null: nullpx
Abuso Infantil

¿Deben ir a juicio los trabajadores sociales por no actuar en el caso 'Gabrielito', el niño de 8 años que murió torturado?

Tras meses de testimonios, una corte de Los Ángeles debe determinar en una semana si hay suficientes evidencias que justifiquen un juicio contra cuatro trabajadores sociales que supervisaron el bienestar del menor.
14 Mar 2017 – 8:54 PM EDT

LOS ÁNGELES, California.- El próximo 20 de marzo un tribunal de Los Ángeles determinará el futuro de cuatro trabajadores sociales acusados de negligencia criminal por la muerte de Gabriel Fernández, un niño de 8 años que murió torturado en 2013 y cuya situación de abusos había sido reportada a las autoridades.

El caso está bajo revisión de la jueza Mary Lou Villar de Longoria, quien durante los últimos meses ha presidido varias sesiones preliminares en las que diferentes testigos dieron su versión de los hechos, será la encargada de decidir si existen suficientes evidencias que justifiquen un proceso judicial contra los ya exempleados del Departamento de Protección Infantil y Servicios Familiares (DCFS) del condado de Los Ángeles.

Si hubiera un juicio, su desenlace podría sentar un precedente judicial, según explicaron los expertos a Univision Noticias.

El fallo de la magistrada se dará a conocer el lunes 20 de marzo en una audiencia programada para las 10 de la mañana en el Centro de Justicia Criminal Clara Shortridge Foltz.


El niño de 8 años Gabriel Fernández murió el 23 de mayo de 2013 como consecuencia del maltrato físico que padecía en su hogar. La autopsia reveló fractura de cráneo, varias costillas quebradas y quemaduras en casi todo su cuerpo. La madre del menor, Pearl Fernández, y el novio de ella, Isauro Aguirre, enfrentan la pena de muerte por homicidio.

El año pasado la Fiscalía de Distrito del condado de Los Ángeles decidió también presentar cargos criminales en contra de las trabajadoras sociales Stefanie Rodríguez y Patricia Clement, y de sus supervisores Kevin Bom y Gregory Merrit, los cuatro despedidos del DCFS tras una investigación interna que determinó que falsificaron reportes para supuestamente tratar de encubrir su responsibilidad.

La acusación criminal en contra de estas cuatro personas es por negligencia en la muerte del pequeño y es la primera que se hace en Los Ángeles en contra de trabajadores sociales por su desempeño laboral.

Abogados consultados indicaron que un juicio de este tipo establecería un precedente legal sobre la labor de los trabajadores sociales y el poder que radica en ellos para quitar la custodia de los hijos a los padres.

Las consecuencias del poder

Para el abogado Luis Carrillo, experto en casos criminales, el 90% de este tipo de acusaciones por homicidio involuntario o imprudente suele ir a juicio, ya que los jueces sólo requieren de una causa probable que indique que incurrieron en el delito.

"Aunque sea la primera vez que se acusa a trabajadores sociales por el desempeño de su trabajo", dijo Carrillo, "este tipo de acusaciones por homicidio negligente son muy comunes y no se tiene que pensar mucho para mandarlos a juicio".

El abogado consideró que si las pruebas presentadas durante las audiencias preliminares indican que ignoraron denuncias y no tomaron en cuenta la seguridad del niño, no hay mucho que pensar para continuar con el proceso judicial.

"Cualquier prueba que indique que estos trabajadores la regaron (cometieron un error), entonces merecen ir a juicio, porque así como ellos requieren de una mínima prueba para quitar los niños a los padres y tienen ese inmenso poder, deben enfrentar las mismas consecuencias si es que ignoraron las más mínimas quejas de abuso", afirmó.

Desde el pasado 21 de diciembre la juez Villar –quien es hermana del exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa– ha escuchado testimonios y analizado evidencia durante 25 audiencias preliminares.

En las más recientes de las sesiones en la corte, la maestra del niño Gabriel reafirmó los reportes que hizo ante el DCFS sobre las condiciones de abuso que padecía el menor en el hogar, donde aparentemente era expuesto a un ambiente de drogas.

También oficiales del Sheriff de Los Ángeles testificaron sobre las visitas que hicieron a la casa del menor, en Palmdale, un mes antes de que lo mataran, aunque para ellos no había huellas de abuso.

La muerte de este menor ha llevado al Departamento del Sheriff a modificar la forma en que sus agentes registran y atienden los reportes de abuso infantil, ya que se evidenció la poca atención por parte de oficiales que en varias ocasiones visitaron la casa de la víctima. El Sheriff ha ordenado que este tipo de reportes se atiendan con mayor suspicacia.

El caso de la muerte Gabriel Fernández contado en imágenes

Loading
Cargando galería
RELACIONADOS:Abuso InfantilJuicios MuertesNiñosLocal

Más contenido de tu interés