Jesús Santrich, y la batalla entre la justicia y la impunidad en Colombia

Los acontecimientos de la semana pasada en Colombia relacionados con el caso de Jesús Santrich han puesto de manifiesto una vez más puntos críticos del estado de derecho en América Latina y si los acuerdos de extradición con Estados Unidos lo refuerzan o lo debilitan.

Para quienes no están familiarizados con el caso, Jesús Santrich fue un líder ideológico y uno de los negociadores de paz de las ahora desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla que llegó a un acuerdo de paz con el gobierno colombiano en diciembre de 2016. Como parte de ese histórico acuerdo, se creó un esquema de justicia transicional (Jurisdicción Especial de Paz, JEP) para animar a los miembros de las FARC a confesar sus crímenes a cambio de sentencias menos estrictas. La filosofía detrás del acuerdo era buscar la transparencia y la rendición de cuentas para las víctimas de medio siglo de las FARC y acelerar el proceso de reconciliación dentro de la sociedad colombiana. La clave del acuerdo era la garantía de que los acusados, exguerrilleros de las FARC, no serían extraditados a Estados Unidos por delitos confesados que se cometieron antes de la entrada en vigor de la JEP. Los delitos cometidos después de esa fecha serían procesados por el sistema ordinario de justicia colombiano, con la opción de extradición.

Casi tan pronto como se creó el sistema, surgió la información de que los líderes de las FARC y sus abogados estaban vendiendo espacios en la lista de la JEP a narcotraficantes que no pertenecían a las FARC. En el transcurso de la investigación de estas acusaciones, autoridades estadounidenses y colombianas descubrieron que Santrich negoció el transbordo de una carga de 10,000 kilos de cocaína para narcotraficantes mexicanos. Santrich fue acusado en Estados Unidos a principios de 2018 y, en abril de ese año fue arrestado en Colombia, donde estuvo un año esperando la decisión jurisdiccional de un tribunal de la JEP. Ese panel de cinco jueces dictaminó 3 a 2 el 15 de mayo que la fecha de la evidencia registrada de las conversaciones sobre el tráfico de drogas de Santrich no se podía establecer en base a la solicitud de extradición de Estados Unidos.

Como tal, la JEP dictaminó que se mantenía la garantía de no extradición, y se ordenó la liberación de Santrich de la prisión de La Picota. Al día siguiente, el Fiscal General de Colombia renunció en protesta, y los críticos del esquema de justicia transicional de Colombia –el 46% de los que respondieron una encuesta de Gallup la semana pasada, en comparación con el 47% que lo apoyaba– se lanzaron a las redes sociales con comentarios como: " ¡Se los dijimos! La JEP no es más que un pacto de impunidad que las FARC negociaron con el expresidente Santos, que estaba más interesado en su Premio Nobel de la Paz que en la justicia en Colombia".

Dos días después, y aún detenido, Jesús Santrich, un personaje ciego parecido a una especie de Yoda, y con un largo historial de exportación de cocaína en su haber de revolucionario amante de la buena vida, aparentemente se infligió heridas indeterminadas para presionar al gobierno colombiano a que lo liberara conforme a la decisión de la JEP. Tan pronto como salió de la cárcel acompañado por escoltas, fue arrestado nuevamente bajo nuevas acusaciones colombianas que aseguran que la evidencia brindada a los fiscales por la DEA fue, de hecho, corroborada por expertos colombianos desde junio de 2017. Así que ahora Santrich enfrenta tanto la extradición –el Procurador General de Colombia ha apelado la decisión de la JEP del 15 de mayo– como una causa penal en Colombia basada en la misma evidencia.

Lo sé… Todo esto merece su propia serie de Netflix. Sin embargo, dejemos de lado la culpabilidad o la inocencia del señor Santrich por el momento.

¿Por qué él y tantos otros narcotraficantes, blanqueadores de dinero y políticos corruptos de América Latina se esfuerzan tanto en evitar la extradición hacia Estados Unidos? La respuesta es simple: porque acaba con sus carreras criminales y no la pasan bien. Recuerde que, a finales de los años 80, el infame Pablo Escobar y sus amigos se llamaban a sí mismos los No Extraditables, y mataron a decenas de legisladores, fiscales y jueces colombianos con el fin de ilegalizar la extradición de colombianos desde Colombia; tanto le temían a la idea de la cárcel estadounidense.

Escobar tuvo éxito durante un tiempo, pero las valientes autoridades colombianas y los estadounidenses trabajaron pacientemente para restablecer una relación de extradición legal a partir de 1996. Yo trabajé como funcionario consular subalterno en Bogotá durante ese esfuerzo de una década y ha sido enormemente exitoso. Hasta la fecha, cientos de los principales delincuentes colombianos, en su mayoría narcotraficantes, han sido extraditados, juzgados y condenados en Estados Unidos. También en México la extradición es una herramienta increíblemente efectiva para garantizar que los capos de la droga y otros criminales no tengan dónde ocultarse con sus ganancias mal habidas.

El Chapo Guzmán es apenas el último y más famoso de una lista de decenas de delincuentes mexicanos que cumplen largas condenas por cortesía del Tío Sam. Y esta vez, no va a poder comprar su escape con sobornos.

El Departamento de Estado y el Departamento de Justicia han trabajado asiduamente durante décadas para ayudar a países como Honduras, Perú, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Panamá y otros a enviarnos sus criminales más notorios. Es una táctica probada que les pone fin a las carreras de los criminales. ¿Pero contribuye realmente a consolidar el estado de derecho en estos países? Aún después de la experiencia que obtuve durante toda mi carrera, mi respuesta sincera es: " No lo sé".

El caso de Santrich revela las consecuencias involuntarias de lo que podría ser una dependencia excesiva del mecanismo de la extradición por parte de Estados Unidos como un medio para que los sistemas judiciales latinos deleguen los casos más difíciles, donde entran en juego las presiones políticas y los sobornos.

Por ahora, se debe elogiar a los funcionarios estadounidenses que decidieron compartir la evidencia. La mayoría de los fiscales estadounidenses son reacios a hacerlo, pero quizás ellos, al igual que los diplomáticos estadounidenses en Colombia, estén comenzando a ver que el sistema de justicia colombiano, en lugar del estadounidense, debe ser el más indicado para aplicar la justicia en Colombia.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.