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Expareja acusa de maltratos al investigador del caso mexicano de la Casa Blanca

La expareja de Virgilio Andrade, el funcionario mexicano que investigó el caso de la Casa Blanca y absolvió al presidente Enrique Peña Nieto, lo ha denunciado en México por violencia sexual, psicológica, económica y familiar.
4 Jun 2016 – 2:48 PM EDT

A Nayeli Martínez se le corta la voz cuando habla sobre la batalla judicial que enfrenta en la capital mexicana contra el hombre que fue su pareja durante cinco años. "El amor que yo sentía por él después fue convirtiéndose en miedo, en temor, y aunque mucho tiempo quise salvarlo, después era solo miedo", reveló la médica cirujana, quien está demandando al secretario de la Función Pública de México, Virgilio Andrade, por una pensión alimenticia y por violencia sexual, psicológica, económica y familiar.

En sus palabras Virgilio Andrade no es el principal encargado de vigilar el buen actuar de los funcionarios en su país, sino el compañero de quien se enamoró cuando conversaban sobre Historia, el padre de su hijo, y el hombre con quien se enfrenta en una denuncia penal que hasta ahora está abierta pero según ella no ha tenido avances. Él niega todos los cargos y le acusa de no presentar pruebas.


Su noviazgo comenzó en 2010, cuando ella era el enlace con las Fuerzas Armadas, como asesora de seguridad, el gobierno de la Ciudad de México y hacía trabajo político en un partido de izquierda. La relación con el hombre "inteligente, muy agradable, un caballero" que la visitaba asiduamente en su casa en un barrio popular al oriente de la ciudad, terminó en una serie de denuncias por violencia y un juicio familiar contra Andrade, ya como secretario de la Función Pública, un cargo que significa en la ley ser el encargado del buen manejo económico y ético de los funcionarios del gobierno federal.

Andrade tomó una decisión polémica en agosto de 2015, cuando absolvió al presidente de México , Enrique Peña Nieto, a su esposa, Angélica Rivera y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de posibles conflictos de interés en la compra una casa de siete millones de dólares para el mandatario y una de 581 mil dólares para su secretario de Hacienda.

La compra de los inmuebles se hizo pública mediante investigaciones periodísticas del portal Aristegui Noticias y el diario The Wall Street Journal, dadas a conocer tres meses antes de que él fuera nombrado al cargo en la Función Pública. Los inmuebles fueron vendidos y financiados por el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien encabeza un grupo empresarial que ha ganado unos 800 millones de dólares en contratos con el gobierno federal y del Estado de México durante los mandatos de Peña Nieto.

El poder que él obtuvo al interior del gabinete luego de la investigación, aseveró su expareja, le permitió "volverse intocable" y acrecentar los presuntos abusos contra ella, que ha denunciado ante instancias de derechos humanos, la Procuraduría General de la República (PGR), la ONU Mujeres y la propia institución que él dirige, de acuerdo con las copias de las querellas obtenidas por Univision Investiga. Ella asegura que las investigaciones no han avanzado y existe una protección oficial al funcionario.

"He sido víctima de violencia intrafamiliar, violencia psicológica, económica, sexual, pero también he sido víctima de violencia del Estado", dijo a Univision.

La pareja tuvo un hijo en 2013, que el funcionario reconoció ante el registro civil y fue bautizado en 2015 en la nunciatura apostólica, la sede diplomática del Vaticano en México, de acuerdo con un acta de bautismo que Martínez mostró a Univisión Investiga.



A pesar de que él estuvo casado durante toda la relación, y sigue estándolo actualmente, Martínez relató que los tratos humillantes no sucedieron a raíz de que ella descubrió que tenía una esposa, sino que había otras mujeres con quienes mantenía relaciones amorosas, además de ella.

"Me obligaba a hacer cosas que yo no quería", aseguró en la entrevista. Esto incluía, según los documentos, tener relaciones sexuales con él después de que lo había hecho con otras mujeres.

Estos encuentros, en su versión expuesta ante varias instituciones mexicanas, ocurrían en horario laboral en la oficina del funcionario, en una casa al sur de la Ciudad de México que fue rentada por su coordinador de asesores y en varios hoteles del centro de la ciudad. Ella ha pedido que se investigue igualmente si los inmuebles se pagaban con dinero público.

Como respuesta al expediente de queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en febrero pasado Andrade envió una carta en calidad de secretario de la Función Pública negando "rotundamente todas y cada una de las imputaciones". Aseguró que siempre "se ha comportado en forma correcta y respetuosa".



La CNDH explicó por escrito, luego de la solicitud de entrevista de Univision Investiga, que la queja fue cerrada en marzo debido a que determinaron que el caso era "un asunto entre particulares". Ella apeló al cierre pero la queja no ha sido reabierta.

En la misma respuesta, la CNDH confirmó que siguen abiertas las investigaciones en la PGR, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la oficina que Andrade dirige, la cual "es quien deberá resolver, en el ámbito de sus atribuciones, lo que en Derecho corresponda". Univision solicitó una entrevista con Andrade y Roberto Michel, el funcionario encargado de esta investigación interna, sin obtener respuesta.

Como parte del litigio, Martínez también demandó a su expareja por una pensión alimenticia, ya que alega que la entrega de dinero para su hijo sucedía de forma irregular y siempre posterior a que hiciera "lo que él quería". "Por pedirle la pensión de alimentos de mi hijo recibía insultos terribles como muerta de hambre, mantenida, centavera, o sea, humillante, degradante, cuando era un derecho de mi hijo", contó durante la entrevista que duró dos horas.

La defensa del secretario respondió que las peticiones monetarias de Martínez eran excesivas y no correspondían a las necesidades de gastos del niño.

En sus denuncias, ella insiste en que la presunta protección oficial al funcionario proviene del presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quienes "se la deben". Aunque en los documentos la médico cirujana no hace una referencia explícita al caso de la Casa Blanca, durante la entrevista aseguró que sí es este caso el que ella ubica como el origen de la protección gubernamental.

Martínez aseguró que fue el propio Videgaray quien propuso a Andrade como secretario de la Función Pública. Asegura que su expareja era consciente de que el nombramiento buscaba "solucionar este problema" que afectaba al grupo político al que Andrade, Videgaray y Peña Nieto pertenecen. En el pasado Andrade ya ha reconocido que es amigo de Videgaray.

"Su amigo Luis Videgaray es el que le llama, ellos son amigos desde la preparatoria, se conocen de toda la vida (...) había mucha responsabilidad y había un compromiso con Luis Videgaray que él quería mantener", añadió la demandante.


Los abogados de Andrade han negado en el juicio por alimentos que existiese algún maltrato. Los argumentos más insistentes en su respuesta son que la demanda de Martínez es ambigua y que ella omite "acreditar con elementos de prueba alguno las acusaciones". En este documento él niega igualmente que existiesen abusos sexuales y afirma que la demanda de ella no señala "las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que supuestamente sucedieron".

Martínez, maestra en administración militar por la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea, replicó que una evidencia del poder de su expareja es que él supuestamente tenía control sobre su sueldo y sus condiciones laborales, a pesar de que ella trabaja en una oficina de gobierno distinta a la que él dirige.

"Él me decía, por ejemplo, tienes que venir tal día a tales horas", señaló. " Si yo iba y hacía lo que él quería, sí me pagaban y si no, no me pagaban. Tenía que estar viéndolo para que mi dinero de mi sueldo, de mi trabajo, me lo pagaran".

Univision Investiga no pudo corroborar de forma independiente que existieran retrasos en sus pagos, pero sí que ella fue reubicada después de presentar las denuncias. Documentos oficiales de la oficina de gobierno para la cual trabaja muestran que fue reubicada, primero a laborar desde su casa y luego desde un edificio corporativo.

En una visita al lugar fue visible que está en reparación, los escritorios están vacíos, no hay equipo de trabajo ni personal laborando allí. La encargada de la recepción informó que será hasta el próximo mes que la oficina se usará como una de las sedes de la dependencia para la que Martínez trabaja. Sin embargo, un correo electrónico enviado por su jefe inmediato a principios de mayo, que ella enseñó durante la entrevista, muestra cómo él le reclama porque no se ha presentado en el edifico corporativo en su horario de labores.



Como parte del juicio familiar, el funcionario solicitó a la juez que prohibiera a ambos dar entrevistas. Con el argumento de que la exhibición pública del caso pondría en riesgo al menor, la juez aceptó la petición. Martínez considera que esta decisión es una forma de amedrentarla, por lo cual decidió otorgar la entrevista a Univision Investiga, aun bajo la premisa de que podría pagar una multa de unos 540 dólares.

Este 2 de junio fue la primera audiencia en el juicio familiar por la pensión alimenticia. El funcionario se excusó de no participar porque estaba en un viaje de trabajo en Jalisco. Univision Investiga se comunicó a las dos alcaldías que debían participar en la reunión, a la oficina del gobernador de Jalisco y a la secretaría general de gobierno para conocer la hora y lugar del evento al que el funcionario asistiría. Los funcionarios consultados respondieron que no tenían información de la existencia de una reunión o de una visita del secretario de la Función Pública.

En la oficina del gobierno del Estado respondieron que debía tratarse de un error, ya que el gobernador de Jalisco no estaba en la entidad para recibirle, pues se encontraba de gira de trabajo en Los Ángeles. Solamente el coordinador de logística de Andrade respondió a Univision que el evento sí había existido. La juez difirió la audiencia para el próximo 23 de junio, pero adelantó que se realizará con carácter de privada.

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