El congresista Greg Casar llegó hasta un centro de detención de inmigrantes para constatar cómo viven los detenidos y le negaron la entrada. Casar leyó la ley federal al oficial de seguridad, quien trabaja para la empresa privada CoreCivic, en la que enfatiza que tiene derecho de ingresar, pero no funcionó.

Agentes de ICE y de la DEA irrumpieron una casa durante la madrugada del 12 de agosto y arrestaron a siete inmigrantes, entre ellos un menor. Según una testigo, iban buscando a dos personas, pero “pagamos todos”. La mujer asegura estar preocupada, pues entre los detenidos está su inquilino que es discapacitado y no sabe en qué condiciones lo tienen. “Él no le hace nada malo a nadie”, dijo.

Una familia hispana denuncia que el 12 de agosto sufrió un ataque racista afuera de un negocio en San Antonio. La agresión que quedó en video muestra a un hombre burlarse de dos mujeres, gritarles que era agente de ICE y hasta amenazarlas con “mandar a todos los mojados a México con todos los carteles”. El abogado de Inmigración Haím Vásquez explica qué hacer en estos casos.

Un nicaragüense asistió a su cita en corte por su proceso de asilo, pero fue arrestado y llevado a un centro de detención en el que duró cinco días. El hispano dice haber vivido una “pesadilla” e incluso asegura que por el encierro se logra tener “un gran trastorno mental”. Sin embargo, el ‘habeas corpus’ lo salvó de una deportación. El abogado Julio Ramos explica cómo le funcionó.

Una empresa privada compró la prisión estatal de Marana, la cual tenía vacante desde el 2023, por $15 millones. La compra ha causado especulaciones sobre si habrá un nuevo centro de detenciones de inmigrantes en el estado. Emily Lawhead, directora de comunicaciones de la cárcel, se pronunció al respecto.

La administración de Donald Trump solicitó a la Corte Suprema una orden que divide la restricción de arrestar inmigrantes basándose en idioma, lugar de trabajo o raza. La propuesta ha causado indignación, por lo que preparan una demanda contra el gobierno alegando que la medida es inconstitucional. “Es una violación de los derechos humanos”, dijo Domingo García, presidente de LULAC.