Hay acuerdos que sorprenden por lo que defienden y otros por quienes los suscriben. El que acaba de poner sobre la mesa el Comité de 100 pertenece a la segunda categoría: más de 250 líderes hispanos, incluidos empresarios vinculados al conservadurismo, figuras cercanas al movimiento MAGA, líderes religiosos y representantes de organizaciones históricas de derechos civiles, se unieron para pedirle al presidente Donald Trump y al Congreso un cambio de rumbo en materia migratoria.
MAGA y progresistas contra la política migratoria de Donald Trump: la inesperada alianza que exige freno a las deportaciones
El Comité de los 100 reúne a voces hispanas de distintas corrientes políticas en una iniciativa que busca abrir un nuevo frente de diálogo sobre el rumbo de la política migratoria en Estados Unidos.
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La petición no parte de un sector político único. En la misma plataforma convergieron voces progresistas y conservadoras que normalmente difícilmente compartirían una agenda migratoria. El punto de coincidencia: los inmigrantes indocumentados que llevan años viviendo, trabajando, pagando impuestos y formando familias en Estados Unidos necesitan una salida legal que les permita trabajar y vivir sin temor.
El Comité de 100 presentó así a finales de septiembre de 2026 una campaña nacional que busca presionar a Washington para que otorgue permisos de trabajo y protección legal a los inmigrantes de larga data.
Una alianza que rompe las fronteras partidistas
Entre quienes respaldan la iniciativa aparecen empresarios y dirigentes hispanos con perfiles conservadores, líderes evangélicos y figuras vinculadas al movimiento MAGA, pero también organizaciones de derechos civiles, grupos comunitarios y legisladores demócratas.
Entre los firmantes principales están Massey Villarreal, director ejecutivo de Precision Task Group, copresidente del Comité de 100 y expresidente de la Asamblea Nacional Hispana Republicana; Ramiro Cavazos, presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos y copresidente del Comité de 100; y Sam Sánchez, también copresidente del organismo.
Del otro lado del espectro aparecen figuras como Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, y Roman Palomares, presidente de LULAC.
La amplitud de la lista busca dejar claro que el reclamo no pretende encajar en una sola etiqueta ideológica.
“Podemos ser partidarios de MAGA, podemos ser progresistas, podemos estar en algún punto intermedio”, señalaron los líderes en la carta presentada durante la conferencia de prensa. El mensaje que siguió fue directo: republicanos y demócratas deben ofrecer soluciones para quienes llevan décadas contribuyendo a sus comunidades y lugares de trabajo.
El reclamo también apunta dentro del Partido Republicano
Uno de los mensajes más duros llegó de Villarreal, un republicano de larga trayectoria que convirtió la presión sobre la Casa Blanca en una exigencia explícita.
“Exijo al presidente Trump que destituya a Stephen Miller”, declaró, al advertir que mantener el actual rumbo migratorio podría tener consecuencias electorales para los republicanos.
Villarreal sostuvo que las deportaciones están afectando a la fuerza laboral y que la economía estadounidense no puede sostenerse sin los inmigrantes que durante años han trabajado y contribuido al país. También aseguró que los votantes latinos están rechazando la idea de que hacer cumplir las leyes migratorias y ofrecer soluciones legales sean objetivos incompatibles.
Su advertencia tiene un componente político evidente: el Comité de 100 lanzó su campaña a pocas semanas de las elecciones de medio término.
De la frontera a quienes ya echaron raíces
El argumento de la alianza no se centra únicamente en la aplicación de las leyes. Su propuesta busca poner el foco en una población específica: inmigrantes indocumentados con una larga trayectoria de residencia y trabajo en Estados Unidos.
Roman Palomares, de LULAC, resumió esa posición al defender la posibilidad de proteger las fronteras y hacer cumplir las leyes mientras se reconocen las contribuciones de quienes han construido sus vidas en el país durante décadas.
“Durante demasiado tiempo, Washington ha debatido sobre inmigración mientras millones de personas que han vivido, trabajado, pagado impuestos y formado familias aquí durante décadas siguen viviendo en la incertidumbre”, afirmó.
Desde el sector empresarial, Cavazos planteó el problema como una cuestión económica y no exclusivamente partidista. “Necesitamos reformar nuestras leyes de inmigración o nuestra economía no crecerá”, afirmó. Para el presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos, los inmigrantes de larga data ya forman parte de los negocios y comunidades del país.
El Congreso también recibe presión
La iniciativa no se quedó en una declaración de líderes hispanos. Durante la conferencia de prensa participaron las representantes demócratas Verónica Escobar y Sylvia García, quienes defendieron propuestas legislativas dirigidas a distintos grupos de inmigrantes.
García destacó su Ley del Sueño Americano y la Promesa, que plantea un camino hacia la ciudadanía para jóvenes indocumentados que cumplan determinados requisitos y protección permanente para beneficiarios elegibles del Estatus de Protección Temporal (TPS).
Escobar, por su parte, defendió la Ley de Dignidad, que plantea otorgar estatus legal a millones de residentes de larga data, mantener unidas a las familias, ampliar las vías legales y reformar los sistemas fronterizos y de asilo.
El mensaje común fue que la discusión debe pasar de las declaraciones políticas a medidas concretas.
Los votantes latinos también ponen la tensión
La alianza llegó acompañada por una encuesta bipartidista realizada por BSP Research y Shaw & Co. para ABIC Action y American Families United.
El dato que más peso tuvo durante el encuentro fue que 75% de los votantes latinos encuestados dijo que sería más proclive a apoyar a un candidato que respalde permisos de trabajo para inmigrantes indocumentados de larga trayectoria laboral que hayan trabajado y pagado impuestos en Estados Unidos.
Además, 63% señaló que el trato a los inmigrantes es uno de sus temas prioritarios.
Matt Barreto, fundador de BSP Research y profesor de UCLA, aseguró que el mensaje apareció de manera consistente entre los distintos grupos demográficos consultados: los votantes latinos quieren que los funcionarios electos actúen en materia migratoria y muestran una fuerte preferencia por permisos de trabajo, estatus legal y soluciones permanentes frente a la deportación indiscriminada.
El estudio también señaló un cambio político relevante: el desplazamiento de los votantes latinos hacia los republicanos registrado en 2024 se había revertido en gran medida en los estados incluidos en la encuesta, con los demócratas al frente en seis de los siete estados consultados.
Una disputa que trasciende la ideología
Para los dirigentes reunidos alrededor del Comité de 100, el tema migratorio ya no puede reducirse a una pelea entre republicanos y demócratas.
Clarissa Martínez De Castro, vicepresidenta de la Iniciativa del Voto Latino en UnidosUS, planteó que el Congreso debe superar el ciclo de crisis y polarización y avanzar hacia un sistema que combine leyes justas, aplicación efectiva y soluciones para los inmigrantes que llevan largo tiempo en el país.
Desde el ámbito religioso, el pastor Tony Suárez sostuvo que la inmigración también involucra a las familias, las iglesias y las comunidades, mientras que Vanessa Cárdenas, de America's Voice, advirtió sobre el impacto que las deportaciones tienen en las familias y la fuerza laboral.
Así, el Comité de 100 intenta construir un terreno común donde normalmente no lo hay: seguridad fronteriza y cumplimiento de la ley, pero también permisos de trabajo, protección legal y una eventual vía hacia la ciudadanía para quienes llevan décadas asentados en Estados Unidos.
El mensaje que llega antes de noviembre
La campaña apenas comienza, pero sus promotores ya eligieron el escenario para elevar la presión: el Mes de la Herencia Hispana y las semanas previas a las elecciones de medio término.
El llamado no está dirigido únicamente a Trump. Los firmantes quieren que ambos partidos entiendan que la comunidad hispana está observando sus decisiones sobre inmigración y que ignorar sus prioridades puede tener un costo político.
“El voto hispano se gana con respeto”, concluyeron los firmantes.
Y esa es quizá la parte más significativa de esta inesperada alianza: por encima de las diferencias entre MAGA y progresistas, entre empresarios y activistas, entre líderes religiosos y legisladores, más de 250 voces decidieron coincidir en una demanda concreta. No piden que desaparezca la discusión sobre seguridad fronteriza; piden que Washington deje de tratar como una cifra abstracta a quienes llevan años construyendo una vida dentro del país.
Ahora la presión está sobre Trump y el Congreso. La alianza ya puso su posición sobre la mesa. Falta saber si Washington estará dispuesto a escucharla antes de que los votantes vuelvan a las urnas.
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