El fin de semana se vieron familias enteras, con niños, cruzando las aguas del Río Bravo con el fin de llegar a Estados Unidos, entregarse a la Patrulla Fronteriza y pedir asilo. Esto antes de que entrara en vigor nuevamente el programa 'Quédate en México'.

El Departamento de Justicia reporta que 289 indocumentados con antecedentes delictivos fueron acusados en octubre por reingresar al país, 217 de ellos habían sido condenados previamente por delitos no relacionados con inmigración. Las cifras de noviembre no han sido publicadas.

Tras una revisión de datos emitidos por la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración respecto a menores no acompañados en proceso de deportación de Estados Unidos, investigadores de la Universidad de Syracuse suspendieron publicaciones por información defectuosa.

Para los solicitantes de asilo y para organizaciones que apoyan a los inmigrantes, la reimplantación del programa creado por Donald Trump es un foco de incertidumbre porque desconocen a dónde serán enviadas las miles de personas que desde hoy sean devueltas a México.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció las nuevas prioridades de deportaciones, lo que favorece a inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales, personas de la tercera edad y trabajadores del campo.

"Es importante que las personas no se confundan porque no es una regulación o una protección contra la deportación", dice la abogada Noemí Ramírez, quien explica que se trata de una norma a través de la cual los agentes migratorios tienen la autonomía de definir a quienes deportan. La nueva directriz dicta que un inmigrante podrá ser expulsado del país si existe alguna razón de peso para ello como, por ejemplo, que representa una amenaza para la seguridad nacional o que cuenta con antecedentes penales que lo clasifican como un peligro para la seguridad pública.