La jugada final de Jimmy Morales por la impunidad en Guatemala

El gobierno de Jimmy Morales emprendió una ofensiva final contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), arremetiendo al mismo tiempo contra el orden constitucional del país. La Corte que hasta hoy le ha puesto freno, y cuya autoridad se encuentra en peligro, tiene también la posibilidad de impedir una ruptura mayor.
Opinión
Periodista y analista político de Guatemala.
2019-01-09T12:41:07-05:00

El presidente Jimmy Morales anunció este 7 de enero que su gobierno dio por terminado el acuerdo entre el Estado de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas (ONU) que establece el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El mismo día, distintas entidades del sector privado organizado manifestaron su apoyo a la decisión del gobierno.

Pero el Acuerdo, que tiene plena vigencia hasta el 3 de septiembre, no puede ser denunciado de manera unilateral. Se trata de un tratado con vigencia de dos años prorrogables, por lo que no contiene ninguna cláusula que se refiera a la posibilidad de retirarse del mismo. Y al carecer de un mecanismo de esta naturaleza, el proceso de denuncia debe ajustarse a lo normado por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que en su artículo 56 establece que las partes deben notificar su intención de retirarse del tratado.

Al Acuerdo de CICIG le quedan poco más de ocho meses de vigencia, por lo que el plan de Morales es un contrasentido. ¿Cómo explicamos entonces el anuncio de su gobierno?

El tribunal constitucional en la mira

El pulso político de Morales no es únicamente contra el ente investigador. Su nuevo blanco es la propia autoridad de la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal que, en las últimas semanas, ha puesto un alto a sus acciones para impedir el funcionamiento adecuado de la Comisión y que deberá considerar recursos vinculados a esta nueva decisión.

Por meses, Morales ha minado la autoridad de la CC, obedeciendo sus órdenes a regañadientes y de manera incompleta. En declaraciones públicas, ha argumentado que su gobierno no está obligado a obedecer “ órdenes ilegales”. Y el Procurador General de la Nación denunció a tres de los magistrados de la sala por resolver contrario a la constitución, prevaricato y abuso de autoridad.

El enfrentamiento tiene su raíz en decisiones de la CC en las últimas semanas.

Primero obligó al ejecutivo a permitir el ingreso del Comisionado Iván Velásquez, luego de que Cancillería lo prohibiera arbitrariamente. Hace algunos días, la CC falló a favor de 11 investigadores de CICIG que el Ejecutivo trató de expulsar del país. Y el fin de semana, el tribunal falló a favor de uno de ellos, el colombiano Yilen Osorio, que fue detenido por 25 horas en un intento por impedir su ingreso al país.

Esto último fue la amenaza más directa a la fecha. Osorio ingresó al país únicamente después que la CC emitiera órdenes expresas y estableciera plazos y responsables para el efecto, y que la Fiscal General de la República anunciara que procedería a capturar a quien no acatara al tribunal.

El país en juego

El fuero de la Corte es crucial para impedir otros futuros abusos.

Y es que, históricamente, la Corte de Constitucionalidad ha jugado un rol que excede la preservación de la normativa constitucional del país. En un sistema que carece de instituciones que ayuden a mediar conflictos adecuadamente, es una institución que juega el papel de árbitro de última instancia.

Por ello es que la afrenta de Morales es probablemente la amenaza de ruptura más fuerte desde el intento de autogolpe de Jorge Serrano Elías, en 1993, cuando el tribunal declaró inconstitucionales las normas temporales que disolvían al Congreso.

Pero Jimmy Morales está dispuesto a cometer ilegalidades con el único propósito de garantizar impunidad para sí mismo, su familia y los sectores que lo apoyan. Y el problema es que entre ellos se cuenta un sector importante del empresariado organizado, que aunque en 1993 fue crucial para mantener el orden, hoy respalda la decisión de Morales como bloque.

En el evento del anuncio de este lunes, Morales también presentó a personas supuestamente afectadas por CICIG y sus familias, y entre ellas se contaban algunas de las que han recibido apoyo explícito de dichos sectores, como el exministro de gobernación y expresidente de la Cámara de Industria de Guatemala, Carlos Vielmann.

En un clima tan adverso, los magistrados deben no solo percibir su responsabilidad en preservar el orden político y democrático. Deben también ser contundentes en afirmar su autoridad, y con ello, dar una oportunidad a Guatemala para consolidar su lucha anticorrupción, o al menos no perder la democracia en el proceso.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.

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