El Gobierno de Guatemala optó por la corrupción y Estados Unidos debe responder con más contundencia

La decisión del presidente de Guatemala Alejandro Giammattei de volver a nombrar a una fiscal general manchada por la corrupción es una clara señal de los profundos problemas que tiene ese país con la corrupción sistémica y las violaciones de los derechos humanos.

El mandato de la fiscal general Consuelo Porras se ha caracterizado por obstruir investigaciones de corrupción que involucran a las élites políticas y empresariales, despedir a fiscales anticorrupción y convertir su oficina en un instrumento de criminalización de quienes han encabezado la lucha contra la corrupción y la impunidad. Aunque el Departamento de Estado de Estados Unidos impuso sanciones a Porras por estas razones, el presidente Giammattei le concedió un segundo mandato como jefa del Ministerio Público (MP).

De 2019 a mayo de 2022, al menos 22 fiscales, jueces y personas defensoras de derechos humanos han tenido que exiliarse, principalmente en Estados Unidos, y las autoridades guatemaltecas han detenido al menos a siete fiscales anticorrupción.

Virginia Laparra es una de las fiscales detenidas este año. La visité en abril pasado en la prisión de Mariscal Zavala, en la capital guatemalteca, donde esencialmente es una presa política y ha estado injustamente encarcelada desde febrero.
“Estoy en la cárcel porque hice un buen trabajo en la lucha por la justicia”, me dijo desde su celda. Laparra presentó en 2018 una denuncia disciplinaria contra un juez que compartió información reservada de un caso que ni siquiera estaba en su judicatura. En represalia, el juez interpuso una denuncia penal contra ella.

Inicialmente, el Ministerio Público desestimó la denuncia del juez, pero eso cambió bajó la dirección de Porras. En 2020, el MP sancionó a los fiscales que desestimaron el caso contra Laparra. Luego, una organización que habitualmente defiende a funcionarios corruptos y militares procesados por violaciones a los derechos humanos, presentó una denuncia en contra de ella en otra fiscalía. Esa oficina entendió el mensaje de Porras y avanzó rápidamente con el caso.

Hasta hace un par de años, Guatemala había logrado importantes avances en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado como resultado de poner en marcha medidas no convencionales. En 2007, por iniciativa de organizaciones nacionales de la sociedad civil, con el apoyo de la comunidad internacional y el patrocinio de la ONU, llegó al país la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La CICIG fue un grupo de expertos nacionales e internacionales que ayudó a las autoridades nacionales a investigar y enjuiciar la corrupción arraigada y el crimen organizado.

Entre 2007 y 2019, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) –unidad especializada en casos de corrupción de alto impacto– y la CICIG procesaron conjuntamente más de 120 casos, muchos de los cuales involucraron a las élites del país, como funcionarios gubernamentales de alto rango, miembros del Congreso y destacados líderes empresariales.

En 2015, parecía que había un punto de inflexión en Guatemala: el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti se vieron obligados a renunciar cuando las investigaciones revelaron que ambos orquestaron un esquema de corrupción en la autoridad aduanera con el cual los importadores pagaban sobornos en vez de impuestos. Otros casos investigados se referían a contribuciones ilegales campañas presidenciales por parte de líderes empresariales y a la creación de plazas fantasma en el Congreso, cuya junta directiva se quedaba con los salarios.

Estados Unidos había sido un firme aliado de esta importante lucha anticorrupción en Guatemala. Eso cambió en 2017, cuando la política del gobierno de Trump se enfocó en limitar la migración a Estados Unidos. Para ganar el favor estadounidense, Guatemala trasladó su embajada en Israel a Jerusalén y firmó un “Acuerdo de tercer país seguro” que permitió a Estados Unidos deportar centroamericanos a su territorio.

En 2018, el presidente guatemalteco Jimmy Morales, acuerpado por militares, anunció que cerraría la aplaudida CICIG. Aunque Morales apoyó la comisión al principio de su mandato, esto terminó cuando él y su familia fueron investigados por corrupción. Su decisión de forzar la salida de la CICIG fue recibida en silencio por el gobierno de Trump y no hubo consecuencias internacionales para Guatemala. Esto envalentonó a la cleptocracia del país y dio paso a la criminalización de los funcionarios anticorrupción.

El gobierno de Biden ha tratado de revertir el curso de los hechos. En 2021, el Departamento de Estado de EEUU incluyó a la fiscal general Consuelo Porras en una lista de “actores antidemocráticos y corruptos” por obstruir investigaciones y despedir a fiscales anticorrupción. El 16 de mayo, en respuesta a la reelección de la funcionaria, el secretario Blinken tuiteó que “los actos corruptos de la fiscal general Porras socavan la democracia en Guatemala” y reiteró las sanciones contra ella.

Si bien la administración Biden tiene razón al priorizar el apoyo a los esfuerzos anticorrupción y el fortalecimiento del Estado de derecho en sus relaciones con Guatemala y Centroamérica, es hora de que actúe con más fuerza. Estados Unidos debe imponer sanciones financieras a quienes llevan a cabo y financian estas violaciones a la ley. El Departamento del Tesoro tiene estas facultades con la Ley Magnitsky, la cual permite sancionar a personas involucradas en corrupción y en serias violaciones a los derechos humanos.

Estados Unidos también debe redoblar sus esfuerzos para apoyar a las y los fiscales y jueces independientes en Guatemala, así como a las organizaciones de sociedad civil que trabajan para proteger el Estado de derecho. Los esfuerzos pueden incluir apoyo para funcionarios judiciales encarcelados como Laparra y para las personas exiliadas en Estados Unidos.

El apoyo al Estado de derecho y a un sistema de justicia independiente son esenciales para construir sociedades democráticas sólidas que nivelen las reglas del juego y aborden las causas profundas de la migración. Es hora de que Estados Unidos muestre sus cartas.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.