hablan, su trabajo y cuándo están en la vivienda. Chiu y sus compañeros creen que al implementar esta ley están bloqueando una posible vía para que el presidente Trump podría seguir para deportar a los indocumentados.
Responden los propietarios
“Estamos en contra de las ciudades santuario”, dijo a Univision Noticias el presidente de la Asociación de Dueños de Apartamentos de California, AOA, Daniel C. Faller. AOA fue fundada en 1982 para informar y proteger los derechos de los propietarios de viviendas en este estado, según su página web, donde se describe como una de las mayores organizaciones de propietarios de casas en Estados Unidos.
“Yo no culpo a un dueño de una propiedad de usar todos los recursos legítimos que tenga a su disposición para echar al inquilino de la casa”, comentó Faller, quien está en contra de cualquier nueva regulación que obligue al arrendador a adoptar medidas, ya sean impulsadas por el estado o por el gobierno federal.
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“Si Trump pasara una ley que obliga al propietario a denunciar al inquilino por su estatus, también estaríamos en contra”, explicó Faller, quien aclaró que, según su punto de vida, los arrendadores no deberían actuar tampoco para proteger a “gente que está ilegalmente” en EEUU.
“Hay inmigrantes que están de forma ilegal (en el país) y eso tiene que ser reconocido”, añadió el presidente de AOA, quien considera que regulaciones al precio de los alquileres como el rent control son “inconstitucionales”.
Faller considera que puede haber propietarios que hayan amenazado con usar la información que tienen sobre el estatus migratorio de los inquilinos para obligarles a dejar una vivienda de renta controlada para sacarla al mercado y poder subir el precio, aunque el inquilino no haya infringido ninguna norma. Consideró que los dueños tienen derecho a buscar el mejor rendimiento para sus bienes.
La página web del asambleísta Chiu recoge una serie de supuestos abusos a inmigrantes por parte de propietarios de viviendas de alquiler. En ellos se citan varios casos en los que los arrendadores amenazan con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como argumento para presionar a los inquilinos para que se vayan. En esa lista figura otro incidente en el que el dueño de al propiedad habría tratado de chantajear a una mujer a la que alquilaba una vivienda para que tuviera sexo con él a cambio de no delatar al marido, que era indocumentado.
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