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Asesinatos

Los 'paras' la declararon "objetivo militar" y fue asesinada por sicarios frente a sus hijos

El brutal homicidio de María del Pilar Hurtado, ocurrido el 21 de junio en la localidad de Tierralta, conmueve a Colombia. La víctima, de 34 años, tenía cuatro hijos y había huído de su pueblo natal hace cuatro años por amenazas.
24 Jun 2019 – 5:00 PM EDT

El cuerpo de una madre se desangraba en el suelo de tierra, justo frente a dos de sus hijos menores de edad. Sicarios en moto le habían dado dos disparos mortales. En los videos viralizados en redes sociales, se ve a uno de los niños, de 12 años, llorar de forma desgarradora, golpeando las paredes de una casa y lanzando patadas desesperadas al aire.

La mujer, que fue asesinada el viernes 21 de junio, se llamaba María del Pilar Hurtado y tenía 34 años. Su muerte ha conmocionado a toda Colombia.

Las autoridades de ese país aún investigan lo ocurrido. Pero según medios locales, Hurtado ya había tenido que dejar hace cuatro años su natal pueblo Puerto Tejada, en El Cauca colombiano, porque recibió amenazas tras denunciar dónde asesinaban o desaparecían a sus víctimas los grupos armados vinculados con el narcotráfico que operaban en la zona. Estos lugares eran conocidos popularmente como 'casas de pique'.

Desde entonces ella y su familia eran desplazados internos, como miles de colombianos que cada año deben dejar su comunidad por la violencia, según cifras de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR). Hurtado, su esposo y sus cuatro hijos (de 5 años, dos mellizos de 12 y uno de 14, todos de padres distintos) se mudaron a Tierralta, al sur del departamento de Córdoba, y levantaron una vivienda rudimentaria en un terreno que había sido invadido por otros sin techo años atrás y que era propiedad del padre del alcalde de la zona, Fabio Otero Avilés.

Según informó el diario El Espectador, Hurtado incluso se reunió con el alcalde en varias ocasiones para entregarle los listados de las familias que ocupaban esas tierras y necesitaban una vivienda. Eso le explicó al medio Andrés Chica, activista local de la fundación de derechos humanos Cordoberxia, quien aseguró que tras las denuncias también recibió amenazas de muerte en su teléfono celular y tuvo que huir.

Según Chica, María del Pilar y otros líderes comunitarios habían alcanzado un acuerdo con el alcalde: que si desocupaban voluntariamente el territorio, las autoridades dividirían el espacio y les darían títulos a cada uno. El acuerdo no se cumplió, cuenta El Espectador: a finales de mayo un escuadrón de la policía entró al lote y los desalojó.

"Antes de esta salida se veía a la policía transitando en carros cerca del predio y detrás de ellos iban en moto personas armadas atemorizando con disparos al aire", denunció Chica.

La revista colombiana Semana asegura que ese municipio del sur de Córdoba no conoce la paz a pesar de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y del acuerdo de paz alcanzado con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hace casi tres años.

Dos días después de aquel supuesto acuerdo con el alcalde, en mayo de 2019, comenzó a circular un panfleto amenazante firmado por la organización paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, una rama de las AUC que actúa ilegalmente en la zona y la ocupó sin oposición del Estado luego de que varios frentes de las FARC se retiraran tras el proceso de paz.

"Bajo nuestro fuego declaramos objetivo militar a las siguientes personas", dice el comunicado, que de seguidas mencionaba a cinco personas por nombre y apellido y al menos a otras dos de las que solo aportaba una descripción. Aunque Hurtado no fue identificada claramente, los activistas presumen que se refirieron despectivamente a ella como "la gorda hpta (hija de puta) mujer del chatarrero". Lo suponen porque su esposo trabajaba en la recolección de desechos para reciclar.

Desde que el panfleto fue difundido, tres personas fueron asesinadas, la última de ellas fue María del Pilar. Además, otra persona resultó herida y otras tres fueron desplazadas.

El alcalde Otero negó que Hurtado fuese una líder de la comunidad, como la describe Chica, y aseguró que iniciaría acciones legales contra quienes vincularon a su familia con el asesinato, debido a la disputa relacionada con las tierras.

Mientras se desvela qué motivó el crimen, los hijos de Hurtado fueron trasladados a otro departamento con una tía materna y su abuela. El comandante de la Policía de Córdoba, el coronel Jairo Baquero, negó que María del Pilar hubiera sido mencionada en el panfleto y dijo que tenían cuatro hipótesis, que no reveló.

En su cuenta de Twitter, la Defensoría del Pueblo de Colombia rechazó el asesinato y las amenazas contra el activista Andrés Chica, para quien pidió protección.


El presidente Iván Duque catalogó el crimen como "atroz", ordenó dar con los responsables y designó a una comisión de Bienestar Familiar para que lidere el proceso de acompañamiento y asistencia a los hijos de Hurtado y a su familia.

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