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Presos

Más de 3,000 presos puertorriqueños serán enviados a una cárcel de Arizona

El gobierno de Puerto Rico se apresta a enviar a una cárcel de Arizona a más de 3,000 confinados que se acojan “voluntariamente” a un programa "impuesto" por la Junta de Control Fiscal como parte de los planes de austeridad y ajustes fiscales. ACLU equipara esta práctica con "tráfico humano".
8 Ago 2018 – 12:34 PM EDT

SAN JUAN, Puerto Rico. - A partir de la próxima semana, cientos de presos puertorriqueños podrían empezar a ser trasladados al penal Palma Correctional Center de Arizona. Según informó el gobierno, la medida se debe a los planes de austeridad y ajustes fiscales solicitados por la Junta de Supervisión Fiscal y podría afectar a unos 3,200 confinados que se acojan “voluntariamente” al programa denominado 'Out of State'.

La Junta de Control Fiscal, que fue creada por el Congreso de los Estados Unidos con el propósito de que el gobierno del territorio puertorriqueño logre tener presupuestos balanceados por los próximos cinco años, ha impuesto medidas fiscales que no han recibido el aval de la administración de Ricardo Rosselló.

Sin embargo, el Departamento de Corrección y Rehabilitación sí favorece el traslado de reos boricuas a Estados Unidos. El secretario de ese departamento, Erik Rolón, le dijo a Univision Noticias que, con la implementación del programa que será por fases, el gobierno local tendrá ahorros, que se presuponen millonarios, pero no ofreció una cifra específica.


En la fase inicial de orientaciones se han interesado alrededor de 1,200 confinados. Este número puede subir cuando entremos a la segunda fase de orientaciones", afirmó el funcionario. "El ahorro es significativo, ya que nos permitirá reubicar oficiales, automáticamente estaremos desarrollando economías en el pago de tiempo extra, cerrar instituciones, minimiza el pago de los servicios de energía eléctrica, agua, y bajarían los costos operacionales por confinado”.

Rolón indicó que el programa es voluntario y aseguró que ninguno de los presos que se acojan al mismo pueden tener casos pendientes de solución en los tribunales locales, una preocupación que puso sobre la mesa la Sociedad para la Asistencia Legal, entidad que ofrece servicios legales gratuitos a indigentes.

Además, dijo que a los reos se les ofrecerá "una serie de orientaciones" para aclararles posibles dudas antes de tomar una decisión. “Al momento estamos inspeccionando las instituciones correccionales para asegurarnos que cuentan con los requisitos que exigimos para poder trasladar confinados. Tan pronto tomemos la decisión final, se empezará con las orientaciones de la segunda fase para tener el número final de confinados que acepten entrar al programa”, insistió.

ACLU equipara el programa con "tráfico humano"

El responsable del departamento de cárceles no quiso decir a cuánto asciende el contrato de traslados aéreos que estarán a cargo de la empresa CoreCivic, “la única compañía que permanece con una propuesta activa”, tras la subasta realizada, y dijo los confinados que sean trasladados podrán comunicarse por videoconferencia con sus familiares.

Según el Centro de Periodismo Investigativo, la agencia está a la espera de que la Junta de Control Fiscal apruebe el contrato para iniciar con los vuelos de traslados con CoreCivic, empresa que se llevó el contrato de $10 millones.

Sin embargo, el director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico, William Ramírez, denunció que este es un programa de “tráfico humano” porque un preso no puede hacer nada voluntariamente.

“Cuando tú traficas personas para lucro y, en este caso, se está moviendo personas para lucro del sitio donde se van a mudar y el gobierno local se va a ahorrar un dinero, si es que hay tal ahorro. La naturaleza de ser preso es servidumbre involuntario y, en ese sentido, eso es tráfico humano. El que sea en manos del Estado no lo legitimiza”, destacó Ramírez en entrevista con este medio.


Además, el responsable de ACLU en Puerto Rico vaticinó el fracaso del programa al recordar que un proyecto similar se realizó en el 2011 bajo la administración del presidente Barack Obama terminó con un motín en una cárcel de Oklahoma. En ese caso, apuntó, el gobierno no tuvo los ahorros esperados.

Ramírez hizo énfasis en que los reos firmaron “una carta de mostrar interés”, pero aseguró que eso no es lo mismo que decir que firmaron un acuerdo para ser trasladados voluntariamente: “No hay tal cosa como voluntariedad. Algunos presos han hablado y han dicho que se oponen porque van a estar apartados de sus familias".

Por otra parte, mostró copias de cartas que intercambió con la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko, quien, según Ramírez, le indicó a ACLU que el programa no fue una imposición de la Junta y que fue el gobierno local el que lo propuso para tener los ahorros que el ente federal le ha solicitado. La Junta, según indica la misiva, tampoco propuso la privatización de las cárceles de Puerto Rico.

Hace tres años que ACLU realiza una investigación sobre presuntas violaciones de derechos humanos y civiles contra los presidiarios. La organización espera publicar un informe en diciembre de este año que incluirá este asunto, adelantó Ramírez.

Protestas en Nueva York contra la junta de control fiscal

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