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Inmigración

"Allá tendríamos una mejor vida": sin el TPS esta salvadoreña ahora ve hacia Canadá

Antes de volverse indocumentada, la salvadoreña Verónica Lagunas preferiría mudarse al país vecino del norte, que se ha convertido en un destino para quienes temen a las políticas migratorias del presidente Trump. Con la cancelación del Estatus de Protección Temporal para El Salvador, unos 30,000 salvadoreños en Los Ángeles tienen ese mismo dilema.
8 Ene 2018 – 12:13 PM EST

LOS ÁNGELES, California.- Hay un plan de emergencia en el hogar de la salvadoreña Verónica Lagunas, amparada desde hace 17 años por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que le concede permiso de trabajo y estadía en este país. Antes de abrir la puerta verifican que no se trate de una redada de ICE y consideran cambiar de domicilio para quedar fuera del radar de las deportaciones ahora que este amparo migratorio fue cancelado por el gobierno.

Sin el TPS, Lagunas y casi 200,000 salvadoreños, de los cuales unos 30,000 o el 16% del total viven en el área metropolitana de Los Ángeles, en California, se volverán indocumentados

Lagunas, quien se gana la vida limpiando oficinas, dice que no planea quedarse de brazos cruzados. "El primer paso es cambiar de vivienda, porque tienen nuestros datos, huellas y direcciones", dice esta mujer de 39 años y madre de dos niños estadounidenses, de 13 y 8 años.

Su familia considera estas opciones: buscar otra ciudad en California, irse a un estado con políticas que protejan a los migrantes o mudarse a Canadá, que se ha convertido en el nuevo destino para quienes huyen de las políticas migratorias del gobierno de Trump. Lagunas dice que viajar al norte parece lo más viable.

"Allá son más bienvenidos los inmigrantes que aquí y para mis hijos no sería tan diferente la vida en Canadá, que es casi igual que en este país", menciona quien está casada con un indocumentado nacido en México. Él también cree que las cosas estarían mejor si cruzan la frontera norte.

Lagunas ha pensado vivir en Canadá desde que vio un reportaje en el que se sugirió que allá aceptarían a los dreamers tras la eliminación del programa DACA. "Yo dije: si hay una oportunidad para ellos, también para nosotros. Tal vez allá tendríamos una mejor vida", dice.

Esta mujer jamás ha vivido en las sombras y por lo tanto no está dispuesta a hacerlo. Ella emigró a California en enero 2001 usando una visa de turista. Vino con sus padres luego del terremoto que golpeó al 'Pulgarcito de América'. Un mes después, otro sismo asoló al país. Cuando el entonces presidente George W. Bush otorgó el TPS a los salvadoreños, ella seguía en este país y decidió acogerse al alivio migratorio.

Durante 17 años, dice ella, no ha dejado de aportar a la economía de EEUU, trabajando en un restaurante y limpiando oficinas.

Al perder el TPS, ella se queda sin empleo, seguro médico, ni ingresos. Dice que experimentará un miedo hasta ahora desconocido. "Tantas cosas que dejaré de hacer para dedicarme a trabajar y a cuidarme que no me encuentre Migración (ICE). Va a ser un trauma sentir que me están siguiendo, que me están vigilando, que pueden llegar en la noche", expresó.

El gobierno dará hasta septiembre de 2019 como plazo a los salvadoreños con TPS para abandonar el país o buscar una salida legal a su situación. "Este paso cruel y despiadado significa que estas familias estadounidenses tendrán que regresar a un país del que huyeron desde hace más de 20 años y probablemente enfrentar violencia, pobreza e incluso la muerte", señaló este lunes en un comunicado la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA).

Regresar a El Salvador no está en sus planes. Sus principales preocupaciones son la pobreza, la falta de empleo y la violencia que han desatado las pandillas. "Vendríamos a ser un blanco de los delincuentes, porque pensarán que llevamos dinero", teme Lagunas. "Y mi hijo tiene 13 años, la edad perfecta para que las maras empiecen a buscarlo".

"Es una ironía que para un hombre que basó su candidatura y ahora presidencia en acabar con los inmigrantes indocumentados y promocionar la seguridad nacional, ahora probablemente pasará a los libros de historia como el presidente estadounidense que forzó a tantos inmigrantes legales, incluyendo beneficiarios de DACA y TPS así como asilados y refugiados, a una vida en las sombras o separados de sus seres queridos obligados a volver a un país que no es su casa ya", advirtió Angélica Salas, presidenta ejecutiva de CHIRLA.

La lucha de los 'tepeseros'

Desde que el gobierno de Trump les dijo a los inscritos al TPS que consideraran regresar a sus lugares de origen, esta centroamericana comenzó a abogar por sus paisanos. En octubre y diciembre de 2017 viajó a Washington DC y este 3 de febrero regresará, pero ahora que el fin del amparo migratorio se confirmó irá acompañada de sus dos hijos.

"El mensaje es que vean a nuestros hijos, a esta familia, que no queremos que nos separen y que entiendan cómo nos van a afectar y también a la economía del país", explicó. "¿Qué más quieren para darnos la residencia? Si nos hemos portado bien".

Ella dice que no tiene miedo de dar la cara por los llamados 'tepeseros'. "Yo les digo que aún tenemos papeles y la oportunidad de salir, la lucha es ahora", expresó.

Un reporte del Immigrant Legal Resource Center (ILRC) publicado en abril de 2017 para resaltar las aportaciones económicas de los beneficiarios del TPS indica que las zonas metropolitanas de EEUU con mayor cantidad de salvadoreños acogidos a dicho alivio migratorio son:


  • Washington-Arlington-Alexandria (DC, Virginia, Maryland y West Virginia), donde viven 32,359 beneficiarios;
  • Los Ángeles-Long Beach-Anaheim (California), hogar de 30,415 ‘tepeseros’;
  • Nueva York-Newark-Jersey City (Nueva York, New Jersey y Pennsylvania), con 23,168 personas;
  • Houston-The Woodlands-Sugar Land (Texas), con 16,991 beneficiarios; y
  • Dallas-Fort Worth-Arlington (Texas), con 7,749 salvadoreños con TPS.

El análisis del NILC concluye que eliminar el TPS para El Salvador, Honduras y Haití resultaría en una reducción de casi 7,000 millones de dólares en contribuciones al Seguro Social y al programa de salud Medicare a lo largo de una década. Además, conduciría a una disminución de 45,000 millones de dólares en el Producto Interno Bruto (PIB). En tanto, deportarlos le costaría al gobierno federal unos $3,100 millones y afectaría directamente a sus empleadores: su ausencia equivale a 967,000 dólares.

La Cancillería de El Salvador ha recomendado a sus connacionales que cumplen con los requisitos para legalizarse, ya sea a través de sus hijos o esposos, que empiecen el trámite.

Aunque Lagunas ya verificó que no tiene ninguna opción para obtener la residencia permanente, no ha dejado de buscar un mejor futuro. Hace unos días fue a un colegio comunitario de Los Ángeles para aprender inglés y obtener un diploma de la preparatoria.

Antes de ingresar al campus, ella le envió este mensaje al presidente Trump: "¿Por qué se ensaña con nosotros? ¿Qué pasaría si lo separan de sus hijos? Póngase en mi lugar".

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