Un juez federal ordenó este jueves llevar a juicio al presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, alcalde del municipio mexicano de Uruapan, así como a siete de sus escoltas. Todos ellos seguirán detenidos mientras avanzan las investigaciones.
Juez ordena procesar a presunto autor intelectual y escoltas de Carlos Manzo, alcalde asesinado en México
Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, negó durante la audiencia su participación en el crimen y denunció haber sido víctima de torturas tras ser arrestado.

La Fiscalía del estado occidental de Michoacán, en el que se encuentra ubicado Uruapan, informó tras una audiencia de varias horas que el magistrado vinculó a proceso a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, por participar presuntamente en la planeación y coordinación del homicidio.
El detenido fue imputado de los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas.
Además, fueron vinculados a proceso siete policías municipales que formaban parte de la seguridad de Manzo, quien fue asesinado a tiros el 1 de noviembre en la principal plaza de Uruapan en medio de la celebración del Día de Muertos ante decenas de personas.
Los siete fueron vinculados a proceso e imputados por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado por omisión. Aún permanece prófugo de la justicia un octavo escolta del alcalde, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
El considerado autor material del crimen, un joven de solo 17 años llamado Víctor Manuel Ubaldo Vidales, fue abatido por uno de los escoltas en la misma plaza en la que fue asesinado Manzo.
El juez dio un plazo de tres meses para las investigaciones complementarias del caso.
Sigue sin conocerse el móvil del asesinato del alcalde Manzo
Según medios locales, el presunto autor intelectual negó durante la audiencia su participación en el crimen y denunció que fue víctima de torturas tras ser arrestado. El juez también ordenó investigar dicha denuncia del detenido.
“El Licenciado” fue identificado por las autoridades como integrante de una célula delictiva de Michoacán vinculada con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Su detención se produjo tras el análisis de llamadas telefónicas, mensajes de texto y videos que permitieron identificar a una parte de los miembros del grupo que participaron en el homicidio, entre ellos un joven identificado solamente como Fernando Josué, quien acompañó al tirador horas antes del crimen y que fue localizado muerto el 10 de noviembre junto a otro hombre identificado como Ramiro “N”.
En el estado de Michoacán, que es el principal productor de aguacate y limón del país, operan células del CJNG, la Familia Michoacana y las organizaciones locales Los Viagras, Los Caballeros Templarios y Los Blancos de Troya.
Las autoridades locales aún no han logrado determinar el móvil del homicidio del popular alcalde, de 40 años.
El asesinato de Manzo desató enormes protestas contra el gobierno por la inseguridad en el país
Su muerte desató protestas contra la violencia e inseguridad en la capital mexicana y las ciudades de Morelia, capital de Michoacán, Uruapan y Apatzingán, donde el 19 de octubre fue tiroteado un dirigente de los productores de limón de esa región, Bernardo Bravo.
El secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, admitió esta semana que “había una confrontación permanente con estos grupos delincuenciales” que operan en Uruapan y que hubo “una serie de acciones” del alcalde que estaban afectando a esas organizaciones criminales, pero no dio más detalles.
Por su parte, Grecia Quiroz, viuda de Manzo y quien asumió la alcaldía tras el asesinato, dijo este jueves a la emisora Radio Fórmula que la investigación incluye también la motivación política del asesinato.
“Estoy exigiendo que se aclaren todas estas líneas de investigación y que se dé con el verdadero responsable del que ordenó este asesinato”, agregó.
En medio del malestar que generó el asesinato de Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció a inicios de noviembre el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” para reforzar la seguridad en el estado, con más de 10,000 agentes federales.
También contempla activar un “esquema integral” que incluirá programas sociales y económicos para atender las causas de la violencia, uno de los ejes de la política de seguridad que instauró desde que llegó al gobierno hace un año.
Mira también: