La dinastía familiar de Daniel Ortega inaugura un tercer mandato consecutivo en Nicaragua

MANAGUA, Nicaragua-. Daniel Ortega asumieron este martes 10 de enero su tercer mandato consecutivo junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta de Nicaragua, en medio de la crisis de legitimidad desencadenada por unas elecciones donde la abstención rondó el 70%.

El nuevo gobierno de la pareja presidencial ha sido catalogado como la instauración “de una dinastía familiar”, y sorteará complejidades ante el descalabro de la cooperación venezolana —que se estima en 3,500 millones de dólares desde 2006— que eran el combustible de su maquinaria clientelar para ganar votos y capear la crisis económica mundial.

La designación de Murillo como compañera de fórmula causó descontento incluso dentro de las mismas filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido que hizo la revolución durante la década de los ochenta, y que en la actualidad es controlado en su totalidad por la familia Ortega-Murillo. La primera dama es una figura ágil y autoritaria que ha ejercido un papel de primer ministro de facto al encargarse de las decisiones administrativas del gobierno de su esposo.

Sin embargo, las militantes históricos que aún quedan con Ortega se opusieron a la candidatura de Murillo. Hubo un cisma en el partido, pero la primera dama logró imponerse tras meses de incógnita. El mismo Ortega la llamó la “eternamente leal” y luego la inscribió ante el Poder Electoral como su fórmula.

“En Nicaragua no hay una verdadera toma de posesión. No es el resultado de una elección que confiera legitimidad, dada la enorme abstención que tuvimos el 6 de noviembre. En consecuencia, lo que habrá es una toma de designación”, ironizó el analista política Carlos Tünnermann, exministro de Educación durante la revolución sandinista.

Tünnermann dijo a Univisión Noticias que el deseo de Ortega es continuar con su sistema de concentración de poder, “el ejercicio del poder absoluto para tratar de transferirlo de forma dinástica a través de Rosario a su familia, tal como hizo la familia Somoza… y ya sabemos cómo terminan esos intentos de dinastía en el país”.

Desde que regresó al poder en 2006, el exguerrillero sandinista se hizo del control de todos los poderes del Estado, sepultando su independencia. Implantó su influencia en la Policía Nacional y el Ejército; igual en los sindicatos y las alcaldías del país. Para mantenerse aferrado al poder, el líder sandinista ha realizado fraudes electorales, cuestionados por sectores políticos del país, y documentados por misiones de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.

En el plano económico, Ortega privilegia la relación con el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP): lo llama una relación de “consenso”, aprobando leyes en conjunto. Mientras que con la millonaria ayuda venezolana, se ha hecho dueño de la mayoría de medios de comunicación y financiado sus programas populistas entre los más pobres.

Desgaste

Sin embargo el desgaste del gobierno de Ortega es evidente en muchos aspectos. Las exportaciones disminuyen, el proyecto del Canal Interoceánico —promocionado como la panacea a todos los problemas de Nicaragua— se difumina ante la falta de inversores y la capacidad del concesionario chino Wang Jing. Además, la protesta campesina contra esta obra ha despabilado a otros sectores sociales. La demanda de elecciones libres y la falta de libertades democráticas ha sido una constante, que logró la atención del secretario general de la OEA, Luis Almagro, con quien el gobierno de Ortega accedió a realizar “una mesa de intercambio y diálogo” sobre los temas políticos y electorales, que finalizará este 15 de enero.

Al acercamiento del gobierno de Ortega con la OEA —tras una tensa relación— lo antecede la aprobación de forma unánime por parte del Congreso de Estados Unidos de la iniciativa llamada Nica-Act, que establece sanciones económicas para el país como castigo a la deriva autoritaria de la administración sandinista. Por ahora, la ley está en boga en el Senado estadounidense, instancia que tendrá la última palabra.

“El señor Daniel Ortega no tiene, desde ningún punto de vista, la suficiente legitimidad democrática, un sustento político que permita ser optimista en cuanto a la estabilidad que relativamente ha habido. En fin, creo que es imprescindible, de una urgente necesidad, que el comandante Ortega no continúe por la vía que nos ha llevado”, expresó Gabriel Álvarez, abogado constitucionalista y miembro del Grupo de los 27, una asociación de intelectuales y políticos que demandan la realización “de nuevas elecciones libres” en Nicaragua.

El grupo de los 27 —conformado por personajes de la talla del poeta Ernesto Cardenal, la escritora Gioconda Belli, y el excandidato presidencial Fabio Gadea Mantilla— reclaman la restauración de la institucionalidad democrática en el país. Para ello, expresaron en una carta enviada a Almagro este 9 de enero la necesidad de que se convoque a unos comicios generales con observación nacional e internacional independiente y árbitros imparciales. Los intelectuales resumieron además los últimos actos políticos de Ortega por medio de los cuales destituyó de forma ilegal a 27 diputados opositores en julio de 2016, y sacó de la contienda electoral a la Coalición Nacional por la Democracia. Fue así como en las elecciones del pasado 6 de noviembre, Ortega ganó unas elecciones sin oposición verdadera.

Pero para Ortega y Murillo el panorama es diferente. Este 7 de enero la pareja presidencial recibió por parte del Poder Electoral las credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidente, respectivamente. En la ceremonia Ortega dijo estar satisfecho con la jornada electoral, obviando la baja participación registrada.

“Esta ha sido una Jornada Electoral que logró cerrar su fase de votación, a pesar de los obstáculos que le intentaron poner al proceso Electoral. Prevaleció la voluntad, la decisión del pueblo de seguir optando por la forma establecida en la Constitución, en la ley, de elegir a sus autoridades a través del voto, frente a lo que son los llamados a la violencia, que están presentes en Nicaragua y en el planeta; pero que en Nicaragua son totalmente minoría, gracias a Dios”, refirió el mandatario sandinista.

Este 10 de enero, Ortega y Murillo serán juramentados por el nuevo presidente del Parlamento: el líder sindical Gustavo Porras, un leal de la primera dama Rosario Murillo. Este nombramiento sorprendió. Se especulaba que quien ocuparía puesto sería el vicepresidente saliente, Omar Halleslevens, exjefe del Ejército, y quien representa los intereses de la institución castrense en la sucesión del poder, que, ahora, en Nicaragua, ha sido acaparada por la familia Ortega Murillo.