Policía

Chicago hace poco para controlar la mala conducta de su policía y lo que les cuesta

En vez de controlar las prácticas que llevan a negociar demandas, funcionarios han pedido prestados millones de dólares para pagar las denuncias contra policías, aumentando la gigantesca deuda de la ciudad.
24 Jun 2016 – 4:46 PM EDT

CHICAGO, Illinois. - Las historias incluidas en las demandas contra policías usualmente comienzan con momentos ordinarios; montando una bicicleta, asistiendo a un asado, mirando la televisión. Son los finales los que reportan con consistencia circunstancias extraordinarias: Un niño de 11 años con una pistola en la sien. Una abuela arrestada por atacar a un oficial. Un joven tirado inconsciente por el efecto de una pistola de descarga eléctrica.

La mayoría de estos casos concluyen como ocurrieron, fuera de la vista del público. La gente conoce los tiroteos policíacos contra civiles y los acuerdos multimillonarios más notorios. Pero la mayoría de los casos son poco conocidos y arreglados por mucho menos.

De acuerdo con un análisis del Chicago Reporter, del 2012 al 2015, la ciudad de Chicago gastó más de 210 millones de dólares en demandas por mala conducta policíaca. Además, invirtió casi 53 millones de dólares más en abogados externos para litigar los casos. En promedio, durante cada uno de esos años, el Departamento de Policía excedió su presupuesto anual para demandas por casi 50 millones de dólares.

El Chicago Reporter construyó una base de datos de las 655 demandas por mala conducta policíaca que fueron pagadas del 2012 al 2015. Presione aquí para ver la metodología.

En la mitad de todos los casos, desembolsaron 36,000 dólares o menos, pero también contribuyeron a una enorme factura para los contribuyentes, hasta el momento desapercibida para el alcalde Rahm Emanuel o para el Concilio Municipal.

Ante las circunstancias, Chicago no imita a otras grandes ciudades. No analiza la naturaleza de las demandas ni identifica a los oficiales más denunciados o determina maneras para reducir el costo de los casos y la mala conducta de los policías.

En lugar de actuar contra las prácticas que conducen a estas indemnizaciones, los funcionarios han pedido prestados millones de dólares para arreglar estas demandas, aumentando la inmensa deuda de la ciudad. Con el tiempo, el interés de los bonos podría casi duplicar el costo por la mala conducta de policías.



HALLAZGOS Y CONFIRMACIONES

Algunos resultados de los datos analizados por el Chicago Reporter confirman la percepción pública sobre la policía. Los latinos y afroamericanos están representados desproporcionalmente en las demandas. Más de la mitad de las denuncias alegan falso arresto y un pequeño grupo de oficiales aparece acusado en múltiples denuncias.

Pero otros patrones de comportamiento derivados de las demandas indican que la mala conducta policíaca llega más allá de unas cuantas “manzanas podridas”, a prácticas extendidas en el departamento.

En la pequeña fracción de casos donde los oficiales y la ciudad admiten responsabilidad, los policías raramente son disciplinados.

Casi la mitad de las denuncias alegan que los oficiales llenaron reportes falsos –y algunas veces cometieron perjurio al testificar– para encubrir su mala conducta.

Más de una cuarta parte de las demandas alegan que uno o más oficiales conspiraron para violar los derechos civiles de una persona. Casi un tercio alega que algunos oficiales en el lugar de los hechos hubieran podido, pero no intervinieron para prevenir una mala conducta policíaca.

En una cuarta parte de las denuncias por fuerza excesiva, la persona afectada también fue acusada de resistirse al arresto o por golpear a un policía.

Uno en cada 10 casos involucra a menores. Los oficiales han apuntado su pistola hacia niños, disparado contra adolescentes y dejaron bebés solos mientras sus padres eran arrestados.

En uno de cada seis casos, se expone el incidente es parte de un patrón de mala conducta, fortalecido por una política específica del Departamento de Policía o fallas generalizadas para investigar adecuadamente la mala conducta policíaca. La ciudad usualmente argumenta con éxito estos reclamos o los separa de quejas específicas sobre el incidente. Eso significa que raramente los casos son adjudicados.



El departamento legal logra acuerdos en el 86 por ciento de todas las denuncias por mala conducta policíaca que resultan en el pago de una cantidad, de acuerdo al análisis del Chicago Reporter. Los funcionarios de la ciudad son rápidos en señalar que un arreglo no es una admisión de culpabilidad. “Nuestra decisión para llegar a un acuerdo no es una determinación de que pensamos que el oficial hizo algo malo o una recomendación disciplinaria”, dijo a los concejales Janie Notz, primera asistente del equipo legal, en una audiencia del comité de finanzas el mes pasado.

Pero el costo para entablar una demanda, incluidos más de 350 dólares por trámites en corte federal o del condado, puede ser significante y las probabilidades de recibir alguna compensación son del 50-50. Casi la mitad de todas las denuncias por mala conducta policíaca contra la ciudad desde el 2007, fueron desechadas o decididas en favor de la municipalidad, de acuerdo con un análisis entregado por la ciudad a través de una solicitud hecha a través del Acta de Libertad de Información.

El análisis del Chicago Reporter se enfoca en la otra mitad, a los casos que fueron arreglados o fueron decididos a favor del demandante.



Las ciudades que no examinan profundamente esas demandas están perdiendo la oportunidad de prevenir las causas detrás de la mala conducta policíaca, dicen los expertos.

“Están perdiendo la oportunidad de diseñar nuevo entrenamiento que ayudará a los oficiales a evitar situaciones que aumentan sustancialmente su responsabilidad legal”, dice Merrick Bobb, un experto nacional en imputabilidad policíaca.

“Y quizá lo más importante de todo, están perdiendo la oportunidad de establecer una relación de confianza entre la comunidad y la policía”, añade.


EL HORROR TRAS PEDIR UNA ORDEN DE CATEO

Para Alfonso Cavada hablar de la noche hace cinco años cuando la policía cateó su hogar es liberador. Para su esposa Patricia es revivir una pesadilla.

Su demanda y entrevistas subsecuentes cuentan una historia espeluznante. La pareja fue despertada poco después de la medianoche por intensos golpes afuera de su modesto hogar cerca del aeropuerto Midway. Patricia acababa de dar a luz a su hijo más pequeño, Michael, un mes antes. Todavía estaba recuperándose de la cesárea.

Ricardo, su hijo de 20 años de una relación previa, abrió la puerta para encontrar a una docena de policías, vestidos de negro, rodeando la casa. Cuando el joven pidió a los oficiales que le mostraran una orden de cateo, lo sujetaron, lo jalaron hacia afuera del domicilio y lo aventaron hacia una reja, según establece la denuncia.



Los oficiales ordenaron a Patricia y Alfonso que salieran, donde la temperatura a mediados de abril apenas superaba el punto de congelación. Alfonso no tuvo tiempo de ponerse una camiseta o zapatos. Observó cuando los oficiales arrastraron a Patricia por las escaleras cabeza abajo. Trató de decirles a los policías sobre la reciente cirugía de su esposa, pero lo ignoraron. Los oficiales tiraron a Patricia al suelo y le pusieron las rodillas en la espalda mientras la esposaban.

Alfonso, con 50 años en ese momento y de 5 pies 5 pulgadas de estatura, dice que intentó ponerse entre los oficiales para llamar su atención, suplicando que dejaran ir a su esposa. En respuesta, uno de los policías lo azotó sobre el auto del vecino, rompiéndole el labio. La sangre brotaba de su cara y caía sobre el piso, cuenta.

Los oficiales metieron a Alfonso al baño, donde trataron de limpiarle el labio y la sangre que seguía cayendo al piso, añade. Otro oficial forzó a Patricia, quien seguía esposada, de regreso a la casa. La empujó y ella cayó, golpeándose un ojo en la manija de la puerta.

Cuando Alfonso vio el ojo hinchado de su esposa, empezó a maldecir y a gritar en inglés y español. “¿Por qué están haciendo esto a mi familia?”, gritó a los policías. “¿Por qué golpean a una mujer que acaba de tener un bebé? ¿Qué clase de hombres son ustedes?”.

Pronto salió a relucir que los oficiales estaban buscando a Julio, el otro hijo de Patricia y quien no estaba en casa. Él había estado viviendo con su novia en otro lugar por al menos un año. La policía aparentemente lo buscaba bajo presuntos cargos de posesión de armas, pero la foto que ellos tenían de él presuntamente sosteniendo una pistola tenía más de un año de vieja y no fue tomada en su casa, sostienen los Cavada. Los archivos de la corte muestran que Julio jamás fue imputado por el crimen.

Pero los oficiales acusaron a Patricia y Ricardo por resistirse al arresto y a Alfonso por resistir el arresto y por golpear a un policía. Fueron llevados al hospital y luego a una estación de policía. Sin el permiso de los Cavada, los oficiales dejaron al bebé de un mes de nacido y otro hijo de 9 años en la casa al cuidado de parientes que vivían en el sótano.

Camino al hospital, Alfonso le dijo al oficial que conducía que era una pena que su casa no tenía cámaras para grabar el comportamiento de los policías.

“Si las hubieras tenido las hubiéramos tomado”, dijo el oficial, según Alfonso.

Los Cavada regresaron a su casa en la mañana siguiente para encontrar cajones vacíos, ropa tirada y el video juego de su hijo roto. La orden de cateo que repetidamente solicitaron estaba sobre un mueble de la cocina.



Alfonso quería que los oficiales responsables fueran despedidos. Llamó a un reportero de Univision esa mañana y tanto él como su esposa contaron su historia ante una cámara. Luego presentaron una queja con la Autoridad Independiente de Revisión Policíaca (IPRA), la agencia responsable de investigar las denuncias más indignantes contra oficiales. Y cuando dos años después todavía no recibían ninguna respuesta de IPRA, entablaron una demanda civil.

Menos de seis meses después de que los Cavada presentaron su denuncia, los abogados de la ciudad que representaban a los oficiales les hicieron una rara oferta. Los policías admitirían un dictamen en su contra. Es el equivalente civil a declararse culpable y ocurre en menos del 5 por ciento de los casos de mala conducta policíaca, según el análisis del Chicago Reporter. Los Cavada aceptaron la oferta; la ciudad pagó a Alfonso, Patricia y Ricardo $40,003, para ser repartido entre ellos. La ciudad también pago los servicios de sus abogados.

A pesar de legalmente admitir la ofensa, los oficiales no fueron disciplinados ni tampoco pagaron nada de sus bolsillos en este caso.

En abril del 2015, cuatro años después de que los Cavada presentaron su queja ante IPRA, recibieron una carta. Su caso fue catalogado como “sin sustento”.

Incluso en la pequeña fracción de casos como el de los Cavada, donde la ciudad admite que los oficiales son responsables de violar los derechos civiles de alguien, el Chicago Reporter descubrió que IPRA casi nunca encuentra que los policías son responsables.

DE 151 OFICIALES, SOLO NUEVE FUERON INVESTIGADOS

El Chicago Reporter identificó a 151 oficiales nombrados en 26 demandas civiles donde ellos admitieron actos indebidos e hicieron una oferta para arreglar el caso. IPRA abrió investigaciones en solamente nueve de esos casos, de acuerdo a la comparación que hizo el Chicago Reporter entre demandas y archivos de la agencia con fechas de los incidentes. Logramos identificarlos utilizando los nombres de los oficiales y fechas del suceso.

De esos nueve, sólo un oficial fue encontrado responsable de mala conducta por la agencia de revisión policíaca. Era el detective Dante Servin, a quien IPRA recomendó fuera despedido por disparar contra Antonio Cross y matar a Rekia Boyd, estando fuera de servicio en el 2012. (Él renunció en mayo, dos días antes de una audiencia de la Junta de Policía, para considerar la recomendación de IPRA).



Una vocera de IPRA resaltó en un correo electrónico que los hechos considerados para determinar responsabilidad civil son diferentes de aquellos considerados por IPRA, que está a cargo de decidir si un oficial violó las políticas internas del Departamento de Policía.

Para los Cavada esa distinción no cambia el hecho de que los oficiales que los lastimaron nunca fueron disciplinados, o cambia el sentimiento de que el sistema está en contra suya.

“No hay justicia aquí”, dice Alfonso. “Eso es lo que queremos, justicia. Pero no hubo justicia”.


FALTA VOLUNTAD PARA HACER EL CAMBIO

Si el alcalde Rahm Emanuel y el Concilio Municipal quisieran enfrentar dos de los principales problemas de Chicago -la desconfianza en la policía y la creciente deuda pública- voltear hacia las demandas por mala conducta policíaca sería un lugar lógico para empezar.

Analizar las denuncias contra policías utilizando patrones de conducta, que podrían solventarse con políticas o entrenamiento, ha ido creciendo como la mejor práctica entre las agencias de seguridad pública desde inicios de los noventas, dice Bobb. Él fue parte de una comisión que revisó las demandas por uso excesivo de la fuerza contra la Oficina del Alguacil del Condado de Los Ángeles.

Después del reporte de esa comisión en 1992, esa agencia fue la primera del país en crear un cuerpo dedicado al manejo de riesgos, que revisa las denuncias para identificar posibles lecciones que puedan reducir los costos por quejas de la oficina.

Chicago, que gasta más por oficial en demandas por mala conducta policíaca que cualquier otro departamento de seguridad pública en el país, no realiza ningún análisis sistemático de estas denuncias, de acuerdo con un reporte presentado en abril por el grupo de responsabilidad policial elegido por el alcalde.



La información de demandas civiles “mayormente ha permanecido sin tocar por las varias entidades de vigilancia policíaca”, descubrió el citado grupo. “Esto representa una importante oportunidad perdida para asegurar la responsabilidad”.

Un parchado de diferentes departamentos, comités municipales y agencias en Chicago tocan las demandas contra policías en algún grado. El Departamento de Policía es notificado cuando un oficial es nombrado en una denuncia. Abogados del departamento legal representan a los oficiales y negocian los términos del acuerdo.

Los concejales en el comité de finanzas deben aprobar las indemnizaciones de 100,000 dólares o más antes de ser avaladas por el Concilio Municipal. IPRA es notificada después de que la demanda es arreglada, para que pueda decidir si abre una nueva investigación sobre la conducta de un oficial. El departamento de finanzas emite el pago de la indemnización.

Ninguna de las oficinas analiza integralmente la información derivada de las demandas.

En la Ciudad de Nueva York, el análisis de las denuncias por mala conducta policíaca es realizado por el departamento que maneja el flujo de los recursos municipales. La contraloría comenzó hace dos años un programa para analizar las miles de quejas recibidas por la ciudad cada año, ya sean contra policías u otras situaciones. Cuando el inspector general de Chicago, Joseph Ferguson, escuchó sobre ese programa, llamado ClaimStat, en octubre del 2014, contactó al departamento de finanzas para ver si ellos hacían algo similar. No lo hacían.


Entonces el funcionario empezó a investigar qué necesitaría para iniciar un programa de análisis de denuncias en Chicago. Un memorándum de marzo del 2015 de su oficina a la contraloría de Chicago presentó un programa piloto similar al de Nueva York, para revisar todos los reclamos pagados por la ciudad, incluidos los casos de mala conducta policíaca. Esa iniciativa se supone que debería haber sido completada en junio del 2015.

Un año después el departamento de finanzas no había hecho nada al respecto. Una vocera del departamento dijo que la Oficina del Inspector General estaría por entregar un reporte sobre el programa de análisis de querellas en los meses por venir, pero no pudo aportar más detalles.

En Filadelfia los abogados de la ciudad, que litigan las demandas contra policías, también buscan patrones de conducta y recomiendan cambios a las políticas basados en las denuncias. Pero el departamento legal de Chicago no tiene una manera sistemática de hacer eso. El inspector general encontró que parte del sistema de manejo de casos del departamento legal es “incompleto e inconsistente”.

“Hay personas en el departamento legal que observan los mismos nombres y tendencias repetidamente, pero no necesariamente comparten eso con otras personas de manera sistemática”, dice Maurice Classen, un oficial en la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur y quien fue miembro del grupo de responsabilidad policial del alcalde. “Es poco sistemático”, añade. (Aclaración: El reportero recibe fondos de la Fundación MacArthur).

Un vocero del departamento legal dice que sus abogados ocasionalmente identifican patrones de conducta en las demandas y los presentan en juntas con el Departamento de Policía de Chicago. Pero no fue muy específico.

“CPD e IPRA son los departamentos municipales principalmente responsables de analizar las denuncias y otra información, para identificar patrones de conducta y tendencias que pudieran conducir a cambios de políticas y entrenamiento”, escribió Bill McCaffrey, el vocero, en un correo electrónico.



De acuerdo con el reporte del grupo de responsabilidad policial, la Oficina de Asuntos Legales del Departamento de Policía envía cada trimestre un memorándum a los mandos con todos los oficiales que fueron nombrados en nuevas demandas civiles. Pero “ninguna acción es buscada o requerida”, según indica el reporte.

Esto es un error, de acuerdo con el grupo de responsabilidad policial y expertos en imputabilidad policíaca.

“Deberían estar haciendo un cuidadoso análisis de todos los casos que han tenido cuantiosas indemnizaciones o que fueron a juicio y perdieron, y tratar de decidir por qué fueron adversos”, dice Bobb. “En cualquier momento en que un oficial está tomando una decisión, (ellos debieran) determinar si había alternativas que pudieron ser utilizadas para conducir al arresto del sospechoso pero con pocas posibilidades de utilizar fuerza excesiva”.

El grupo de responsabilidad policial recomendó que el alcalde nombre un Inspector General para Seguridad Pública, cuya labor incluya analizar las demandas por mala conducta policíaca, para identificar tendencias y reportarlas al Concilio Municipal antes de que apruebe una indemnización.

Hasta el momento el alcalde ha ignorado la recomendación.


“HABLAS DEMASIADO”, LUEGO SIGUIÓ LA PISTOLA ELÉCTRICA

Si la ciudad buscara patrones en las demandas por mala conducta policíaca, saldrían a relucir numerosos casos como el de Gregory Lester.

Una noche de verano en septiembre del 2010, Lester iba en bicicleta de la casa de su tío al domicilio de su abuela en el barrio de Greater Grand Crossing. Dice que le estaba haciendo un favor a su hermano, quien había pedido prestada la bicicleta y le pidió a Lester que la llevara a la casa de su abuela. La distancia entre ambos hogares solamente es de dos calles y media.

De acuerdo con Lester una patrulla por poco lo atropella. Dice que tuvo que saltar de la bicicleta para no ser impactado.

Una oficial lo llamó desde la ventanilla, diciéndole que viniera hacia ella.

“¿Por qué?”, le respondió Lester. “No he violado ninguna ley”.

La policía Priscilla Hernández no le contestó, solamente siguió ordenándole que fuera a la patrulla.

Cuando no lo hizo, la oficial descendió de su vehículo y camino hacia él, mientras Lester continuaba preguntando por qué estaba siendo detenido.

”Hablas demasiado”, le dijo.

Dice Lester que la policía le sujetó la muñeca. Instintivamente él jalo la mano.

“No me toques”, le dijo él.

El compañero de Hernández, Daniel Cravens, corrió hacia él desde un lado y disparó su pistola eléctrica hacia el pecho de Lester.

“Es como si tu sistema se apagara”, dijo Lester sobre la descarga. “No sientes nada en el momento, todo se pone negro”.

El Chicago Reporter encontró al menos 37 denuncias como la de Lester, de 655 analizadas, donde la interacción comenzó cuando el oficial detuvo a alguien en la calle sin causa probable. Estos casos han costado a los contribuyentes de Chicago $2.5 millones entre el 2012 al 2015.



Lester se desmayó debido a la descarga eléctrica. Despertó en el asiento trasero de la misma patrulla que casi lo atropelló, con un intenso dolor en el pecho. Estaba seguro que los oficiales iban a concluir que habían cometido un error e iban a dejarlo ir.

Sin embargo, cuando llegaron a la estación de policía, Cravens se burló de Lester. “Hombre, no dolió tanto, a mí me han disparado antes”, recuerda el joven. Cravens bromeó con sus colegas sobre la oportunidad de, por fin, utilizar su Taser, según la demanda. Cravens no pudo ser localizado para un comentario. Hernández declinó alguna declaración.

Lester fue acusado de asalto agravado contra un policía y resistir el arresto, incluso cuando no hay cargos para justificar la detención inicial y ninguno de los oficiales reportó alguna lesión. El reporte del arresto simplemente dice que Lester estaba “causando un alboroto en la calle” y que se puso “agitado y agresivo” cuando Hernández le pidió acercarse a la patrulla. Los oficiales dicen que Lester huyó de Hernández, presionó su cuerpo contra Cravens, luego apretó los puños y se dirigió hacia Cravens diciendo “estás muerto”.

Lester se ríe del reporte del suceso.

“Esto es algo que ellos inventaron”, dice Lester, ahora de 33 años. “Es una bella historia, de hecho, iría a ver una película sobre ello”, agregó sarcásticamente, “pero eso no fue lo que sucedió”.

Las acusaciones como la de Lester son comunes. Un 20 por ciento de las denuncias que alegan uso excesivo de la fuerza también anotan que la víctima fue acusada de agresión y asalto contra un policía. Los cargos casi siempre son retirados, como fue en el caso de Lester.

“Todo mundo en la historia de CPD que ha sido herido por un policía siempre es acusado de un crimen”, dice Michael Robbins, uno de los abogados que representó a la familia de Laquan McDonald, el adolescente baleado 16 veces por un oficial de Chicago. “Es un procedimiento común. El cargo va de la mano del uso de la fuerza. Y es la justificación para la fuerza muy seguido”.

El Chicago Reporter encontró otros patrones de conducta:

  • De 41 demandas sobre tiroteos de policías, cuatro ocurrieron después de que los oficiales corrieron tras un sospechoso en un callejón o pasillo oscuros. IPRA observó esta tendencia en su reporte anual del 2008-09, y recomendó que los policías reciban mejor entrenamiento táctico sobre cómo evitar ponerse en este tipo de situaciones. Estos casos costaron a los contribuyentes 5.6 millones de dólares.
  • Al menos 38 denuncias derivaron de arrestos por posesión de drogas que finalmente fueron retirados, muchas veces porque no había causa probable para que los oficiales revisaran a la persona en primera instancia. Estos casos costaron a los contribuyentes 1.6 millones de dólares.
  • Al menos 19 denuncias derivaron de situaciones donde los oficiales ejecutaron una orden de cateo en la casa o departamento equivocado. Estos casos costaron a los contribuyentes casi 840,000 dólares.

El Departamento de Policía no respondió a preguntas del Chicago Reporter sobre estos patrones de conducta.
Llevó casi un año de apariciones en corte antes de que los cargos contra Lester fueran retirados, largo proceso que le causó una carga emocional. “Casi me convertí en un recluso”, dice. “Me quedaba adentro. Quería evitar a la policía a cualquier costo”.

Después de que terminó el caso criminal en su contra, presentó una demanda civil. Un año después arregló por 50,000 dólares.


RESUELVEN CON PRÉSTAMOS DE ALTO INTERÉS

En vez de buscar maneras de disminuir la mala conducta policíaca —y las denuncias que derivan de ello— el alcalde y el Concilio Municipal han elegido repetidamente postergar el asunto, añadiendo significativamente al costo financiero por abuso policial.

Cada año, el Concilio Municipal aparta $20 millones en el presupuesto del Departamento de Policía para indemnizaciones por mala conducta y los costos legales que derivan. Y cada año, el Departamento de Policía supera el monto por ese concepto.

Cuando eso ocurre, la ciudad saca dinero de una partida en el fondo general que es apartada para indemnizaciones en casos de demandas por mala conducta policial. También busca dinero extra en el presupuesto operativo, y dirige ese monto para pagar arreglos y dictámenes. Pero eso usualmente tampoco es suficiente.

Entonces la ciudad pide prestado dinero a través de bonos de deuda a largo plazo para pagar la diferencia. En promedio, el 61 por ciento de los costos de todas las demandas contra la ciudad ha sido pagado a través de bonos desde el 2005. Esto incluye casos policiacos y no relacionados, pero las demandas contra oficiales significan del 60 al 70 por ciento de todos los acuerdos y dictámenes en la ciudad cada año.



Pedir prestado para pagar por las demandas añade considerablemente al costo de los contribuyentes en estos acuerdos. Por ejemplo, en el 2014 la ciudad emitió bonos por $450 millones, de los cuales $198 millones estaban enmarcados para dos años de indemnizaciones y dictámenes. Con su pobre calificación crediticia, la ciudad ha tenido que pagar un interés anual del 6.3 por ciento, mucho más costoso que otras ciudades.

Cuando esos bonos venzan en el 2044, los contribuyentes habrán liquidado aproximadamente 335 millones de dólares en pago de intereses, elevando el costo total de estos acuerdos y cobros legales a más de 530 millones de dólares. Eso significa que incluso si la ciudad encuentra la manera de eliminar la mala conducta policíaca mañana mismo, los contribuyentes de Chicago todavía estarán pagando cientos de millones de dólares durante generaciones por el abuso policial.

Expertos en finanzas municipales dicen que pagar por gastos como el arreglo de una demanda con préstamos a largo plazo no solamente es una mala política fiscal, sino también malo para adjudicar responsabilidades.

“El manejo de las denuncias contra la ciudad sería mucho menos costoso si fueran liquidados a través del presupuesto operativo, en vez de pedir prestado”, dice Laurence Msall, presidente del grupo independiente Federación Cívica, que analiza temas de las finanzas del gobierno en Chicago.

Pedir prestado para pagar por esos acuerdos también permite a los departamentos evitar abordar las causas detrás de esos arreglos, porque no hay repercusiones por sobrepasar el presupuesto año tras año, dice Msall.

“Hay menos responsabilidad y menos acciones correctivas son adoptadas cuando los departamentos donde ocurren las irregularidades no son requeridos a tomar acción para evitar situaciones recurrentes”, agrega.



El alcalde ha reconocido que pedir prestado para pagar por los costos de una demanda no es la mejor práctica. En un discurso en la Federación Cívica en abril del 2015, Emanuel prometió incrementar el monto en el presupuesto operativo para acuerdos y dictámenes, para que la ciudad no tuviera que pedir prestado tanto dinero.

En su presupuesto del 2016 cumplió, añadiendo 9 millones de dólares más para demandas en el presupuesto general (aunque sin agregar nada al presupuesto para denuncias del Departamento de Policía), para un monto total de 45 millones de dólares para todas las dependencias.

Si los últimos cuatro años indican algo, es que ese monto no cubrirá ni la mitad del costo total por todas las demandas contra la ciudad. Y parece que la administración de Emanuel lo sabe. El mes pasado, el alcalde propuso la emisión de bonos por otros 600 millones de dólares, con al menos 100 millones de dólares para pagar acuerdos y costos legales para este año y el próximo.

En su junta de mayo, el comité de finanzas aprobó unánimemente el plan del multimillonario préstamo. En la misma junta, los concejales autorizaron dos cuantiosos acuerdos para resolver sendos tiroteos policiacos fatales.

Estos dos casos se añadirán a las otras 53 demandas por mala conducta policíaca que la ciudad ha pagado en lo que va del 2016.

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