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El barco multipropósito DP II de Ocreanografía. (Imagen de la página digital de Oceanografía.com.mx).

Naviera mexicana se salva de la quiebra

Naviera mexicana se salva de la quiebra

Oceanografía, que fue intervenida por un presunto fraude multimillonario, se ha salvado de la quiebra gracias a un convenio firmado con sus acreedores. 

El barco multipropósito DP II de Ocreanografía. (Imagen de la página dig...
El barco multipropósito DP II de Ocreanografía. (Imagen de la página digital de Oceanografía.com.mx).

Por Peniley Ramírez, Univision Investiga

La naviera mexicana Oceanografía, que fue intervenida por un presunto fraude multimillonario, se ha salvado de la quiebra gracias a que este martes un juez federal en la Ciudad de México aprobó un convenio firmado por el 70 por ciento de sus acreedores.

El juez que llevó el concurso mercantil -al que estuvo sometida la sociedad desde julio del año pasado- resolvió esta mañana aprobar el convenio "en sus términos con carácter de sentencia".

El documento del convenio, que fue conocido por Univision Investiga, muestra las condiciones que fueron aceptadas por la mayoría de los acreedores pero no reconoce por ahora la deuda que reclama el conglomerado Citigroup, en conexión con un supuesto fraude por $400 millones de dólares por parte de Oceanografía que precipitó la intervención del gobierno.

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Sin embargo, el convenio admite deudas con este banco por $122.87 millones que no tienen ninguna relación con el presunto fraude.

Fueron contraídas en 2008 por la empresa propiedad del mexicano Amado Yáñez Osuna, hoy preso en la capital mexicana bajo cargos de delitos financieros.

El escándalo del presunto fraude a Citigroup llevó al gobierno mexicano a tomar el control de la empresa y pedir una declaratoria de concurso mercantil, dictada por el juez Felipe Consuelo Soto en julio de 2014.

Ante este acuerdo previo de acreedores, del que reveló algunos detalles el diario mexicano El Financiero el pasado 5 de mayo, el juez tenía la opción de dictar una sentencia que lo confirmara o declarar oficialmente la empresa en quiebra. También tenía la opción de aplazar la decisión.

La propuesta que aceptó la mayor parte de los acreedores y fue considerada por el juez para sacar a la empresa del concurso mercantil deja en manos de los socios originales de la empresa apenas el cinco por ciento de las acciones, las cuales serán colocadas en un fideicomiso.

Este cinco por ciento se dividirá entre Amado Yáñez Osuna y su hermano Carlos Daniel, el empresario Oliver Fernández Mena, los hermanos Francisco y "scar Rodríguez Borgio, el financiero Martín Díaz Álvarez y Alberto Duarte Martínez, un empleado de confianza de la empresa quien ostentaba un número minoritario de las acciones.

En la repartición que fue aprobada en el documento al que tuvo acceso Univision Investiga se detalla que los "nuevos inversionistas" tendrán el 51% de las acciones.

El socio mayoritario de ellos será el que entregue $76 millones de dólares a una Aportación de Financiamiento de Emergencia para gastos de operación y mantenimiento de los barcos, además de los sueldos de los empleados con los que se echaría a andar nuevamente la compañía.

Otro 29% de las acciones se dividirá entre los acreedores que tienen garantía, mayormente fondos de capital que tienen bonos de deuda de la empresa y otros acreedores que han sido reconocidos durante el concurso mercantil.

El convenio prevé dejar un 12.5% de las acciones a los acreedores cuyos adeudos aún se encuentran en litigio, como los de Banamex, que no fueron reconocidos en octubre pasado por el juez como parte del concurso mercantil.

Con la aprobación de este acuerdo, la flota de Oceanografía deberá estar nuevamente en funcionamiento durante los próximos tres meses, asegura el documento.

El convenio reconoce que la empresa operará con 18 de los barcos que conformaban su flota, los más grandes y equipados. El resto se venderán para que el dinero sirva en el "mantenimiento y uso ordinario de la empresa".

Los acreedores hicieron hincapié, y así está firmado en el convenio, en que los nuevos dueños nombrarán un director general y director financiero, quienes "no podrán tener relación con la administración pasada".

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Historial de conflictos

La naviera Oceanografía surgió en 1968, pero se convirtió en una de las contratistas más importantes de Pemex en la década pasada.

Durante años su dueño lidió con acusaciones públicas de que había tenido una sociedad corrupta con los hermanos Bribiesca, los hijos de Martha Sahagún, la esposa del expresidente mexicano Vicente Fox, para ayudarle a conseguir contratos de rentas de barcos con Pemex.

El escándalo derivó en una investigación de la Cámara de Diputados en la que no se determinó el vínculo entre los Bribiesca y los Yáñez.

La compañía mantuvo un historial creciente de contratos, sobre todo para renta de barcos en operaciones costa afuera, en el Golfo de México. Se convirtió en la empresa mexicana que más facturaba a la petrolera.

Pero el 11 de febrero del año pasado Pemex la inhabilitó para firmar contratos con dependencias públicas, bajo cargos de no haber cumplido con los montos totales en los pagos de unas fianzas.

Dos semanas más tarde, Citigroup anunció a sus inversionistas que derivado de esta inhabilitación, revisó un esquema de "créditos a corto plazo" que había firmado con Oceanografía sobre las cuentas por cobrar que la contratista tenía en sus contratos con Pemex y descubrió un fraude.

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Citigroup divulgó ante sus inversionistas en bolsa en México y Estados Unidos, además de la Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en inglés), que había determinado que "una parte significativa de las cuentas por cobrar (…) eran fraudulentas".

Eso trajo como consecuencia una baja en los ingresos anuales de 2013 del conglomerado Citibank por $235 millones de dólares, después de impuestos.

Llevó a la renuncia del CEO de la filial mexicana del conglomerado, Grupo Financiero Banamex, Javier Arrigunaga, en octubre pasado, y del mexicano Manuel Medina-Mora a la copresidencia de Citigroup, en febrero de este año.

Dos días después de que Citi anunció el fraude, el 2 de marzo de 2014, el gobierno mexicano decretó un aseguramiento provisional de Oceanografía.

Derivaba de una averiguación previa, en la que se habló de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el nombre formal utilizado en México para referirse a casos de lavado de dinero.

Desde entonces, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) tomó control de la empresa, que entonces tenía más de 11 mil trabajadores y actualmente cuenta aproximadamente "con mil cien de ellos", de acuerdo con un borrador del convenio al que también tuvo acceso Univision.

Con la declaratoria de terminación del concurso mercantil, publicada esta mañana por el poder judicial, se termina también esta intervención del gobierno en la operación y manejo de la compañía.

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Luego del aseguramiento la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó que la empresa entrara a concurso mercantil, el cual se decretó en julio pasado.

Como parte del proceso concursal se decretó un visitador, José Antonio De Anda Turati, quien debía dirimir cuáles eran los acreedores de la naviera y los montos que se les adeudaba a cada uno.

La primera lista de acreedores se hizo pública en septiembre. En ésta aparecía Banamex con una deuda de 5,300 millones de pesos mexicanos.

Pero un mes más tarde, el juez que ha llevado el concurso mercantil, Felipe Consuelo Soto, desechó parte de la lista que había elaborado el conciliador y publicó otra definitiva, la cual ya no incluía la deuda con Banamex. El banco impugnó la decisión y aún se encuentra en litigio para que se le reconozca.

Pretenden concursar en México

La inhabilitación con Pemex fue suspendida en julio del año pasado por el juez que ha llevado el concurso mercantil, quien solicitó a las autoridades reintegrarle los contratos y evitar con ello la quiebra de la compañía.

La flota de Oceanografía remanente en esta nueva será de 18 barcos "específicamente diseñada para trabajos costa afuera para la industria petrolera".

Todos tienen bandera mexicana, "situación que les da ventaja competitiva, conforme a la legislación aplicable, frente a barcos con bandera extranjera", se lee en el borrador que primero revisaron los acreedores.

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Ante la falta de contratos directos con Pemex, la compañía propuso a los acreedores durante la negociación del convenio, alquilar su flota a terceras empresas que le trabajen a la petrolera, en un esquema de renta de tarifa por día.

El producto de las recaudaciones de cuentas por cobrar que la empresa tenía al momento del aseguramiento, podría usarse para liquidar a los empleados que fueron despedidos o que saldrán de la empresa con la nueva reestructuración organizativa, según el convenio.

Al momento en que la empresa pasó a ser administrada por el SAE, tenía activos $1,581 millones de dólares.

 

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