Un tribunal federal de Houston estudiará el próximo 22 de diciembre la demanda que puso el fiscal de Texas, Ken Paxton, para invalidar DACA, el programa que protege de la deportación a inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, una decisión judicial puede crear nuevas dificultades al gobierno del presidente electo Joe Biden.
DACA enfrenta su nuevo reto legal en un tribunal de Texas la próxima semana
Un juez federal de Houston decidirá el 22 de diciembre si respalda la demanda que el fiscal de Texas, Ken Paxton, presentó en mayo de 2018 y que busca que DACA sea declarado ilegal.
Video Una abogada analiza la decisión de un juez federal a favor de DACA y lo que se espera
Paxton saltó a la arena política nacional después de que la semana pasada presentara una demanda ante la Corte Suprema que buscaba invalidar 10.4 millones de votos en cuatro estados (Georgia, Michigan, Wisconsin y Pennsylvania), rechazada no solo por falta de sustento sino porque además no es su competencia, de acuerdo con el fallo del mayor tribunal de Estados Unidos. Paxton, además, actualmente es investigado por el FBI por acusaciones de abuso de poder y corrupción para favorecer a uno de sus donantes de campaña.
Pero la demanda que Paxton presentó contra el Deferred Action Childhood Arrivals ( DACA) es el mayor reto que hasta ahora enfrenta el programa que protege a cerca de 650,000 jóvenes, también llamados dreamers. Texas es el segundo estado, después de California, con la mayor cifra de solicitudes aprobadas y renovadas.
El fiscal de Texas presentó una demanda el 1 de mayo de 2018 en el que pide que el programa sea declarado ilegal pues, argumenta, el presidente Barack Obama rebasó sus competencias al crearlo en 2012.
El juez a cargo de la audiencia en Houston, Andrew Hanen, tiene un pasado de decisiones en contra de los derechos de los inmigrantes, señala la organización America’s Voice, que defiende a los indocumentados en Estados Unidos y califica a Hanen como “una de las mayores amenazas para DACA”.
¿Qué consecuencias tiene un fallo en contra?
La audiencia prevista para el 22 de diciembre se produce después de victorias legales para los dreamers. Donald Trump se propuso desaparecer el programa al inicio de la presidencia y desde entonces los dreamers han enfrentado recursos legales para evitar que se les retire su protección y, por tanto, sean deportados.
La Corte Suprema decidió en junio mantener vivo el programa tras una larga batalla judicial. Y, bajo la sentencia del juez federal Nicholas Garaufis (de Brooklyn), el gobierno de Trump restauró las disposiciones originales del plan de Obama, la aceptación de nuevas solicitudes, la renovación plena de los permisos de trabajo de dos años y la protección general de la deportación.
A diferencia de otros casos, la demanda que encabeza Texas y otros ocho estados va en contra de la legalidad del programa. El objetivo, según explicó la abogada Nina Perales a Associated Press, es “un fallo que busca atar las manos a futuros gobiernos”.
¿Qué pasa si los dreamers pierden la demanda en Texas?
Perales es miembro del Fondo de Defensa Legal y para Educación México - Estados Unidos ( MALDEF, en inglés), que representa a un grupo de dreamers ante el tribunal de Houston.
MALDEF sostiene que la demanda de Paxton rebasa las competencias de la Fiscalía que encabeza, el mismo argumento al que recurrió la Corte Suprema la semana pasada para desechar su petición para invalidar 10.4 millones de votos por correo en cuatro estados.
En caso de que el juez Hanen respalde a Paxton y declare ilegal el programa, MALDEF prepara un recurso de apelación que seguiría un camino similar al que culminó en junio en la Corte Suprema a favor de los dreamers. Otra opción es que el presidente electo Joe Biden elabore un programa similar a DACA para proteger a los inscritos de la deportación. La Constitución de Estados Unidos indica que Biden asume funcione el 20 de enero.
El presidente electo se ha comprometido a defender a los dreamers e incluso ha prometido una serie de medidas relacionadas con la inmigración para frenar las políticas del gobierno de Trump, entre ellas una moratoria que detendría las deportaciones durante los primeros 100 días de su gobierno salvo en casos en que la persona cometa un delito.
La elección de Alexander Mayorkas, un inmigrante hispano que trabajó previamente en el gobierno de Barack Obama y que ayudó a elaborar DACA, como director del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también ha dado esperanza a las organizaciones, comentó Greisa Martínez Rosas, directora de United We Dream, al Dallas Morning News.
“Sentimos que tenemos mucho que exigir a esta presidencia, puesto que millones de personas y millones de jóvenes latinos salieron a votar”, afirmó. “Lo que no es aceptable es una respuesta atrasada para un dolor que muchos han llevado por 20 años y que ha sido más intenso en los últimos cuatro”.
