Política de Salud

No mencionar los abortos y practicarlos en otro lugar: las nuevas restricciones al programa de salud reproductiva que pretende imponer Trump

El gobierno resucita una norma de la era Reagan según la cual cortará la financiación federal a centros donde se interrumpa el embarazo. La acción ejecutiva también prohibiría que las clínicas compartan el espacio con los proveedores de esta práctica.

Tras la presión de los republicanos que se oponen al aborto en el Congreso antes de las elecciones de mitad de período, el gobierno de Donald Trump está planeando resucitar una norma de la era Ronald Reagan que prohibirá que las clínicas que proveen abortos o que incluso refieren a pacientes a centros que los hacen, reciban fondos federales.

La medida afecta directamente a Planned Parenthood y el anuncio se hará este mismo viernes, según fuentes informadas sobre estos cambios normativos, citadas en medios estadounidenses.

Ya existen leyes federales que prohíben el financiamiento directo de organizaciones que usan los abortos como un método de planificación familiar, pero activistas conservadores y legisladores republicanos han estado presionando a Azar para endurecer aún más las normas para que los abortos no puedan ocurrir -o ser realizados por el mismo personal- en lugares que reciben fondos federales de Title X, adelantó el diario The New York Times.

Esa práctica, conocida como "cohabitación", fue criticada por más de 150 miembros de la Cámara de Representantes y más de 40 senadores a principios de este mes en cartas al secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Alex Azar.

La política ha sido calificada como una "regla de mordaza" por los partidarios de los derechos al aborto y los grupos médicos, y es probable que desencadene demandas que podrían evitar que se haga efectiva.

Dawn Laguens, vicepresidente ejecutivo de Planned Parenthood, aseguró que la normativa está “diseñada para imposibilitara que millones de pacientes reciban control de natalidad o cuidados preventivos reproductivos en proveedores como Planned Parenthood y para forzar a doctores y enfermeras a mentirle a sus pacientes”.

Médicos han expresado preocupación sobre estas nuevas reglas al programa de planificación familiar y alertado que la política afectaría la salud de las mujeres. “No necesitamos que el gobierno interfiera en el consultorio y el gobierno no debería interferir en lo que las mujeres pueden saber y qué opciones pueden recibir”, dijo Hal Lawrence, vicepresidente del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos en declaraciones citadas por el New York Times.

"Esta propuesta no necesariamente cancela Planned Parenthood, siempre y cuando estén dispuestos a separar los fondos de los contribuyentes del aborto como un método de planificación familiar, que es requerido por la ley del Título X", explicó al Times un funcionario del gobierno de Trump.

"Todos los beneficiarios que realizan, apoyan o reciben fondos federales para planificación familiar tienen que elegir entre renunciar al aborto o financiar sus actividades con fondos privados", agregó el funcionario.


Bajo la nueva regla, los abortos tendrían que realizarse en un lugar diferente y por diferentes empleados, si la instalación debe seguir recibiendo dólares federales de planificación familiar.

Planned Parenthood recibe parte de sus fondos de esos programas, conocidos como Título X. Pero la mayor parte del dinero federal que recibe proviene de Medicaid y no se vería afectado por la nueva regla.

Sin embargo, actualmente los centros de esta organización brindan servicios a 41% de los pacientes que se benefician del programa de control familiar Title X, muchos de ellos hispanos ya que este grupo constituye el 32% de los beneficiarios de Title X.

"Esta ley mordaza es un ataque peligroso a la atención médica de la mujer. Busca imponer nuevas reglas diseñadas para dificultar que los pacientes obtengan anticonceptivos o atención preventiva de parte de proveedores de servicios de salud reproductiva como Planned Parenthood.

El programa de Title X brinda servicios a un grupo diverso de personas, al menos un tercio de los pacientes son personas de color, más de un tercio son hispanos o latinos, y un 13% tiene un dominio limitado del inglés. Los prejuicios raciales o étnicos, junto con las barreras del idioma, ya pueden dificultar el acceso a la atención médica y un ataque al Title X limitará aún más las opciones de atención médica", dijo a Univision Noticias Bridgette Gómez, directora de Asuntos Latinos de Planned Parenthood.