null: nullpx
Proceso de Paz

Si llega un desmovilizado, lo matamos: por qué las pandillas de Medellín dijeron 'No' a la paz con las FARC

Medellín ha sido una de las ciudades del mundo más castigadas por la violencia, pero votó masivamente contra los acuerdos de paz. Al frente del 'No' se pusieron mundos tan diferentes como las bandas callejeras de las Comunas más violentas y las élites acomodadas.
11 Oct 2016 – 07:22 PM EDT
Comparte
Colombia rechazó el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC por un margen muy estrecho: la opción del 'no' se impuso en el plebiscito con 50.2% de los votos. Crédito: Getty Images

MEDELLÍN, Colombia.- Los encuentros con la pobreza se repiten al subir las pendientes de la Comuna 13 de Medellín. Una niña embarazada que no ha cumplido aún los 14 años. Una familia que vive hacinada en un sólo cuarto, en una de las viviendas que cuelgan de las laderas. Bandas de jóvenes que extorsionan a comerciantes a plena luz del día. En los días claros, desde lo más alto se divisan a lo lejos los apartamentos de lujo de otra Comuna, la 14. Allí es donde están los restaurantes de moda, los nuevos centros comerciales y las discotecas para los hijos de la élite colombiana. Son dos mundos radicalmente diferentes y, sin embargo, el pasado domingo confluyeron por un día.

El plebiscito quedó sentenciado en Medellín, donde un 62,9% de los votantes se decidió por el 'No'. En la Comuna 13, donde la guerra civil de Colombia vivió sus batallas urbanas más cruentas a principios de los 90, pesó un temor contradictorio: que la llegada de la paz al país suponga el regreso de la guerra a los barrios.

¿Qué harán los guerrilleros cuando vengan a la ciudad? Habrá paz en el campo y traerán aquí las muertes”, dice Jairo, un joven pandillero de 21 años que viste una camiseta de los Browns de Cleveland (NFL) y muestra orgulloso la cicatriz de un balazo en la pierna. “Los problemas le persiguen a uno aunque no quiera en lugares como éste”.

Los mayores de la Comuna 13 no olvidan los días en que los cerros orientales que se alzan sobre Medellín se convirtieron en campo de batalla. Sus barrios fueron guarida del M-19 primero, las FARC y el ELN después y finalmente los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Cientos de desaparecidos de la época siguen siendo reclamados por sus familias y buscados por la Fiscalía en La Escombrera, el cementerio clandestino de la Comuna 13 donde se arrojaba a las víctimas.

La Comuna 13 y otros sectores marginales están dominados por combos o bandas que viven de la extorsión, la explotación y los ajustes de cuentas. Más temible aún para el Estado es la tercera generación de narcos: los grupos criminales o Bacrim que nacieron de las filas de los paramilitares tras la desmovilización diseñada por el expresidente Álvaro Uribe. El Gobierno los considera la mayor amenaza para la estabilidad del país en un escenario posterior al conflicto con las FARC.

Los últimos años han traído una relativa calma a Medellín que ha permitido a las autoridades presentar titulares de prensa que contradicen el pasado más violento de la ciudad. La gran urbe registró en 2015 la menor tasa de homicidios en cuatro décadas, con 494 asesinatos, y en marzo recibió el premio Lee Kuan Yew de urbanismo, uno de los de mayor prestigio del mundo. El jurado dijo que la transformación de las dos últimas décadas la había convertido en una “ciudad que celebra la vida”.

Activistas sociales atribuyen la mejora de la seguridad a una combinación de medidas públicas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Medellín, que ha revitalizado la capital antioqueña, y al conocido como el Pacto del Fusil por el que las principales bandas armadas acordaron en 2013 no agredirse, evitando atraer una atención de las autoridades que perjudique sus negocios de tráfico de drogas, prostitución, tráfico de personas y extorsión. Es una tregua frágil que comandantes de las Bacrim han prometido romper si la ciudad recibe a guerrilleros de las FARC desmovilizados, como estaba previsto en los acuerdos de paz. “Subversivo que llegue a nuestras zona, subversivo que se le da de baja”, advertía meses atrás en Caracol TV “La Pantera”, jefe de una guerrilla paramilitar que asegura tener entre sus filas a 2.000 hombres armados.

Abajo en El Poblado, en la Comuna 14 de Medellín donde la violencia es una amenaza más distante, el odio hacia las FARC es parecido. Existe una oposición frontal a la estrategia del presidente Juan Manuel Santos para terminar con 52 años de guerra en Colombia. El mensaje que cala hondo aquí es el que transmite su rival, el expresidente Álvaro Uribe: los acuerdos ahora suspendidos eran un premio a la impunidad y la participación política de las FARC habría supuesto un primer paso en la instauración en Colombia del “castrochavismo”, una mezcla de las políticas de los gobiernos de Cuba y Venezuela. El perdón público ofrecido por el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño alias “Timochenko”, el día que se firmaron los acuerdos, nunca fue visto como un gesto sincero. Y aunque lo hubiera sido, para Medellín habría seguido siendo insuficiente para la paz.

Nada más conocerse los resultados del plebiscito, el pasado domingo, mientras unos pocos seguidores del 'Sí' lloraban frente al Teatro Pablo Tobón Uribe, de fondo se escuchaba el ruido de las bocinas de los coches y la pólvora de quienes celebraban la victoria del 'No'. En pocos lugares se encajó peor el resultado que en las oficinas de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), que en los últimos siete años ha visto como 14 personas relacionadas con la organización eran asesinadas, según denuncia su presidente.

El fundador de Corpades, Fernando Quijano, dirigió a un grupo armado de 180 hombres antes de abandonar la violencia en 1998 y convertirse en activista contra las bandas criminales y en favor de lo que llama la “paz urbana”. “ Medellín es la capital antipaz de Colombia”, dice el excomandante, que está amenazado de muerte y se mueve por la ciudad protegido por siete guardaespaldas armados. “¿Quién me quiere matar? La misma alianza que no quiere la paz. Empresarios, políticos y mafiosos que controlan la ciudad y tienen a las bandas paramilitares a su servicio”.


De regreso en la Comuna 13, los vecinos comentan las últimas muertes en el sector. Manuel Esteban García Agudelo, de 28 años, abatido a tiros el lunes cuando se encontraba con unos amigos. Hugo Armando Montoya Moreno, un vendedor ambulante, asesinado el martes en su casa. El asalto días atrás a un autobús, donde varios jóvenes maniataron a un pasajero y lo apuñalaron hasta la muerte en la carretera 115. Los habitantes de esta zona han aprendido a vivir con la "relativa calma" de la extorsión diaria y los ajustes de cuentas ocasionales. Otros, como Gerardo Mesías, no se resignan.

El líder vecinal de La Divisa, uno de los barrios de la Comuna 13, señala hacia El Poblado desde la azotea de su casa llamándolo La Patagonia, por lo lejos que queda de los sueños de los vecinos de esta parte de Medellín. Mesías llegó hace 32 años, tiempo suficiente para haber vivido los días de plomo y dinamita en los que la ciudad llegó a vivir más de 6,300 asesinatos en un año. El narcotraficante Pablo Escobar, recuerda, no fue el único que mató indiscriminadamente en esta ciudad.

Mesías llegó a controlar cuatro rutas de autobuses en la Comuna 13, hasta que llegó el Metrocable, el funicular que lleva a los vecinos desde la estación de San Javier a los barrios de las colinas, y su empresa quebró por falta de pasajeros. Su hijo Carlos había empezado a seguir sus pasos y se había hecho conductor de autobús cuando lo mataron hace cuatro años. En este tiempo ha escuchado diferentes versiones sobre los motivos del asesinato, pero él dice que ha dejado de preguntárselo. “Fue la desigualdad social que vivimos”, asegura. “Y para terminar con ella hace falta que primero estemos en paz. Por eso yo voté Sí en el plebiscito”, dice consciente de que fue una de las excepciones en el barrio.

Comparte

Más contenido de tu interés