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Derecho al Voto

La denuncia de un inexistente fraude electoral sacude a los republicanos en Texas

Una injustificada purga del registro de votantes estatal le costó el cargo al nuevo secretario de Estado tejano y lanza una advertencia sobre las consecuencias de incurrir en prácticas de supresión del voto.
2 Jun 2019 – 9:47 AM EDT

Una purga de cerca de 100,000 votantes en Texas, en su mayoría latinos, le costó el trabajo al secretario de estado David Whitley, quien no logró ser confirmado por el Senado local antes de cerrar el año legislativo y tuvo que renunciar al cargo para el que había sido nominado en diciembre de 2018.

La salida de Whitley fue un golpe duro para el gobernador Greg Abbott y su Partido Republicano, ya que es el primer nominado en la historia reciente de Texas en ser bloqueado con éxito por el partido de oposición.

En enero Whitley informó que su oficina había descubierto que unas 95,000 personas identificadas por el Departamento de Seguridad Pública (DPS) como ciudadanos no estadounidenses estaban registrados como votantes en Texas, lo que generó inmediatas críticas de quienes acusaban al secretario de Estado estatal de intentar suprimir el voto de comunidades minoritarias.

La decisión de “limpiar los registros” desató una serie de demandas por parte de organizaciones de derechos civiles y fue bloqueada por un juez federal que determinó que no había evidencias suficientes para sustentar la denuncia. De hecho, la secretaria de Estado no pudo enviar a cortes a quienes acusaba de violar la ley electoral.

Finalmente, el estado llegó a un acuerdo con los demandantes y acordó pagar los gastos judiciales por el orden de 450,000 dólares y acabar con la iniciativa.

Whitley nunca se disculpó formalmente y tampoco hizo un mea culpa respecto a cómo lideró esa revisión de los documentos de ciudadanía de votantes registrados en 18 de los 254 condados de Texas.

En un estado conservador como Texas donde los republicanos controlan la gobernación y la mayoría en el Capitolio estatal, la confirmación de un secretario de estado es prácticamente considerada un trámite. Pero esta vez las cosas cambiaron, alentando las versiones que ven a la estrella solitaria como un área en transición política.

“Un error demasiado grande”

Whitley necesitaba dos tercios del senado estatal para mantener su puesto, pero para lograrlo necesitaba el apoyo demócrata y ninguno de los legisladores cedió, ni siquiera los más moderados.

"Nadie puede confiar en que el Whitley actuará de manera diferente una vez que se elimine el proceso de confirmación, que sirve como una medida de responsabilidad", escribieron organizaciones de derechos civiles al oponerse a su confirmación.

Texas inició 2019 con un comunicado de la secretaría de estado diciendo que habían “descubierto un total de 100,000 personas identificadas por Departamento de Seguridad Pública (DPS)” como ciudadanos no estadounidenses con un registro de votantes. Aproximadamente 58,000 de los cuales habían votado en una o más elecciones”.

Eso motivó una serie de cartas de la secretaría de estado demandando a los condados que contactaran a las personas en la lista y les exigieran pruebas de ciudadanía.

En marzo un juez federal falló en contra del estado de Texas y paralizó la exclusión de votantes naturalizados de los registros. La mayoría de la información estaba desactualizada y en muchos de los casos correspondía a personas que se habían naturalizado en años recientes.

“Existen límites respecto a cuán lejos de la línea pueden llegar los republicanos en Texas. A la hora de lograr su confirmación, el error de Whitley fue demasiado grande para ser ignorado”, explicó a Univision Noticias Mark Jones, analista político y profesor de la Universidad de Rice.

Whitley debió declarar ante el Congreso estatal y defendió en repetidas oportunidades la evaluación como un esfuerzo legítimo para proteger la integridad de la lista de votantes en el estado.

Pero Lupe Torres directora de LULAC en Texas, una de las organizaciones que demandó a la secretaría de estado, insistió en que la “salida de Whitley da un mensaje a los votantes: Texas será más cuidadoso al proteger sus derechos”, explicó a Univision Noticias.

Derechos electorales

En paralelo con la salida de Whitley, el proyecto de ley SB9, no logró prosperar en el Senado estatal de Texas.

La propuesta contemplaba un aumento en las sanciones penales por errores de votación, como poner información incorrecta en un formulario de registro de votantes. Las organizaciones de derechos civiles insistieron en que esas sanciones también podrían haber afectado a las personas que cometen errores simples en las urnas, entre otros puntos.

Lupe Torres describió la SB9 como un proyecto de ley que hubiera impedido que miles de personas ejercieran su derecho a voto. En su opinión el rechazo de una legislación de estas proporciones -cuyo pronóstico era bastante bueno cuando fue presentada- envía una señal clara no sólo local sino nacional.

“Los legisladores deben entender que este tipo de legislación es tóxica y está destinada al fracaso”, afrmó.

El presidente del Partido Demócrata en Texas Gilberto Hinojosa no perdió la oportunidad para interpretar la salida de Whitley y el fracaso de SB9 como una demostración de que el control republicano en el estado está cediendo.

“Los demócratas de Texas no toleraremos más ataques en los derechos electorales de los residentes y el gobernador Abbott debiera tomar nota de lo que ocurrió”, declaró.

El fantasma del fraude electoral

Según expertos como Mark Jones, si Whitley pudo llegar tan lejos en Texas es porque en el estado y el país, “hay suficiente gente que creyó que el fraude electoral tenía esa magnitud”.

Desde el año pasado, ocho estados, en todos los cuales ganó el presidente Donald Trump en 2016, han intentado implementar cambios que alteran las reglas locales de votación. Se trata de Wisconsin, Indiana, Tennessee, Florida, Arizona, Dakota del Norte y Texas.

El presidente Trump ha sido uno de los primeros promotores de la idea del fraude electoral a la platea nacional desde los tiempos de la campaña electoral, cuando aseguró que podría darse algún tipo de maniobra para impedir su elección.

En el período de transición, Trump aseguró, sin ofrecer ningún tipo de prueba, que millones de indocumentados habían votado en las presidenciales y al llegar a la Casa Blanca creó una comisión de fraude electoral para investigar ese proceso electoral.

El grupo estuvo dirigido por el vicepresidente Mike Pence y el exsecretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, un conocido halcón en materia migratoria, quien asesoró al equipo de transición de Trump.

La comisión terminó siendo disuelta sin demasiado ruido un año después luego que no encontraran pruebas suficientes de fraude generalizado y que los estados -encargados de administrar las elecciones- se negaran compartir información sobre sus registros por considerar que las sospechas de los comisionados no tenían fundamento. Y entre esos estados figuraron varios controlados por gobernadores y legislaturas republicanas.

Así transcurrió el día de la elección presidencial en Texas

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