La nueva ofensiva republicana contra nuestra democracia

Lejos de haber aprendido la lección tras las elecciones de noviembre, cuando perdieron la presidencia y el Senado, los republicanos han intensificado la guerra contra nuestra democracia. Su campo de batalla son las legislaturas de 33 estados en las que han presentado o adoptado 165 proyectos de ley, en los dos meses que lleva el año, para suprimir votos y votantes. Una verdadera proeza antidemocrática. Obedece a la creencia republicana de que mientras menos personas voten, mejores posibilidades tienen sus candidatos de ganar la Casa Blanca y el Congreso.

El senador republicano, Lindsey Graham, dio una pauta para el nuevo asalto a nuestra democracia cuando el pasado 10 de noviembre declaró: “Si no hacemos algo respecto a la votación por correo, vamos a perder la capacidad de elegir a un republicano en este país”. A él y a sus correligionarios les preocupa, sobre todo, que, durante las últimas ocho elecciones presidenciales, el GOP solo ha ganado el voto popular en una.

Un partido o una persona con vocación democrática concluirían que, para remediar el problema, se deben hacer ajustes ideológicos y nuevas ofertas políticas con el fin de cortejar y seducir a una mayor cantidad de electores. Pero el actual Partido Republicano no tiene vocación democrática. Su estrategia principal es suprimir votos y votantes por todas las vías imaginables, una estrategia que inexorablemente lo llevará a intentonas ilegales de obtener el poder, como la que presenciamos durante el violento asalto al Capitolio. No es por casualidad que la mayoría de los republicanos no renuncia al trumpismo a pesar de aquellos sucesos bochornosos.

Los nuevos proyectos de ley republicanos se proponen reducir al mínimo posible la votación anticipada, restringir la votación por correo, delimitando estrechamente quienes podrán hacerlo, dificultar la obtención de boletas de ausentes e imponer obstáculos para completar y enviar por correo las boletas. En la mirilla se hallan estados como Arizona, Georgia, Michigan y Pensilvania que Trump le ganó a Hillary Clinton en 2016, pero perdió ante Joe Biden en 2020. También figuran muchos otros estados que los republicanos temen perder en el futuro.

Iowa es un ejemplo. Se trata de un estado conservador que suele apoyar a candidatos republicanos. Pero, por si las moscas, su legislatura estatal acaba de aprobar leyes que reducen a nueve días la votación anticipada, ordenan cerrar los centros de votación una hora más temprano, hacen más severas las reglas para votar en ausencia y privan a auditores de los condados de la facultad de decidir qué normas electorales convienen a los votantes.

Para justificar este sistemático atropello al proceso electoral, clave de toda democracia saludable, los republicanos apelan a un argumento circular y por tanto falaz. Insisten en la farsa que ellos mismos propagaron de que Trump perdió las elecciones por fraude y proponen como remedio la supresión de votantes y votos disfrazada de reformas necesarias.

Fue la tónica del encuentro de la organización ultraconservadora CPAC celebrado el pasado fin de semana en Orlando, donde Trump tuvo los bemoles de reiterar sus amenazas a nuestra democracia. Las flamantes medidas republicanas van especialmente dirigidas a electores jóvenes y de minorías étnicas que abrumadoramente están respaldando a candidatos demócratas e incluso eligiendo a miembros de sus propios grupos étnicos, algo que espanta a los supremacistas blancos que hoy por hoy controlan al GOP.

Ante la nueva ofensiva antidemocrática de los republicanos, los demócratas están respondiendo con demandas judiciales que procuran frenar la manipulación. Algunos litigios son similares y los encabeza el mismo equipo legal que derrotó a los bufones que representaron a Trump en decenas de pleitos en las cortes tras las elecciones presidenciales.

Los demócratas tienen la esperanza de que los reiterados ataques republicanos al proceso electoral motiven a más ciudadanos a votar en contra de esas maniobras y de quienes las ejecutan. Fue precisamente lo que ocurrió en noviembre pasado, cuando se batieron todos los récords de participación electoral y Biden derrotó a Trump por un margen de casi ocho millones de votos.

Sin embargo, es posible que las demandas no basten para conjurar el problema. Por eso, otros actores deberían sumarse a la lucha por preservar ese bastión democrático que son las elecciones libres, transparentes y justas. Los medios informativos, por ejemplo, deberían permanecer vigilantes e informar sobre lo que está sucediendo, distinguiendo entre los esfuerzos legítimos por garantizar la integridad de las elecciones y los burdos intentos por suprimir votos y electores.

El Congreso, controlado ahora por los demócratas, debería investigar las maniobras antidemocráticas que se llevan a cabo en decenas de estados y adoptar remedios que garanticen que las elecciones federales, aquellas en las que los votantes escogemos presidente, vicepresidente, representantes y senadores, se celebren con la transparencia y equidad que requiere la democracia. Una democracia que se precie amplía y perfecciona el derecho al voto en lugar de reducirlo y de coartarlo.

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