Con la aprobación de las enmiendas a la ordenanza migratoria, conocida también como la Propuesta A, la cual regula la colaboración de la policía estatal con ICE, las opiniones se han dividido. Por una parte, un líder del sindicato de la policía de Houston explica cómo cambiará la dinámica ante una detención; mientras tanto, los concejales que votaron en contra de las modificaciones expresan su inconformidad ante la exigencia del gobernador Greg Abbott.
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El Concilio de Houston aprobó este miércoles una versión revisada de la polémica ordenanza de inmigración, en una votación de 13-4 que, tras horas de debate, podría definir el destino de unos 114 millones de dólares destinados a seguridad pública en la ciudad.

La oficial Ashley González, del Departamento de Policía de Houston, fue relevada de su cargo tras la difusión de un video en redes sociales donde realiza comentarios racistas. Al respecto, el sindicato de policías se declaró "perturbado" por las expresiones ofensivas y manifestó que se mantiene a la espera de la investigación.
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La Ciudad de Houston ha presentado un texto que será votado el 22 de abril con los cambios en la Sección 34-41 de su Código de Ordenanzas, el cual busca detallar cómo sus oficiales deben manejar las solicitudes de autoridades migratorias sin vulnerar los derechos de los ciudadanos. A continuación te explicamos.

Bajo la presión de no perder el flujo de recursos estatales, el alcalde de Houston, John Whitmire, y el jefe de la policía local, J. Noe Diaz Jr., firmaron en 2025 un documento de "Certificaciones y Aseguramientos" que supedita el financiamiento público a una colaboración irrestricta con las autoridades migratorias federales. Te explicamos.

Quoc Viet Ngo, un teniente de la policía de Houston de 50 años, fue arrestado tras presuntamente enviar imágenes sexuales a quien creía era una menor de 15 años. En realidad, se trataba de una operación encubierta que permitió su captura. La detención sucedió cuando el sospechoso se dirigía al hogar de la supuesta adolescente con la intención de consumar el acto. Ahora enfrenta cargos por solicitud de un menor a través de internet, un delito que conlleva una pena de entre 2 y 20 años de prisión.
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