El Condado de Prince George’s se sumó a otras jurisdicciones al prohibir que autoridades migratorias operen en edificios del condado y frenan la adquisición de centros de detención. La orden ejecutiva busca proteger propiedades públicas y evitar su uso para detener inmigrantes.

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Miles de personas que ingresaron de forma legal al país como refugiados enfrentan una nueva amenaza, luego de que el DHS ordenó detener a quienes no tengan su residencia permanente durante el primer año tras su entrada al territorio. Se trata de miles de personas que ahora viven con la preocupación sobre si podrían ser objeto de detenciones y eventualmente, ser deportados.

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Los concejales de Upper Darby, Pensilvania, votaron a favor de aprobar una ley que limite la cooperación con ICE. "Está muy bien porque últimamente en esta zona ha habido muchas redadas y la gente tiene miedo, no quiere salir ni a trabajar", dijo un residente de la localidad.

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La jueza de distrito Sunshine Sykes, recordó las muertes de Renee Good y Alex Pretti, ocurridas en enero pasado a manos de agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza

Hoy Juan Nicolás, bebé de apenas dos meses deportado cuando aún estaba enfermo, se reunió con sus hermanos mayores, aunque en poco tiempo se despedirán. Y es que pronto iniciará un nuevo viaje con su madre Mireya, quien antes salió huyendo de México por violencia y amenazas. Ella quiere llegar a Guatemala, de donde es originario Juan Mo Pop, padre del recién nacido. En exclusiva para N+ Univision, el hombre asegura que sigue afectado por el tiempo que pasó en Dilley.

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El caso de Mireya López Sánchez y su hijo Juan Nicolás ha desatado una ola de críticas contra las políticas migratorias de Estados Unidos, tras confirmarse la expulsión del menor de apenas dos meses de edad a pesar de su delicado estado de salud.

Primero estuvo retenida en el centro de detención familiar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dilley, Texas, lugar señalado de abusos contra los inmigrantes. Y fue deportada a México

La fiscal del Condado de Cook, Eileen O'Neill Burke, presentó un nuevo protocolo para garantizar que agentes federales enfrenten consecuencias legales si incurren en muertes, tiroteos o uso excesivo de fuerza durante operativos migratorios, como cualquier ciudadano.

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