Las víctimas de la violencia tienen rostro y su pueblo se llama El Castillo

—Un día la guerrilla se metió al pueblo y empezó a disparar como a las cinco de la mañana. El tiroteo duró un buen rato, hasta que llegó el ejército y la policía en helicópteros. Eso fue pura bala, bombas, y nosotros en el medio. Pensamos que de esa no salíamos; con mis hermanos y mi mamá nos abrazamos y nos despedimos. Nos metimos debajo de las camas a esperar la muerte.

Que no llegó ese día. Y Amparo Cárdenas, habitante de El Castillo, en los Llanos de Colombia, pudo seguir en ese pequeño pueblo su rutina de todos los días. Un largo atado de horas azarosas que recuerda sentada en el patio de su casa:

—Cada tanto veíamos pasar hombres vestidos de verde, y uno a veces no sabía si era guerrilla, si eran paras, ejército o qué. Uno mantenía las cosas listas para irse en cualquier momento: ropa, agua y una linterna. Esa era la vida aquí, hasta que no aguantamos más y nos fuimos en el 98.

Pero la vida del desplazado es también muy dura, y a los dos meses Amparo decidió regresar. Su hogar estaba en un sitio peligroso, pero era el único que tenía.

Tras más de medio siglo de guerra, cuando el gobierno está a punto de firmar un nuevo acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en El Castillo las diferentes formas de violencia son aún palpables. En las treinta manzanas que componen el pueblo viven hoy 6,385 habitantes, y 3,979 (más de medio pueblo) figuran en la lista de la Unidad de Víctimas, una entidad oficial que busca atender a quienes han sufrido de distintas formas el conflicto armado.

A partir de 1998, durante el gobierno de Andrés Pastrana, El Castillo quedó muy cerca del área de despeje que el Estado entregó a la guerrilla durante el último proceso de paz fallido. En aquel momento, el grupo insurgente reunió fuerzas y dominó toda el área rural en los alrededores del pueblo, hasta que llegó el ejército y luego los paramilitares, que intensificaron los combates e iniciaron el éxodo de civiles.

Según el Registro Único de Víctimas, entre 2002 y 2005 fueron desplazadas por la fuerza 5,121 personas en El Castillo y sus alrededores (la cifra histórica de desplazados hasta agosto de 2013 es de 8,370 personas). El 93 por ciento de esa población salió del campo adyacente, donde muchos caseríos se convirtieron en pueblos fantasmas.

Pero antes de expulsar a sus habitantes en masa, El Castillo, “la despensa agrícola del país”, solía ser un refugio: miles de campesinos habían llegado desplazados por una guerra anterior, muy ligada a la siguiente, conocida como La Violencia, el sangriento duelo político —entre liberales y conservadores— que marcó la mitad del siglo XX, y que dio origen a la guerrilla de las Farc. Entre esa población rural descontenta iba a calar el discurso alternativo de una tercera fuerza, el Partido Comunista Colombiano, una organización que venía construyendo su trabajo político, hasta que en 1954 el dictador Gustavo Rojas Pinilla la ilegalizó y se dedicó a perseguir con saña todo lo que oliera a subversión.

Así iba a vivir El Castillo toda la segunda mitad del siglo XX en Colombia, entre periodos de guerra intermitente, aunque siempre presente; para convertirse al final en una auténtica zona roja: tanto por su inveterada violencia entre bandos, como por el perfil zurdo de su tendencia política.

El nuevo siglo trajo a El Castillo un recrudecimiento del viejo conflicto armado. Ahora le había llegado el turno a las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar financiado en su origen por terratenientes de las zonas ubicadas bajo fuego guerrillero. El pueblo, por su marcada influencia insurgente, y por ser además un corredor estratégico para la guerra, fue uno de los principales objetivos. Pero las acciones paramilitares mostraron desde su inicio niveles muy superiores de horror y violencia.

El pueblo empezó a sufrir combates frecuentes entre los paramilitares y la guerrilla, que hasta entonces patrullaba por las calles en total dominio de la zona. El asalto guerrillero más sonado, Amparo lo recuerda con claridad, ocurrió el 14 de febrero del año 2000:

—Por un costado de la finca donde vivíamos se metió la guerrilla esa noche. Mi mamá habló con uno de ellos, y el tipo le dijo: “Prepárense, que venimos con algo grande”. Esa vez metieron una volqueta cargada de cilindros explosivos, y volaron medio pueblo de un solo golpe.

El ataque iba dirigido a la estación de policía, pero el edificio, muy fortificado, no sufrió mayores daños. En cambio, el puesto de salud, la escuela y una manzana entera de casas quedaron reducidos a escombros. No hubo víctimas, y hoy en el lugar se construye un parque con monumentos conmemorativos.

En El Castillo, como en tantos otros pueblos, pueden contarse víctimas de distintos bandos: de la guerrilla, de los paramilitares, del Estado y, también, del chisme. Abundan casos de personas que fueron señaladas por sus propios vecinos (por celos, por deudas o por viejas rencillas), y eso bastó para condenarlas. Algo así ocurrió con Gabriel Ruiz, según explica, desde una mecedora, su viuda Amparo Cárdenas:

—Mi esposo trabajaba en la Alcaldía como instructor de educación física. Como le quedaba tiempo libre, empezó a negociar ganado en las veredas: en Miravalles, en Puerto Esperanza y otras. Nos empezó a ir bien, pero un día él tuvo un problema con unos muchachos que eran informantes de los paramilitares. Después de eso empezaron a decir que él era auxiliador de la guerrilla, y lo metieron en una lista.

El 14 de septiembre de 2002 Amparo, Gabriel y su hija menor salieron en moto a buscar unas semillas que un amigo les había ofrecido. Como una rueda andaba mal, ella y la niña se quedaron en casa de un familiar, mientras Gabriel iba al pueblo vecino, Medellín del Ariari, a recoger el paquete. Esa tarde y hasta el día siguiente Amparo se quedó esperando, pero su esposo no volvió.

—Al principio no me preocupé. Yo sabía que los paras tenían un retén en la zona, y pensé que a lo mejor no lo habían dejado pasar. Yo esperaba que al día siguiente él apareciera.

Pero Gabriel no llegó, y para su mujer empezó una búsqueda de ocho días continuos. Amparo hizo varios viajes por la zona y habló cara a cara con un paramilitar de rango medio, que negó varias veces haber retenido a su esposo. Pero un vecino de la zona, en voz baja, le dijo que ese grupo se lo había llevado la misma tarde en que se despidieron.

Miravalles es uno de los caseríos cercanos, ubicado a una hora de El Castillo. Hasta hace unos años lo habitaban 46 familias repartidas entre sus cuatro calles, en casas de adobe o caña brava y techos de teja o metal. Allí hubo algunos expendios, un colegio, una cancha y la brisa fresca del llano que sopla entre las lomas circundantes. En las fachadas de algunas casas vacías sobreviven pintas de la Juventud Comunista o de la Unión Patriótica (UP), y solo seis de ellas están hoy habitadas.

Cuando entraron los paramilitares, la mayoría de la gente ya había sido alertada, y el éxodo se había producido. Muchos de ellos, aún con miedo, no han regresado. Y el caserío persiste en un silencio espectral que hace temer desgracias cercanas. En su periferia, cada tanto, estallan las últimas minas que dejó la guerrilla en su retirada.

A media hora por una trocha de piedras sueltas está La Esmeralda, otro caserío que corrió una suerte similar. Allá los paras desalojaron las viviendas por completo, y enseguida les prendieron fuego: como para asegurarse del destierro forzado. Todos los caseríos de la zona repiten más o menos la misma suerte; y repiten, también, masacres como la de Caño Sibao, en junio de 1988, cuando 18 campesinos militantes de la UP fueron emboscados por los paramilitares. Al ataque solo sobrevivió una chica de ocho años, que hoy vive en Villavicencio, la capital de la región, donde evita hablar con extraños.

Los desplazados que huyeron del horror de El Castillo terminaron repartidos por pueblos muy variados y distantes. Pero la mayoría, entre 1980 y 2013, se instaló como pudo en Villavicencio (90,110) y en Bogotá (40,468).

Una semana después de la desaparición de su marido, Amparo estaba sentada en el patio de su casa, pensando en cómo podría recuperarlo, cuando un hermano la llamó con la noticia:

—Me dijo que los paras iban a entregar el cadáver. Pero no a mí, sino a un cura del pueblo, Carlos Jaramillo. A las once de la noche llegó el sacerdote en un carro, y atrás lo traía envuelto. A mí no me dejaban verlo, pero yo tenía que despedirme. Entonces lo fueron sacando, hasta que lo vi con la misma ropa con la que se había ido.

Ser policía en El Castillo era vivir como un paria. La estación siempre fue un búnker acorazado, con gruesos muros hechos de costales sólidos; con trincheras y garitas subterráneas donde los hombres se apostaban cuando estallaba la pólvora. A muchos de ellos los traían de otras regiones, como condenados, y ni siquiera llegaban por tierra: un helicóptero los dejaba caer, y así mismo les lanzaban la comida un par de veces al mes. Nadie en el pueblo podía hablarles, porque corría el riesgo de ser fichado como traidor. Solo un infeliz —el tonto del pueblo, dicen— les llevaba legumbres en una carretilla, y un día apareció su cadáver maltrecho en las afueras del pueblo.

—Aquí —recuerda un policía— veíamos el pueblo de lejos. A veces notábamos que los civiles salían de sus casas, apuraditos, y ya sabíamos lo que venía: plomo.

¿Cómo se sobrevive a tanto dolor? ¿Cómo se soporta la desgracia cruda y prolongada?

—Uno se vuelve insensible —dice Amparo junto a su patio lleno de flores—. Yo duré años amargada, con rabia. A mí la vida no me importaba; donde veía paramilitares los insultaba, los escupía. No sé por qué no me mataron. Hasta que me di cuenta de que les estaba haciendo daño a mis hijos, y entendí que tenía que cambiar.

Amparo Cárdenas trabaja hoy en la Personería de El Castillo, una agencia de la Fiscalía que cumple funciones de veeduría ciudadana y defensa de los derechos humanos. Allí se relaciona de forma permanente con muchas otras víctimas de la guerra. Hablamos justo el día en que cumplió cincuenta años. A cada rato, durante la charla, llegaban por el corredor sus vecinos, sus amigos, cantándole canciones y con rosas en las manos.

—Cuando empecé a trabajar con el Estado, yo iba a los levantamientos de los cuerpos. Duré un año viendo muertos y más muertos todos los días. Ahora que trabajo con las familias, gente que es víctima como yo, los entiendo. Sé por lo que están pasando y los puedo acompañar mejor.

Lo dicho: más de medio pueblo en El Castillo sufrió algún tipo de violencia durante la larga guerra. Está el caso de doña Graciela, que vio vaciar su finca en cuatro días: los paras llegaron con varios camiones y se llevaron el ganado, la cosecha y todos los enseres de la casa. Después amenazaron a sus hijos, los acusaron de guerrilleros, y todos huyeron de noche para no volver en muchos años. A uno de ellos, que no se fue lejos, lo alcanzó la violencia y murió torturado junto a su esposa en Villavicencio.

Está la señora Rosa, que perdió a su esposo no sabe cómo, ni dónde, ni en manos de quién: uno más de los muchos desaparecidos. Ella lo recuerda hoy en el corredor de su casa, junto a las marcas de granadas que cayeron ahí mismo hace poco más de diez años.

Está Martha Peñuela, dos veces secuestrada y torturada, una vez por las Farc y otra por los paramilitares. Y en ambas ocasiones se salvó de milagro. O Ernestina, que perdió a tres hermanos en eventos separados. O el campesino Pedro Bernal, que se fugó de varios pueblos y tuvo que vivir en una cueva, hasta que se estableció en La Esmeralda, donde luego llegaron los paras a incendiar todas las casas. Y así, miles.

Después de perder a su esposo, Amparo ha tenido contacto con sus asesinos. Sabe cómo murió el autor material: “La guerrilla lo mató de lejos, con un arma muy poderosa”. Y ha escuchado de cerca a los autores intelectuales, comandantes paramilitares que en audiencias oficiales han admitido su error:

—Ellos han dicho que se equivocaron, que han debido investigar bien antes de asesinar a mi esposo. Hasta plata me ofrecieron una vez, como una indemnización, pero yo les dije que de ellos no quería nada.

Tiempo después de los hechos, el sacerdote Jaramillo volvió a la zona rural de Medellín del Ariari y repasó con Amparo su recorrido fúnebre.

—Él me contó lo que ellos le contaron, de cómo murió mi esposo. Esa tarde él venía solo en la moto y ellos lo detuvieron. Uno de ellos hizo una llamada y después habló con él: le dijo que estaba en una lista, que tenían órdenes y que tocaba fusilarlo.

—Yo supongo que se confesó, que habló con Dios ese ratico. Después se paró tranquilo y les dijo a los paras: “Hagan lo que tengan que hacer”.

Uno camina hoy por las calles de El Castillo y la guerra, salvo por algunos síntomas o amenazas esporádicas, parece ajena y distante. Los comercios trabajan hasta bien entrada la noche, y los vecinos ya no tienen que esconderse a las seis de la tarde. Los niños juegan en la calle, los hombres toman cerveza en las esquinas y las chicas de faldas cortas atienden restaurantes por doquier. La música suena a toda hora. Hay obras en progreso para ampliar el hospital, la escuela funciona y se respira un aire tangible de esperanza. Cuando les hablan del proceso de paz, algunos lo miran con optimismo, y otros con escepticismo y desconfianza. Pero más allá de los esfuerzos que realiza el Estado, la comunidad allí trata de repararse a sí misma.

La vida en este pueblo hace rato empezó a cambiar. Ya nadie se debate entre fusiles enfrentados; nadie desaparece bajo el monte crecido, ni muere ajusticiado de forma impune. Ahora, por fin, la gente en El Castillo despierta con el canto de los gallos, y no con el odioso repique de las balas.