En sus seis meses de gobierno, el presidente Donald Trump ha ido usurpando funciones que son exclusivas del Congreso y saltándose leyes y controles establecidos por el Poder Legislativo para garantizar el balance de poderes con una agresividad no vista en las últimas décadas.
Tres casos que muestran cómo el Congreso ha cedido su poder ante Trump
Desde la imposición de aranceles, el desmantelamiento de agencias federales o revertir a instancias del presidente presupuestos ya aprobados en negociaciones bipartidistas, el Congreso ha permitido que el Ejecutivo usurpe sus funciones sin ejercer su trabajo de contrapesos del poder.
Por:Carlos Chirinos
Video Así impactaría en las elecciones de 2026 el nuevo mapa electoral en Texas propuesto por republicanos
Por eso, cuando el 4 de julio pasado, el presidente la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, le dio el mazo símbolo de mando legislativo a Trump y le dijo: "Quiero que lo tenga", cuando se disponía a firmar la ley de gastos e impuestos recién aprobada, muchos vieron en el gesto una simbólica transferencia de poder de un Congreso obediente a la Casa Blanca.
Trump acababa de ver aprobada sin grandes cambios su llamada 'Gran y hermosa ley' (nombre oficial que los congresistas pusieron al texto para usar la manera cómo el mandatario se refería a ella) y días después logró que el Congreso revirtiera unos $9,000 millones en gastos que ya habían sido aprobados con acuerdos bipartidistas.
El Congreso le da a Trump lo que quiere
Todos los presidentes aspiran a que sus agendas políticas tengan el apoyo de las bancadas de sus partidos en el Congreso, sobre todo si, como es el caso coyuntural de los republicanos, controlan la mayoría en las Cámaras.
Pero siempre se topan con resistencias internas de legisladores que, o bien no comparten alguna de esas prioridades presidenciales, o bien defienden con celo la cuota de poder que le fue asignada por los creadores de la Constitución, en la que esa rama de poder es la primera en orden de creación. Eso como reflejo del deseo de evitar una “presidencia imperial” que reprodujera los vicios de la concentración del poder que veían en la monarquía británica de la que se habían independizado.
Con el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero, los republicanos que controlan la Cámara de Representantes y el Senado han mostrado una inusual disposición a darle al presidente lo que les pide sin importar el riesgo potencial para ellos mismos, sus electores y el propio poder del Congreso.
Desde la confirmación de polémicos candidatos a cargos federales (el más reciente su exabogado Emil Bove como juez de apelaciones), la aprobación de leyes que algunos republicanos consideraban lesivas a sus electores (como las objeciones a los recortes en Medicaid) o permitir el cierre de agencias independientes expresamente protegidas por ley (como USAID o VOA), el Congreso le ha permitido hacer lo que quiere.
1. Los aranceles de la guerra comercial de Trump
En su Artículo I, Sección 8, la Constitución indica: “El Congreso tendrá la facultad de establecer y recaudar impuestos, derechos, contribuciones e impuestos especiales”. Sin embargo, en 1934, con el fin de revitalizar el comercio mundial en medio de la Gran Depresión, el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo la facultad de negociar reducciones arancelarias dentro de los niveles preaprobados mediante la Ley de Acuerdos Comerciales Recíprocos.
Franklin D. Roosevelt fue el primer presidente en usarla para negociar acuerdos comerciales bilaterales sin la mediación del Congreso. Varios de los acuerdos de Estados Unidos con otros países solo necesitaron la aprobación final, sin modificaciones, del Legislativo.
En 1962, el presidente John F. Kennedy promulgó la Ley de Expansión Comercial, que le permite ajustar los aranceles en función de las amenazas a la seguridad nacional. Esa es la autoridad bajo la cual el presidente Trump impuso aranceles al acero y al aluminio.
Pero algunos republicanos han cuestionado, sin éxito, el uso de la emergencia económica como argumento para la agresiva política de aranceles.
El senador Rand Paul intentó poner fin a la declaración de emergencia económica de Trump, con el argumento de que los aranceles son claramente impuestos, y que la Constitución otorga al Congreso la facultad de imponerlos.
"La Constitución no nos permite ceder nuestro poder (…) No podemos simplemente decir: 'Tome, señor presidente, tómelo'", dijo Paul al presentar una resolución que pasó por estrecho margen en el Senado, pero que los representantes no llegaron a considerar.
2. El desmantelamiento del gobierno federal
Con el argumento de reducir la burocracia y el costo asociado (lo que llaman los seguidores del presidente el 'Estado profundo') el gobierno de Trump se embarcó desde el primer día en una agresiva reforma y eliminación de agencias gubernamentales, la mayoría de las cuales fueron creadas por ley por el Congreso de manera que fueran independientes del Ejecutivo.
La principal afectada fue la agencia de asistencia humanitaria del gobierno federal, USAID (hasta entonces la mayor oficina de ayuda del mundo) que fue desmantelada en cuestión de semanas y su presupuesto y programas dejados en suspenso dejando a miles de personas afectadas en el mundo entero.
Otro ejemplo es la Voz de América, el sistema de radiodifusión financiado por el Estado que distribuía información al mundo entero en varios idiomas, y que, pese a estar protegido por barreras legales que lo aislaban del Ejecutivo, ha sido intervenido y sus operaciones dejadas en suspenso por la Casa Blanca.
El presidente ha ordenado el despido de varios inspectores generales de secretarías del gobierno, pese a que se supone que estén legalmente protegidos de ese tipo de acciones para evitar impedimentos a su trabajo de supervisar el trabajo de las oficinas públicas.
En esos y otros casos, los críticos de las acciones presidenciales han destacado que se trata de agencias y funcionarios protegidos por leyes del Congreso diseñadas especialmente con ese fin.
Sin embargo, las mayorías republicanas en el Congreso han asistido impasibles a ese desmantelamiento sin oponer resistencia ni siquiera exigir al Ejecutivo que cumpla con los procedimientos legales, dejando que sean las cortes las únicas que hayan tratado de moderar las acciones de la Casa Blanca.
3. El Congreso se retracta de un plan de gastos
El Congreso se puso recientemente a prueba de nuevo al cumplir con la solicitud de Trump de rescindir unos 9,000 millones de dólares que los legisladores habían aprobado, pero que la administración quería eliminar, incluyendo fondos para la radiodifusión pública y la ayuda exterior.
Fue una solicitud presidencial inusual, un desafío al Poder Legislativo sobre el presupuesto que no se ha utilizado en décadas. La presión sobre los republicanos está pasando factura.
"Somos legisladores. Deberíamos estar legislando", declaró desafiante la senadora Lisa Murkowksi, republicana por Alaska, al negarse a apoyar la exigencia de la Casa Blanca de retirar fondos a la Radio Pública Nacional y otras entidades.
"Lo que estamos recibiendo ahora es una directiva de la Casa Blanca: 'Esta es la prioridad. Queremos que la cumplan. Les daremos otra ronda. No lo acepto".
Sin gran resistencia entre los republicanos del Congreso
Durante el primer gobierno de Trump, los republicanos, asustados por los furiosos tuits de desaprobación de Trump, mantenían sus críticas en privado.
Quienes alzaron la voz, como Liz Cheney, de Wyoming, en la Cámara de Representantes, y Mitt Romney, de Utah, en el Senado, entre otros, ya no están en el Capitolio.
Ahora, el Congreso está lleno de republicanos que alcanzaron el poder al amparo del movimiento 'Make America Great Again' de Trump y deben su ascenso al propio presidente. Muchos emulan el estilo presidencial.
Una nueva generación de líderes republicanos, Johnson en la Cámara de Representantes y el líder de la mayoría del Senado, John Thune, se ha acercado a Trump. Están utilizando el poder de la Presidencia de maneras grandes y pequeñas: para negociar acuerdos, animar a legisladores díscolos a alinearse, incluso para establecer calendarios.
El creciente desequilibrio de poderes favorece a Trump
El resultado es un perceptible desequilibrio de poder: el Ejecutivo ejerce mayor autoridad, mientras que el Legislativo se debilita.
En el proceso, el Poder Judicial se ha visto obligado a asumir la pesada carga de pesos y contrapesos, mientras los tribunales procesan cientos de demandas por las acciones de la administración presentadas por quienes consideran que el Congreso no está ejerciendo de contrapeso efectivo.
"La genialidad de nuestra Constitución reside en la separación de poderes", declaró la representante demócrata Nancy Pelosi, de California, expresidenta de la Cámara de Representantes, en una entrevista en el programa 'Mornings with Zerlina' de SiriusXM.
Pero enfrentar a Trump tiene sus costos, como experimentó el senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, tuvo que aguantar críticas de Trump por su oposición al proyecto de ley de recortes fiscales y del gasto, sobre todo su preocupación por los drásticos recortes a los hospitales.
Con la amenaza recurrente contra legisladores que considera que no acompañan sus prioridades, el presidente amenazó con hacer campaña en su contra en unas elecciones primarias. Poco después, Tillis anunció que no buscaría la reelección en 2026.
La senadora Susan Collins, republicana por Maine, votó en contra de ese proyecto de ley y del paquete de rescisiones, a pesar de la amenaza de Trump de hacer campaña contra cualquier disidente.
Al menos un republicano en la Cámara Baja, el representante Thomas Massie de Kentucky, se mantiene impasible. Recientemente, propuso una legislación para obligar al gobierno a publicar los archivos de Jeffrey Epstein, algo que el presidente se había mostrado reacio a hacer.
Mira también:
Video Trump y Putin confirman que se reunirán en los próximos días: esto se sabe del esperado encuentro