Miembros del sindicato Trabajadores del Servicio Público del Sur de California (SEIU) 721 se manifestaron este martes en contra de la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles a la que acusaron de “criminalizar“ a los trabajadores sociales por la muerte de Gabriel Fernández y advirtieron que, ante la falta de empleados y la carga laboral que tienen, podría repetirse un caso similar.
Trabajadores sociales creen que lo ocurrido a Gabrielito podría repetirse
Representantes sindicales se manifestaron en defensa del colectivo de trabajadores sociales después de que la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles acusara de negligencia criminal a cuatro de ellos por la muerte del niño Gabriel Hernández, un polémico caso que creen que podría repetirse si continúa la precariedad que denuncian sufren los funcionarios.


El pasado jueves, la Fiscalía presentó cargos por negligencia criminal contra cuatro trabajadores sociales, a los que considera corresponsables del fallecimiento del menor, que murió en 2013 tras sufrir repetidos malos tratos.
La protesta sindical tuvo lugar frente a las oficinas de la fiscalía y los manifestantes se quejaron de que las acusaciones dañan al colectivo y arroja una sombra de duda sobre la dedicación de los empleados públicos hacia las familias y los niños. Los representantes de los trabajadores señalaron a las deficiencias del sistema como el problema de fondo.
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Marisa Ruiz, una trabajadora social del condado de Los Ángeles, recordó que han puesto demandas para tener más trabajadores debido al excesiva carga laboral incluso antes de que muriera Hernández, pero sus peticiones no han tenido respuestas favorables.
“Si ellos no hacen caso puede pasar otro caso como el de Gabrielito. (Estamos) pidiendo justicia y no solo para nuestros trabajadores, si no también para cambiar el sistema“, advirtió Ruiz.
Los trabajadores sociales refirieron que la oficina en Palmdale, de donde eran los cuatro empleados implicados en el caso, es una de las plazas más difíciles y de las que reciben más carga de trabajo.
El caso de Gabriel Hernández
En mayo de 2013, Gabriel Fernández murió a consecuencia de las múltiplies heridas que sufría, entre ellas la fractura del cráneo, tres costillas rotas y quemaduras que presuntamente fueron causadas por la madre y el novio de esta.
La pareja, Pearl Fernández, de 32 años, y su exnovio, Isauro Aguirre, de 35, se encuentran actualmente en prisión a la espera de juicio acusados de asesinato y tortura por el fallecimiento del menor.
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La fiscalía imputó cargos de abuso infantil y falsificación de documentos a dos trabajadoras sociales y sus dos supervisores por la muerte del niño de 8 años debido a que no se documentaron debidamente las condiciones de vida que padeció Hernández.
En un comunicado, la fiscal del distrito de Los Ángeles, Jackie Lacey, indicó que los trabajadores sociales "minimizaron la importancia de las heridas físicas, mentales y emocionales que sufrió Gabriel" y aseguró que los funcionarios "permitieron que un chico vulnerable permaneciera en casa y continuara siendo abusado".
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