Bukele vs El Faro

Desde que el presidente Nayib Bukele asumió el cargo en 2019, El Faro y otros medios de prensa independientes en El Salvador están cada vez bajo mayor presión, lo que incluye la exclusión de ciertos reporteros de las conferencias de prensa del presidente y artículos difamatorios en medios.

Salvadoran President Nayib Bukele gestures as he delivers his speech on July 18, 2020.
Salvadoran President Nayib Bukele gestures as he delivers his speech on July 18, 2020.
Imagen Yuri Cortez/AFP via Getty Images

A fines de septiembre, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, estaba de ánimo combativo y decidido a enviar un mensaje claro a los periodistas locales congregados en el palacio presidencial para un discurso televisado a todo el país.

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Después de hacer declaraciones iniciales, aceptó las preguntas de solo ciertos reporteros. Estos, leyendo de sus teléfonos inteligentes, preguntaron lo que parecían ser puntos de partida para Bukele. El presidente rápidamente dio paso a videos y fotos de pantalla de mensajes en Twitter para descreditar como “falsa” una investigación reciente por el medio independiente El Faro.

El Faro había afirmado, con menciones de registros de prisión e informes de inteligencia, que el gobierno había negociado en secreto con miembros de la pandilla MS-13 –considerada una entidad terrorista en El Salvador– para disminuir el número de homicidios y afianzar apoyo electoral a cambio de condenas más leves.

El presidente Bukele luego afirmó, sin ofrecer pruebas, que El Faro estaba bajo investigación por lavado de dinero.

No era la primera vez que El Faro era motivo de críticas del gobierno. Fundado en 1998 como un sitio de noticias únicamente digital, El Faro ha reportado sobre la corrupción, la migración, el crimen organizado y la brutalidad policial, lo que lo ha hecho merecedor de premios al periodismo de la Universidad Columbia, el Rey de España y el Comité para la Protección de los Periodistas.

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Pero desde que Bukele asumió el mando en 2019, El Faro y otros medios de prensa independientes están cada vez bajo mayor presión, lo que incluye la exclusión de ciertos reporteros de las conferencias de prensa del presidente, artículos difamatorios en medios controlados por el gobierno, ataques cibernéticos, allanamientos y robos.

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Desde hace meses, El Faro es motivo de una extensa auditoría fiscal. Sus abogados han argumentado en la corte que los documentos solicitados por el ministro de finanzas van más allá del ámbito de la auditoría e incluyen documentos que revelarían conversaciones periodísticas internas sobre reportajes en curso y datos sobre suscriptores individuales.

Los ataques por Bukele a los medios de prensa críticos se han cristalizado precisamente al momento que surgen cada vez más preguntas sobre la presunta corrupción en su gobierno. Desde la pandemia del coronavirus, más de una decena de investigaciones periodísticas han revelado evidencia de corrupción relacionada con la respuesta del gobierno. La Revista Factum y el centro de estudios IBI Consultants de Washington D.C. han reportado una serie de acuerdos entre Bukele y Alba Petróleos, una subsidiaria de la compañía petrolera del gobierno de Venezuela, PDVSA, ambas motivo de sanciones estadounidenses relacionadas a cuestiones de lavado de dinero. Los reportajes indican, al mencionar la investigación en curso por la fiscalía, que Bukele y sus allegados han recibido varios millones de dólares de Alba Petróleos.

En su país, Bukele goza de gran popularidad. El exalcalde de San Salvador, de 39 años, fue elegido como alguien al margen de la política, un independiente de la casta que ha gobernado El Salvador desde que terminó la sangrienta guerra civil en la década de los 90. Es experto en el uso de redes sociales, viste casacas de cuero a la moda y gorros de béisbol con la visera hacia atrás, y se le considera firme con el crimen y la corrupción.

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Bukele es un aliado clave del presidente Donald Trump, a quien ha descrito como “muy simpático y chévere”. El año pasado, Bukele llegó a un acuerdo con el gobierno de Trump que permitirá que Estados Unidos envíe a El Salvador, uno de los países más peligrosos del mundo, a personas de otros países que piden asilo. Bukele también ha admitido en público que ha tomado el medicamento contra la malaria hidroxicloroquina, que Trump promueve para combatir el coronavirus, a pesar de advertencias sobre sus peligros.

No es ninguna sorpresa que el gobierno de Trump haya apoyado al presidente de El Salvador. Bukele y el embajador de Estados Unidos Douglas Johnson, previamente un alto agente de operaciones de la CIA, incluso se han dado el tiempo de pasear en un yate con su familia.

Pero los ataques de Bukele a la prensa libre son síntomas de un desprecio más extenso de las instituciones democráticas. En febrero, movilizó a soldados de las fuerzas especiales con armas de asalto, cascos protectores y chalecos, a la Asamblea Legislativa para amedrentar a los legisladores para que aprobaran fondos para las fuerzas de seguridad que combaten las pandillas. Luego en abril, fue en contra de un fallo de la Corte Suprema que anuló la detención de miles de personas por las fuerzas armadas por no cumplir con el estricto confinamiento debido al coronavirus. En una aparente demostración de fuerza, el despacho de Bukele también circuló fotos degradantes de cientos de prisioneros apenas vestidos con un calzoncillo blanco, en fila en el piso y forzados a poner la cabeza sobre la espalda de otro.

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Los legisladores en Washington están prestando atención. A comienzos de septiembre, Elliot Engel, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, y el Senador Patrick Leahy escribieron directamente a Bukele para expresar su inquietud sobre lo que “parece ser un esfuerzo de intimidar” a El Faro. Luego, a pocos días de la conferencia de prensa de Bukele televisada a nivel nacional, seis republicanos enviaron su propia carta donde denunciaron “la lenta pero segura desviación del estado de derecho y las normas democráticas” por El Salvador.

Bukele desestimó las cartas como obra de cabilderos y unos pocos legisladores. “Hacer que un congresista escriba una carta es lo más fácil del mundo”, dijo.

Dados los conocidos intentos por Bukele de silenciar la cobertura crítica y otros medidas autoritarias, el Congreso se abstuvo de prolongar el plazo para gastar $277 millones en ayuda extranjera aprobada para El Salvador. El Congreso debe seguir pidiendo medidas de protección de la prensa y control y equilibrio entre los poderes del gobierno antes de aprobar fondos nuevos.

Mientras tanto, Bukele debe prestar atención a los asuntos que preocupan a ambos partidos en Washington. Las elecciones de noviembre podrían terminar en la censura pública del gobierno de Trump y dejar a Bukele en una posición incluso más débil si no cambia de curso drásticamente pronto.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es). Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.