Es obligación del gobierno el protegernos de la piratería cibernética

La semana pasada me negué a sumarme al tropelaje – disculpen el cubanismo – de los que se abalanzaron sobre las gasolineras a llenar el tanque. Tenía la ventaja de que, desde que estalló la pandemia, trabajo desde un bunker doméstico y apenas uso el auto. Pero vi por la tele imágenes de gente haciendo colas kilométricas con sus vehículos para echar gasolina, peleas entre hombres y mujeres demasiado impacientes y fogosos – dos damas se halaron las greñas con furia inusitada - y policías que a duras penas mantenían el orden.

Mi conclusión: Estados Unidos se ha vuelto totalmente vulnerable a los piratas cibernéticos. Nuestro gobierno y por extensión, nosotros, los ciudadanos, dependemos de lo que se les antoje a esos audaces bandoleros de la modernidad para cuestiones tan complejas como la de qué gobernantes “seleccionamos” y tan básicas como la de echar gasolina a nuestros autos.

No sirve de consuelo saber que Estados Unidos fue pionero en el uso clandestino de los ataques cibernéticos. A principios de siglo, los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama se dieron banquete infiltrando a otros gobiernos, especialmente a los que consideraban paria, empresas y ciudadanos extranjeros sospechosos de corrupción y otros objetivos.

Era una estrategia temeraria que en su día critiqué en columnas como ésta previendo las consecuencias, que son, precisamente, las que padecemos por lo menos desde las elecciones generales de 2016. Un efecto de aquellas dudosas operaciones secretas fue provocar la furia vengativa del autócrata ruso, Vladimir Putin, cuyos negocios turbios expusieron las filtraciones estadounidenses.

¿Cuán grave es la vulnerabilidad de Estados Unidos? Tanta que es imposible exagerarla. Los ciber piratas han asaltado agencias de nuestros gobiernos federal, estatales y municipales, hospitales, empresas de energía solar, plantas procesadoras de agua, departamentos de policía y, hace unos días, a Colonial Pipeline, la compañía que tiene 5500 millas de oleoductos por los que surte de combustible al 45 por ciento de las estaciones de gasolina de la región oriental de Estados Unidos.

Los delincuentes típicamente infiltran “ malaware” o software malicioso en los sistemas de computación de agencias y empresas, se apoderan de sus datos esenciales y paralizan sus funciones. Entonces extorsionan a sus víctimas, exigiéndoles pagos millonarios a cambio de una cifra o “encryption” que les permita liberar sus sistemas. Expertos en computación aseguran que los ataques son más frecuentes y numerosos de lo que se ha informado. Pero muchas agencias y empresas pagan a los extorsionistas y evitan la publicidad para proteger su reputación. Colonial, al parecer, desembolsó $5 millones para recuperar el control de su distribución petrolera.

Las empresas como Colonial que sucumben a la extorsión evidentemente negocian con criminales y les pagan grandes sumas de dinero por contraseñas o cifras que ni siquiera son seguras. Siguen siendo vulnerables a futuros ataques de estos ciber piratas o de otros, pues las pandillas se venden o se pasan unas a otras los datos pirateados. Por eso, las empresas, especialmente las que trabajan en sectores sensibles como el de la salud, la energía nuclear y el petrolero, tienen la obligación de invertir en sistemas de seguridad cibernética que prevengan los ataques, como señalara recientemente la Casa Blanca, en respuesta al costoso hackeo a Colonial.

Pero la protección de los ataques cibernéticos es sobre todo una responsabilidad gubernamental. Debería sumarse a otras obligaciones que ya tiene nuestro gobierno de proteger la integridad física y seguridad de los gobernados, de las agencias oficiales y de las empresas que resultan vitales para el buen funcionamiento de nuestra sociedad.

El gobierno del presidente Biden debe trabajar con el Congreso para adoptar reglas que garanticen la seguridad cibernética de nuestras agencias y empresas. También debe desalentar los pagos de rescate a los ciber piratas, los cuales están sistematizando la extorsión. Y, finalmente, debe hacer pagar un alto precio a los delincuentes que se dedican a este sucio negocio y a los gobiernos forajidos que los amparan, como el régimen de Putin. Los especialistas coinciden en que la mayoría de los hackers extorsionistas operan desde Rusia. Tal es el caso de DarkSide, la banda que atacó a Colonial.

Un primer paso necesario sería declarar los ataques a nuestro sistema cibernético como una amenaza a la seguridad nacional. Esto permitiría que las agencias de inteligencia de Estados Unidos dediquen mayores recursos y tiempo a identificar y combatir a los piratas de la red; y también darles legalmente un buen escarmiento que los ponga a todos sobre aviso de que su comportamiento depredador no será tolerado.

Nota : La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.