Hispano revela que llegó a un acuerdo con ICE para detener su proceso de deportación

CHICAGO, Illinois. Ha pasado una semana desde que Wilmer Catalán salió del centro de detención del condado de McHenry, donde estuvo encarcelado durante 10 meses tras ser identificado erróneamente como pandillero por la policía de Chicago. Este guatemalteco, que vive en EEUU sin documentos, se muestra contento de estar en libertad, aunque afirma que su victoria tiene un sabor agridulce, pues considera que su caso se resolvió de una manera que no fue del todo justa para él.

“Estar con mis hijos no tiene precio, por eso decidí retirar la demanda. Yo sé que no es correcto lo que se hizo, pero por ellos, por mi familia, decidí salir”, contó Catalán, de 31 años de edad.

“Se acordó de palabra que Wilmer retiraría la demanda de derechos civiles que interpuso en contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y a cambio se suspendería su deportación para que tuviera el derecho de procesar su Visa U y pudiera quedarse con su familia”, dijo Sheila Bedi, una de las abogadas de Catalán y miembro del Roderick and Solagne MacArthur Justice Center.

La Visa U se otorga a las víctimas de ciertos crímenes que han sufrido abuso físico o mental y brindan ayuda a las agencias de orden público y oficiales gubernamentales en la investigación o prosecución de actividades criminales.

“Wilmer no estaba feliz con esta opción, pensaba que era injusto que se le diera a escoger entre seguir con su demanda o ser liberado para estar en casa con su familia, pero al final escogió a su familia”, dijo Bedi, quien comentó que no era un acuerdo común al que se había llegado con ICE.

Según la abogada aunque el proceso de la visa U puede tomar meses, incluso años, confían en que se acelere el trámite y que podrán extender más tiempo su permanencia en el país si es necesario.

“Mis hijos no entendían la gravedad de lo sucedido, me preguntaban cuándo iba a regresar… me duele lo que ha pasado, ha sido muy difícil” agregó Catalán, que tiene cuatro hijos, tres viven con él y su pareja Celeme Adame. Sus edades son: 12, 8 y 4 años.

Detenido sin orden judicial

Catalán fue detenido el 27 de marzo de 2017 cuando siete agentes de ICE irrumpieron en su casa en el Barrio de Las Empacadoras, al oeste de Chicago, sin una orden judicial, pues se encontraba en una base de datos de pandillas de la policía, con lo que fue despojado de cualquier protección de privacidad que tiene Chicago como ciudad santuario.

Chicago tiene una ordenanza que prohíbe a policías de la ciudad compartir información con ICE, a menos de que exista una orden judicial criminal pendiente, una persona haya sido condenada por un delito grave en cualquier tribunal de jurisdicción competente o haya sido identificada como pandillero conocido, ya sea en la base de datos de una agencia policial o por su propia admisión.

De acuerdo con la demanda presentada por su defensa, Wilmer nunca fue informado de que estaba en esta lista, ni se le permitió impugnar su colocación en la misma.

Según Bedi, Wilmer fue arrestado aleatoriamente en dos ocasiones en barrios que pertenecían a dos pandillas diferentes.

“Lo que la policía usa para sus arrestos es que son áreas donde hay actividad de pandillas, así fue como pusieron a Wilmer en la base de datos, como miembros de dos pandillas opuestas. Al ser un hombre joven y latino asumieron que era pandillero y al final admitieron que su criterio era inconsistente”, agregó la abogada.

“No porque viva en el área quiere decir que sea pandillero”, agregó Catalán. “No tenían ninguna razón”.

A finales de 2017, Chicago admitió que el inmigrante había sido detenido erróneamente y accedieron a borrar su nombre de la base de datos y aclarar que el detenido no tenía antecedentes penales. El acuerdo no supuso ninguna compensación económica por el error.

La defensa también alegó que durante la detención de Catalán, los agentes de ICE le golpearon la cabeza contra el suelo, lo que exacerbó una lesión cerebral que padece.

En enero de 2016, el inmigrante salía de un restaurante cuando fue herido de bala desde un automóvil en movimiento y recibió disparos en la cabeza, el hombro y la espalda y desde entonces sufre de parálisis parcial en su cuerpo.

Mientras estuvo detenido en el centro de inmigración, Catalán reportó haber recibido poca atención médica. De hecho, tuvo dos convulsiones y en una de esas ocasiones fue visto por el médico hasta cuatro días después.

“Wilmer sufrió muchas agresiones, se le va a evaluar psicológicamente. Tiene varios problemas físicos y debe recibir terapias y operaciones… Seguimos luchando como familia que somos, para salir de esta horrible pesadilla”, dijo Celene Adame, pareja de Catalán.

El inmigrante tampoco recibió ayuda para pagar sus terapias y aunque su defensa presentó una demanda sobre mejorar su asistencia médica mientras estuvo en el centro de detención, esa demanda ya fue retirada cuando salió. “Como hispanos somos humanos, no importa ni el color ni la raza, merecemos un trato digno”, aseguró el inmigrante.

Buscan fondos para su salud

Mientras tanto, familiares de Catalán ha iniciado una recaudación de fondos para juntar dinero para terapias y el tratamiento médico que necesita, en especial una operación que deberán realizarle en el hombro.

“Antes de su detención, él era el principal sostén de su familia y actualmente no está físicamente capacitado para trabajar. Wilmer requiere atención médica a largo plazo y terapia por el daño causado a su hombro”, dice la petición en la página YouCaring.com cuya meta es de 25,000 dólares y que por el momento ha recaudado 1,500 dólares.

Sobre su futuro, Adame y él solo tienen una palabra para definirlo: “Incierto”. Por su parte, Xanat Sobrevilla, integrante de Comunidades Unidas contra las Deportaciones (OCAD), informó que ellos seguirán peleando por casos como el de Catalán.

“El caso de Wilmer nos ha ayudado a mostrar el racismo y la falta de supervisión de la policía de Chicago usa para la base de datos de pandilleros.. La ciudad de Chicago no se puede llamar santuario si sigue criminalizando a sus residentes”, dijo Sobrevilla.

Esta organización ha denunciado errores en la base de datos datos y ha pedido que se examinen a fondo los archivos de la policía. Un reciente estudio divulgado por el organismo indica que el banco de datos llamado CLEAR tiene fichadas a 65,000 personas, de las cuales 96% son afroamericanos y latinos identificados como potenciales pandilleros.