El gobierno de Jimmy Morales emprendió una ofensiva final contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), arremetiendo al mismo tiempo contra el orden constitucional del país. La Corte que hasta hoy le ha puesto freno, y cuya autoridad se encuentra en peligro, tiene también la posibilidad de impedir una ruptura mayor.
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Morales tiene más de un año intentando limitar las acciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un panel anticorrupción creado por un acuerdo entre el país y la Organización de Naciones Unidas. Pero esta vez está intentando disfrazar sus intenciones autoritarias y sembrar división entre la población utilizando los derechos de las mujeres y la población LGBTI como distractor. Y está funcionando.