La jueza de distrito de Maryland Paula Xinis tiene en sus manos la decisión sobre el caso de deportación de más alto perfil del gobierno de Donald Trump: el del salvadoreño Kilmar Ábrego García. Costa Rica es el destino final que aceptaría el inmigrante; Liberia es la propuesta no negociable de la administración. La magistrada aseguró que evaluará las opciones, pero advirtió que hay un error cometido por un juez de inmigración que podría poner freno incluso a la intención del gobierno de mantenerlo en custodia.
Costa Rica o Liberia: ¿qué puede decidir una corte sobre la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego García?
En los próximos días, una jueza de Maryland podría decidir si Kilmar Ábrego García puede ser deportado, como quiere el gobierno, a una nación africana o si, por el contrario, debe ser enviado al país que él mismo ha aceptado como destino si es removido de Estados Unidos.

Ya Xinis había emitido una orden judicial en la que impidió su deportación inmediata. El gobierno le ha pedido que levante esa medida para que proceda la deportación.
Pero los abogados de Ábrego García argumentaron en la última audiencia, el jueves pasado, que el gobierno no puede mantenerlo detenido de forma indefinida y que en el expediente migratorio de Ábrego García no existe una orden final de deportación.
"No puedes fingir que la tienes. Tienes que tenerla", señaló Xinis al asegurar que ese es un "tema de peso" en su decisión sobre el caso.
Cuando en 2019 el juez David M. Jones decidió sobre el caso de Ábrego García, la orden señalaba tres cosas: la negación de una petición de asilo y de una solicitud de protección contra la deportación bajo la Convención contra la Tortura —porque no demostró que de volver a su país podría ser torturado—, pero otorgó esta última protección bajo lo que establece la Ley Nacional de Inmigración. Es decir, que Ábrego García no podía ser deportado a El Salvador porque logró "establecer una persecución pasada" a manos de pandilleros de su país que lo amenazaron a él y a su familia.
Sin embargo, en ese documento de 15 páginas no se abrió explícitamente la puerta a una posible deportación o a que tuviera que marcharse de Estados Unidos en algún momento. Y en este caso, esa formalidad podría haber especificado el país al que el salvadoreño hubiera podido ser enviado.
"Es de vital importancia", dijo a Xinis uno de los abogados de Ábrego, Andrew Rossman. "Sería una violación obvia del debido proceso deportar a alguien sin tener una orden final de deportación".
Para el abogado del gobierno, Drew Ensign, el documento es un tecnicismo. Como no puede ser deportado a El Salvador, el gobierno de Trump insiste en enviarlo a un tercer país. Liberia es la opción que plantearon después de fallar con Esuatini y Ghana.
El destino de Ábrego García
Los abogados de Ábrego García han dicho que él está dispuesto a ser deportado a Costa Rica. En agosto pasado, en un comunicado el Ministerio de Seguridad Pública aseguró que ese país estaba "dispuesto a aceptar la transferencia desde Estados Unidos a Costa Rica del señor Kilmar Ábrego García después de que cumpliera cualquier sentencia criminal que corresponda en Estados Unidos de América".
El ministerio explicó que no planeaban detenerlo a su llegada y que el salvadoreño sería tratado acorde con las protecciones y protocolos de un refugiado. Después de aquel anuncio no fue emitido —al menos públicamente— algún otro que revirtiera la oferta inicial.
Pese a ello, el gobierno de Trump insistió en que el único destino posible era Liberia, una nación al oeste de África. En documentos de corte, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron el 7 de noviembre que Costa Rica no lo aceptaría sin que hubiera negociaciones y compromisos adicionales de parte de Estados Unidos.
El jueves en la corte de Xinis, John Cantú, testigo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), reiteró en nombre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que el destino de Ábrego sería Liberia y que Costa Rica "en este momento no es una opción".
La afirmación desconcertó a la jueza, que insistió a los funcionarios sobre el porqué no enviarlo a Costa Rica aún cuando estaba dispuesto a irse. Ensign sugirió que si Ábrego quería ir a Costa Rica podría hacerlo, pero después de que lo deportaran a Liberia. "¿Por qué hacer eso?", cuestionó Xinis.
Un día después, el viernes, el ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora Cordero, confirmó al diario The Washington Post que el anuncio hecho por el país en agosto "seguía en pie y sin cambios hasta este día". Reiteró que Costa Rica tenía "los más altos estándares en derechos humanos" y que recibirían a Ábrego "bajo condiciones humanitarias que le garantizaran el respeto completo de sus derechos y libertades".
"Una persecución vengativa y selectiva"
Los abogados de Ábrego introdujeron el domingo un documento ante las cortes de Maryland y de Tennessee (donde se decide su acusación criminal) en el que explican con el comunicado del ministro al Post por qué deben desestimarse los casos contra el salvadoreño: son "una persecución vengativa y selectiva", se lee en el documento de 15 páginas.
"Esto proporciona una prueba más —si es que se necesitaba— de la vengatividad del gobierno hacia el señor Ábrego y subraya la necesidad de descubrir las motivaciones de altos funcionarios que iniciaron esta acusación y que son al final los responsables de la mala representación del gobierno sobre la deportación a un tercer país del señor Ábrego".
Para ellos, se trata de un "castigo" por no haber aceptado su culpabilidad frente a los cargos criminales que un gran jurado le imputó a su regreso inesperado a Estados Unidos. En una declaración el jueves, Simon Sandoval Moshenberg, uno de los abogados del salvadoreño, dijo a los periodistas: "No puedo pensar en ninguna otra razón por la que todavía estamos peleando este caso, y por qué él todavía está tras las rejas en un centro de detención en Pensilvania cuando el gobierno podría haberlo enviado a Costa Rica hace meses".
Xinis aseguró ese día que su decisión "no será rápida" y que podría incluir la posibilidad de que Ábrego García fuera liberado de custodia migratoria.
Sin embargo, eso no garantizaría que el gobierno frene en sus intentos por removerlo de Estados Unidos. Tampoco frenaría el inicio en enero de su juicio ante una corte de Nashville por su caso criminal.






