La justicia debe procesar al ciudadano Trump

Con su intento de golpe de Estado, el presidente Trump ha decidido la cuestión de si se le debería investigar y procesar una vez que abandone los privilegios y la impunidad que ha logrado desde la Casa Blanca, con la complicidad de líderes de su Partido Republicano. Abundan las razones por las que la justicia debería encausar al mandatario y a algunos de sus allegados. Lamentablemente, el presidente electo, Joe Biden, preferiría que eso no ocurriera porque dice que dividiría aún más a un país ya fragmentado. Hoy Biden reiteró que desea unirnos no dividirnos. Bajo la presión de las críticas, sin embargo, ha aclarado que él no se involucraría en una persecución de Trump, aunque tampoco interferiría en las indagaciones de la justicia.

Biden y sus asesores creen que una potencial pesquisa criminal de Trump y sus allegados tendría connotaciones políticas a los ojos de millones de sus simpatizantes. Y es cierto. Pero no llevar a cabo esa pesquisa también las tendría, con los agravantes de la impunidad y el mensaje a todos los estadounidenses – trumpistas o no - de que los abusos de poder y actos ilegales de un presidente no importan porque éste se halla más allá del alcance de la ley y la justicia.

En la tradición política de Estados Unidos, los presidentes se abstienen de investigar a sus antecesores sospechosos de abusar de su poder o perpetrar actos ilegales. El caso más reciente es el de Barack Obama quien se opuso a que se investigara a George W. Bush y a sus asesores por llevar al país a la guerra de Irak basándose en el argumento infundado y las pruebas falsas de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Obama dijo entonces que prefería “mirar hacia el futuro en vez de hacia el pasado”. Noble actitud. Mas precisamente el borrón y cuenta nueva ha allanado el camino para abusos de poder más graves y mal intencionados como los que ha perpetrado Trump durante su mandato. Algunos de sus aparentes delitos han colocado a nuestra democracia al borde del colapso.

Por fortuna, ni Biden con su ingenua disposición ni Trump con su malevolencia pueden impedir las investigaciones y los potenciales encausamientos que podrían emanar de la fiscalía de Nueva York. Esta investiga desde hace años a la Organización Trump y a su líder, el presidente Trump, por presuntos delitos de fraude bancario, representación falsa de bienes para no pagar impuestos y obtener empréstitos, evasión de impuestos sobre los ingresos y sobornos con fondos de campaña a dos mujeres que aseguran haber sostenido amoríos extramaritales con Trump. Algunos de estos delitos expiran a los cinco años. Pero otros, como el fraude bancario, expiran en una década; y las transgresiones tributarias en seis años.

Hay buenas razones políticas y legales para no encausar a Trump por delitos por los que ya se le investigó o procesó sin éxito. Es el caso de su contubernio con el dictador ruso, Vladimir Putin, para influir ilegalmente en las elecciones presidenciales de 2016. También de sus presiones al presidente de Ucrania para que anunciara investigaciones o les achacara acciones ilegales a Biden y su hijo Hunter. La mayoría republicana en el Senado se hizo cómplice de este último crimen de Trump y le absolvió sin escuchar testigos ni examinar evidencias.

Pero durante la campaña electoral y el intento de golpe de Estado, todavía en progreso, Trump podría haber perpetrado nuevos delitos graves que debería investigar el Departamento de Justicia una vez que este recupere su integridad tras la eventual partida del corrupto secretario de justicia William Barr. No sería necesario ni conveniente que el presidente electo Biden intervenga en tales investigaciones.

Durante las elecciones, Trump y sus asesores usaron la presidencia y la Casa Blanca para hacer campaña en probable violación del Hatch Act o “Ley Hatch” de 1939, la cual expresamente prohíbe a funcionarios del gobierno el participar en actos políticos. La ley cita como excepción al presidente y al vicepresidente porque estos suelen aspirar a la reelección. Pero desautoriza el uso de la mansión ejecutiva y dependencias federales en mítines de campaña, algo que hizo Trump con absoluta desfachatez.

Trump y sus principales asesores, como el secretario de estado Mike Pompeo, también deberían ser investigados a nivel federal por atacar a informantes del gobierno en violación del Whistleblower Protection Act o la Ley de Protección a los Informantes de 1989 y por destituir a inspectores generales de las secretarías del gobierno. Una vez que los abusadores abandonen el poder, los afectados por sus arbitrariedades podrían inclinarse a denunciarlas por sus nombres y apellidos y con lujo de evidencias y detalles.

Por último, el presidente electo no debería frustrar ninguna investigación de los intentos golpistas de Trump, como sus presiones a legisladores y funcionarios republicanos de Pensilvania, Michigan, Georgia y Arizona, para que anulen la victoria electoral de Biden y se la concedan a él en flagrante violación de la voluntad de la mayoría de los votantes estadounidenses.

Antes y durante su presidencia, Trump se ha comportado como un bandolero. Como tal debería tratarle la justicia, dándole, por supuesto, las garantías procesales de rigor. Esto perturbará a sus seguidores incondicionales. Pero probablemente contará con el apoyo de la mayoría de los estadounidenses. Y podría ser, si no la única, por lo menos la mejor forma de prevenir que en el futuro surjan o se consoliden otros candidatos a la presidencia con ínfulas de dictadores.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es). Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.