No debemos perder de vista la difícil situación que se vive en Nicaragua

Hace diez meses, el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega desató una campaña de terrorismo de estado contra manifestantes pacíficos, de una brutalidad que no se había visto en el Hemisferio Occidental desde las masacres perpetradas por gobiernos y guerrillas en los conflictos ocurridos durante la Guerra Fría en la década de 1980.

El período de violencia fue relativamente corto, cuestión de semanas, pero devastadoramente efectivo. Más de 300 muertos; miles de heridos. Más de 1,000 presos políticos encarcelados por cargos falsos. Y un país traumatizado que ahora ha perdido toda pretensión de ser una democracia operativa. En un momento en que las miradas del hemisferio están comprensiblemente fijas sobre Venezuela, es importante no perder de vista la difícil situación de Nicaragua.

Entonces, ¿qué se puede hacer?

Lo primero es reconocer que Ortega y su esposa "Lady Macbeth", Rosario Murillo, perdieron todo derecho a una gobernabilidad legítima cuando autorizaron a sus paramilitares encapuchados a abrir fuego contra ciudadanos indefensos. Los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen desde el 18 de abril hasta el 30 de mayo de 2018 están completamente documentados en el excelente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Esta exhaustiva labor de análisis forense no solo capta en detalle procesal las atrocidades, sino que fija una hoja de ruta para restablecer la justicia y el estado de derecho en Nicaragua.

Cuando cesaron los asesinatos en masa, Ortega orientó su aparato represivo hacia la última institución vigente de la mutilada democracia de Nicaragua: la prensa independiente. El periodista más reconocido del país y excompañero de lucha sandinista, Carlos Fernando Chamorro, fue testigo del allanamiento de sus oficinas de El Confidencial y la confiscación de sus equipos. Como muchos de sus colegas en el popular canal 100% Noticias, Radio Darío y otras publicaciones y transmisiones no respaldadas por el gobierno, Carlos Fernando ha abandonado Nicaragua. Como resultado de esto, hay un verdadero vacío informativo en el país, pues solo queda propaganda estatal en las ondas de transmisión. Los gobiernos amantes de la libertad que apoyan a los periodistas en el exilio deben abordar este déficit de información.

Mientras tanto, conforme disminuyen inevitablemente los subsidios de Venezuela a Ortega, y la economía nicaragüense se hunde, Ortega ha vuelto a su papel de mendigo internacional. Logró asegurar un salvavidas temporal en forma de préstamo blando de 100 millones de dólares por parte de Taiwán. Estados Unidos debería usar su influencia para presionar a Taiwán –no tiene porqué apoyar a un dictador cruel a cambio del reconocimiento en la ONU.

También en la lista de "tareas pendientes", los gobiernos del Hemisferio Occidental y de la Unión Europea deberían vigilar cuidadosamente el proceso de diálogo. Semanas después del brote de violencia represiva en el país durante la primavera pasada, se emprendió una especie de negociación. Los opositores del gobierno estuvieron encabezados por la influyente Iglesia Católica y se les unió la Alianza Cívica, una amalgama dispersa de actores que representan negocios, estudiantes, la oposición política y la sociedad civil. Pero las conversaciones con el presidente Ortega fracasaron rápidamente. Las acusaciones y las culpas surgieron de todos lados y no sucedió mucho durante el otoño y principios de 2019... además del hecho de que miles de nicaragüenses huyeron del país, muchos por temor a las patrullas paramilitares regulares que detienen a cualquier persona sospechosa de disidencia.

Finalmente, después de meses de diplomacia discreta por parte de Estados Unidos y otros países, el Nuncio Papal en Managua anunció el 5 de marzo las pautas para llevar a cabo un segundo diálogo –“una nueva ruta”, como la llamó Ortega– para resolver el estancamiento político. A diferencia de Venezuela, había cierto optimismo cauteloso de que esta vez las conversaciones podrían lograr, si no una solución permanente, al menos mejoras en la debilitada democracia nicaragüense y un relajamiento del puño de hierro represivo del gobierno. Dado el historial de tratos turbios de Ortega, su capacidad para cooptar al sector privado y asesinar y encarcelar a sus oponentes, hay buenas razones para el escepticismo, sin embargo, el simple hecho de que haya regresado a la mesa de negociaciones indica su debilidad. Ahora no cuenta con un apoyo popular genuino y lo sabe.

Para su crédito, la administración Trump está jugando bien sus cartas en Nicaragua. Reconoce que, al igual que en Venezuela, los nicaragüenses deben ser dueños de su propio destino. El tío Sam no puede desearlo más que ellos. La Alianza Cívica debe guiar firmemente la agenda y las propias negociaciones. Además, la administración Trump ha acogido con satisfacción el nombramiento de Luis Ángel Rosadilla por parte de la OEA como enviado especial a Nicaragua –otra adopción fortuita del multilateralismo por parte de Trump–. Finalmente, el Departamento de Estado de Trump y la embajada estadounidense en Managua parecen estar dispuestos a ser pacientes.

Eso es bueno porque solo unos días después de que comenzara la segunda ronda de negociaciones, la Conferencia de Obispos Católicos decidió el 8 de marzo no jugar un papel formal, sino mantenerse a distancia y observar. No es una sentencia de muerte para las conversaciones, programadas para terminar el 28 de marzo, pero la suspensión de la participación de la iglesia no es un acontecimiento alentador en una nación católica devota donde el Cardenal Brenes y sus obispos juegan un papel excesivo en la vida nacional.

La situación en Nicaragua sigue evolucionando, y existe un contexto complicado y complejo de consideraciones históricas y pragmáticas. A pesar de la complejidad interna de este juego, dos cuestiones deben seguir siendo prioritarias cuando se reinicie el diálogo: el establecimiento de una fecha para las elecciones anticipadas y la liberación inmediata de la gran cantidad de presos políticos, en su mayoría estudiantes, que Ortega ha intentado silenciar.

A pesar de sus repetidas declaraciones de que la política estadounidense no pretende promover ni consolidar la democracia en el extranjero, Trump parece haberle dado luz verde a su equipo para que haga precisamente eso en Nicaragua. Ciertamente, la experiencia de Venezuela, aunque no es exactamente la misma, es instructiva. Sea cual sea la motivación de Trump, los amigos de la democracia en la región deben acoger este rumbo y apoyar un renovado proceso de negociación.

En este momento, es el único camino que les dará a los nicaragüenses la oportunidad de votar de manera libre y justa sobre el futuro de Ortega y su régimen sanguinario. Esto es algo a lo que él se opondrá enérgicamente, pues ya perdió una elección popular en 1990. Pero 2019 no es 1990. Armar a las guerrillas Contra no está en la agenda de nadie.

Es hora de que los nicaragüenses reclamen su destino democrático, con el apoyo de sus amigos.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es). Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.