Maduro ante la justicia internacional

Marca un hito en la historia de la Corte Penal Internacional. Cinco países latinoamericanos, Canadá y Francia le pidieron que investigue al régimen de Nicolás Maduro por los crímenes de lesa humanidad que ha perpetrado en Venezuela durante los últimos años. Es la primera vez que diversos estados se ponen de acuerdo para referir a otro al tribunal internacional, el cual ha ido ganando prestigio a medida que va haciendo justicia a algunos de los peores criminales contemporáneos.

La solicitud representa, además, un contraste significativo respecto a la tradicional impotencia e incluso indiferencia con que las democracias suelen reaccionar a los abusos flagrantes a los derechos humanos que cometen las dictaduras. Por hacerla, los gobiernos de Argentina, Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Canadá y Francia merecen el aplauso de todas las personas que valoramos la libertad y el respeto fundamental a los derechos individuales. Con saña y alevosía, el régimen de Maduro los ha violado todos, como han documentado las principales organizaciones humanitarias del mundo.

Amnistía Internacional, por ejemplo, denuncia que la Venezuela de Maduro se halla en un permanente “estado de emergencia” desde 2016. La dictadura desmanteló la Asamblea Nacional democráticamente electa y la reemplazó por incondicionales “sin la participación de la oposición”. Destituyó a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, “en circunstancias irregulares”. Y “las fuerzas de seguridad”, sigue diciendo Amnistía, “continúan usando fuerza excesiva e indebida para silenciar a los disidentes”.

Human Rights Watch ha llegado a conclusiones similares. Las ha expuesto con elocuencia José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de HRW. “Nuestra documentación muestra”, ha escrito Vivanco, “que las fuerzas de seguridad (venezolanas) repetidamente cometieron extensos abusos, durante meses y años, en diferentes partes del país, incluyendo ambientes controlados tales como instalaciones militares y estaciones de policía”.

Ese es, a grandes rasgos, el patético cuadro político y social que ha generado el régimen de Maduro para mantenerse en el poder. Lo complementa un dramático desabastecimiento que ha propagado el hambre, la desnutrición y las plagas de enfermedades que habían desaparecido del país sudamericano, el cual debería ser el más rico y próspero de América Latina, si tenemos en cuenta sus enormes reservas de gas natural, petróleo, hierro, carbón y otros recursos naturales que se codician en los mercados mundiales. Son riquezas que Maduro y sus cómplices han saqueado con fines personales y para procurarse aliados políticos, como Cuba, Nicaragua y Bolivia, entre otros, que los respalden o miren hacia otros lados mientras ellos cometen sus fechorías.

La solicitud que audazmente han hecho siete democracias no garantiza que la corte haga justicia. Ni siquiera garantiza que vaya a aceptar el pedido de investigar. Todo dependerá de si la fiscalía internacional, con sede en La Haya, Holanda, considera que existen las condiciones y que tiene la jurisdicción necesaria para investigar al régimen venezolano. Aun así, la solicitud tiene el valor inherente de exponer la esencial ilegitimidad del régimen de Maduro. En el peor de los casos, podría sentar las bases para extender en un futuro el llamado Estatuto de Roma, el cual rige las acciones y determina la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

El gobierno del Presidente Trump ha intentado reclutar en vano a vecinos latinoamericanos de Venezuela, como Colombia, para una posible intervención militar que expulse del poder a Maduro y a sus sicofantes. También ha exhortado a los militares venezolanos a insubordinarse y derrocar al dictador. La primera iniciativa solo se ha topado con el rechazo prudente de las democracias latinoamericanas. La segunda tampoco ha prosperado, aunque se han producido revueltas que el régimen ha castigado con implacable brutalidad, incluyendo la ejecución sumaria de militares rebeldes.

Washington podría y debería sumarse al esfuerzo por someter a Maduro y a su régimen a la corte de La Haya, de manera que sus crímenes se conozcan mejor y que se les ponga sobre aviso de que algún día podrían verse obligados a responder ante la justicia. Así ha sucedido ya con decenas de abusadores de los derechos humanos de África, Asia y Europa, algunos de los cuales cumplen condenas carcelarias.

Como mínimo, la solicitud que han hecho las democracias a la corte internacional sienta las bases para que el régimen venezolano rinda cuentas por los atropellos que ha perpetrado con impunidad. Y permite que se escuche mejor el clamor de sus víctimas. Tal vez en una fecha no muy lejana, un estado venezolano legítimo pueda hacerles justicia y ofrecerles las reparaciones que se merecen.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es). Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.