El Supremo no puede evitar la política, pero sí el sectarismo

La Corte Suprema de Estados Unidos reanuda esta semana sus audiencias presenciales por primera vez desde que comenzó la pandemia hace 19 meses. En su agenda aparecen temas fundamentales para nuestra vida en sociedad. Van desde un nuevo reto conservador en Mississippi a la decisión Roe Vs. Wade, que aceptó el principio de la libre elección de la mujer en lo concerniente al aborto, hasta una nueva tentativa liberal de frenar la venta de armas de fuego en Nueva York, pasando por la decisión de Maine de prohibir la ayuda con fondos públicos a escuelas privadas que promueven una sola religión. Es para reservar palco.

Pero el trasfondo de la nueva temporada es la creciente percepción popular de que el máximo tribunal de justicia del país se ha politizado, dándole mayor peso en sus decisiones a la política y a la politiquería que a su propósito constitucional de impartir justicia. Por primera vez en décadas, los sondeos de opinión reflejan que la corte que preside John Roberts apenas llega al 40 por ciento de popularidad. Esto preocupa al propio Roberts, quien se había esmerado en mantener una línea centrista para proteger la imparcialidad y la imagen de la institución; y también a otros jueces conservadores que en estos días han defendido en público lo que consideran su independencia ideológica y negado que la corte se haya politizado sin remedio o vuelta atrás.

En realidad, el Supremo históricamente nunca ha estado del todo libre de la política o la politización. Ha sido el resultado inevitable de que a sus jueces los nominan los presidentes de uno u otro partido y los confirman los senadores, todos ellos animales políticos por antonomasia. Pero lo cierto es que la percepción de que se ha politizado de manera nociva para nuestra democracia puede anclarse con cierta razón en acontecimientos recientes.

Uno de ellos es que los jueces designados por presidentes republicanos desde 1991 – Clarecen Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amey Coney Barret- se han comportado ostensiblemente como conservadores, tal vez más y con mayor frecuencia que sus colegas escogidos por presidentes demócratas se han conducido como liberales. Esto representa un cambio respecto a la moderación con que tradicionalmente actuaban y se pronunciaban los integrantes del Supremo, sobre todo durante la era moderna. Mas incluso algunos liberales, como la recientemente finada Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor, han adoptado posturas públicas que fácilmente revelan sus inclinaciones filosóficas e ideológicas.

Las profundas divisiones y la constante crispación política en el país también contribuyen a la politización del Supremo. Por cuestiones de ideología, los republicanos cerraron filas para impedir que el juez Merrick Garland, designado por el presidente Obama, llegara a la corte. Ni siquiera le dieron una audiencia en el Senado, alegando que no se debía nombrar a un magistrado del Supremo en época electoral. Ese argumento, sin embargo, no impidió que los senadores republicanos confirmaran a todo vapor a la jueza conservadora Barrett antes de las elecciones de 2020. A su vez, los demócratas tronaron sin piedad contra los últimos tres nominados por Donald Trump, Gorsuch, Kavanaugh y Barret.

Por la forma en que se escoge a sus integrantes, y por el divisionismo en la nación, el Supremo no puede esquivar del todo la política ni la percepción pública de que está politizado. Pero sus miembros, individual y colectivamente, sí pueden poner de su parte para mitigar esa percepción, como ha sucedido en épocas anteriores. Para lograrlo, deberían abstenerse de participar en actividades públicas partidistas, como foros, retiros y recaudaciones de fondos con connotaciones ideológicas. A la jueza Barrett le ha llovido un vendaval de críticas por pronunciar un discurso en un acto de homenaje a ese abanderado del sectarismo político que es Mitch McConnell, hoy degradado a líder de la minoría republicana en el Senado. Sotomayor también se ha llevado lo suyo por quejarse con amargura de “la decepción con la ley” durante un acto auspiciado por la Asociación Nacional de Abogados la semana pasada.

Junto a las elecciones transparentes y libres, la alternancia en el poder y el periodismo independiente, la Corte Suprema es un bastión fundamental de la democracia estadounidense. Su historia no ha estado exenta de controversias y convulsiones. Baste mencionar el caso de Samuel Chase, firmante de la Declaración de Independencia y magistrado del Supremo, a quien la Cámara de Representantes impugnó por sectarismo ideológico y el Senado absolvió. Sin embargo, sucesivas generaciones de magistrados, conservadores, liberales e independientes hicieron notables esfuerzos por preservar la independencia ideológica de su labor como árbitros imparciales de la justicia. Eso no los libró de cometer errores, a veces garrafales y de enormes consecuencias para el país. Pero les granjeó el respeto de sus contemporáneos y le dio a la institución un aura de honorabilidad que ahora se ve tristemente comprometida.

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