El 'impeachment' como último recurso

Con su conducta temeraria y posiblemente ilegal, el presidente Trump no les dejó otra opción a sus opositores demócratas que la de iniciar una investigación en la Cámara de Representantes que podría conducir a celebrarle un juicio de destitución en el Senado.

El proceso, que la Constitución plasma con el vocablo inglés de 'impeachment', es una medida extraordinaria que típicamente ahonda a divisiones políticas en el país sin garantizar la expulsión del poder del presidente encausado.

Una vez puesto en marcha, paraliza casi de forma inevitable la agenda para la que los estadounidenses escogen a sus legisladores y presidente. Pero en determinados momentos de la historia nacional es la única forma de garantizar los pesos y contrapesos que idearon los padres fundadores de Estados Unidos para salvaguardar la democracia. Nos encontramos, precisamente, en uno de esos momentos álgidos y decisivos.

Desde que asumió la presidencia, Trump la ha convertido en un “stress test” de nuestro estado de derecho. Ordenó un caprichoso veto a viajeros musulmanes. Separó a miles de familias y encerró a niños inmigrantes en jaulas. Obstruyó las investigaciones federales de las relaciones entre su campaña electoral y el régimen de Vladimir Putin.

Tanto él como sus empresas abiertamente procuran negocios con gobiernos y funcionarios extranjeros – incluyendo representantes de tiranías - y hacen que miembros de su administración y militares les paguen un diezmo. Ataca sin cesar a la prensa independiente. Y miente como un bellaco sobre asuntos que conciernen al interés de los estadounidenses y al suyo personal.

Y, sin embargo, la tradicionalmente robusta democracia estadounidense había encontrado maneras de lidiar con la mayoría de los excesos de Trump y sus secuaces durante casi tres años. Las cortes federales frenaron muchas de las órdenes arbitrarias del presidente descarriado.

El asesor especial, Robert Mueller, realizó una investigación que envió a prisión y/o multó a media docena de sus allegados y que encausó a una docena de agentes rusos y otras tantas entidades al servicio de Putin. Algunos medios informativos han expuesto clara y sistemáticamente los abusos de poder y otras transgresiones de Trump y sus compinches, muchos de los cuales se han visto obligados a abandonar sus cargos.

Pero en julio, el presidente perpetró un desafío a la constitución y a las leyes para el cual el único remedio posible es una investigación del Congreso que pudiera o no desembocar en un juicio para destituirle.

Trump presionó varias veces al presidente de Ucrania, Vlodomyr Zelensky, para que investigara a uno de sus principales retadores por la presidencia en 2020, el exvicepresidente Joe Biden, y a su hijo Hunter. También le ofreció la ayuda de su fiscal general, William Barr, y de su abogado personal, Rudolph Giuliani, para llevar a cabo esa investigación. Fue un indicio evidente de que no planea jugar limpio en su empeño por reelegirse.

Días antes, había parado la valiosa asistencia militar norteamericana que Ucrania necesita para defenderse de la voracidad del Kremlin, aunque se vio obligado a restituirla ante las protestas de congresistas de ambos partidos.

Fueron actos profundamente inmorales y de dudosa legalidad – porque la ley prohíbe solicitar ayuda extranjera para las elecciones en Estados Unidos - de cuyos pormenores nos enteramos gracias a las denuncias de un oportuno y valiente informante a quien la justicia federal presuntamente protege por temor a que Trump y los bergantes que lo rodean tomen represalias.

Ahora el Congreso tiene la palabra. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, les pidió a tres comisiones de esa entidad que investiguen el escándalo de Ucrania y determinen si hay motivos suficientes para enjuiciar a Trump.

Si los hay, los legisladores tendrían que redactar ' impeachment articles' o acusaciones formales que en principio se ventilarían en el Senado mediante un juicio que presidiría John Roberts, el juez republicano que encabeza la Corte Suprema de Estados Unidos.

El deber solemne de los legisladores demócratas es trabajar con equidad y transparencia en la encomienda que les ha dado Pelosi, guiados por la necesidad de hacer justicia, no de vengarse ni sacar ventaja política, para restablecer el equilibrio de poder que Trump ha socavado hasta el punto de poner en riesgo nuestra democracia.

Un síntoma cada vez más alarmante de ese riesgo son las insinuaciones del mandatario de que podría negarse a abandonar la presidencia cuando expire su período electoral; y sus nada veladas amenazas de una nueva guerra civil. No sería la primera vez que un gobernante electo busca perpetuarse en el poder para esconder sus fechorías.

Las investigaciones para un posible juicio de destitución no garantizan resultados y pudieran exacerbar el fanatismo de algunos seguidores de Trump. Pero tienen el valor inherente de ser un mecanismo importante, probablemente el único disponible ya, para tratar de enderezar el árbol de la democracia estadounidense que insidiosamente han torcido Trump y sus secuaces.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es). Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.