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Criminalidad y Justicia

¿Tiene Maduro inmunidad ante las acusaciones de narcotráfico de EEUU?

Los expertos legales dicen que no, ya que el gobierno de los Estados Unidos no reconoce a Maduro como el jefe de estado legítimo, y eso es todo lo que cuenta a los ojos de los tribunales. (Read in English)
26 Mar 2020 – 04:48 PM EDT

El anuncio del jueves de cargos de narcotráfico contra Nicolás Maduro plantea una pregunta legal espinosa: ¿tiene el sistema legal de Estados Unidos jurisdicción para llevarlo a juicio considerando que él es el gobernante actual de Venezuela?

Según el derecho internacional, los jefes de estado extranjeros gozan de cierta inmunidad de enjuiciamiento por parte de otros gobiernos. Pero algunos expertos dicen que esto no se aplica en el caso de Maduro por dos razones.

En primer lugar, y lo más importante, mientras Maduro puede considerarse jefe de estado, para el gobierno de Estados Unidos, junto a más de 50 países, no lo es. Eso se debe a que está acusado de haber sido electo en los comicios presidenciales de mayo de 2018 mediante un fraude masivo.

Mientras que algunos países, en particular China, Rusia, Nicaragua y Cuba, todavía reconocen a Maduro, eso no cuenta en el sistema judicial de Estados Unidos.

"La inmunidad es un privilegio otorgado por la rama ejecutiva, no por los tribunales", dijo a Univision Noticias el ex fiscal federal de Estados Unidos, Richard Gregorie.

Caso Noriega

Gregorie sabe una o dos cosas sobre el tema, ya que era el jefe de la división de narcóticos del Distrito Sur de Florida que encabezó la acusación en febrero de 1988 del general Manuel Noriega en Panamá. Noriega enfrentó cargos similares de explotar su posición oficial como jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá, por recibir pagos a cambio de ayudar y proteger el cartel de Medellín en Colombia.

 Antes de retirarse en 2018, Gregorie también trabajó en el caso Maduro.



El caso Noriega a menudo se cita, incorrectamente, como un precedente legal para la acusación de un jefe de estado extranjero por parte de Estados Unidos. De hecho, cuando Noriega fue acusado, Panamá tenía un presidente llamado Eric Delvalle.

Por supuesto, Delvalle era considerado un títere de Noriega, quien tenía efectivamente el control del país como jefe militar. Sin embargo, Delvalle fue reconocido en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, como el jefe de estado.

Irónicamente, Noriega se declaró jefe de estado el 5 de diciembre de 1989, cinco días antes de la invasión estadounidense para arrestarlo.


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Norman Saunders

El único otro ejemplo cercano es Norman Saunders, el exministro en jefe de las Islas Turcos y Caicos, el pequeño territorio insular del Caribe. Fue arrestado en Miami en 1985 y sentenciado a ocho años de prisión por cargos de conspiración relacionados con el tráfico de drogas.

Pero tampoco era el jefe de estado, ya que las islas son un territorio británico y el jefe de estado es la reina Isabel II.

Gregorie recuerda bien ese caso, ya que él era el fiscal. "Cuando la hice (la acusación a Saunders) todo el mundo dijo que no podía hacer eso. Hay una ley internacional que no puede acusar a un jefe de estado extranjero que está en el poder", dijo a Univision Noticias. "Pero el jefe de estado allí es la reina, así que usé eso como mi tapadera", agregó.

Gregorie luego utilizó el caso de Saunders "como mi precedente para la acusación contra Noriega", continuó.

Noriega y la CIA

No lo hizo muy popular en Washington con la administración de George H. Bush ya que era bien sabido que Noriega había trabajado durante años como un activo de la CIA, incluso cuando Bush era director de la CIA.

Gregorie recuerda haber ido a Washington DC dos veces para obtener la aprobación para llevar a juicio el caso de Noriega y se topó con la resistencia de las agencias de inteligencia que estaban preocupadas por la revelación de sus secretos.

Llevamos más de un año investigando a Noriega. Incluso fui a la CIA para ver qué tenían sobre él. Me dieron un pequeño archivo con casi nada", dijo.


Otros casos: Haití, Honduras

En otros casos, Estados Unidos se ha resistido a acusar a los jefes de estado en funciones, incluso si tenían pruebas sustanciales de irregularidades.

El presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, estuvo a punto de ser acusado por los fiscales estadounidenses por cargos de narcotráfico antes de su destitución por una rebelión popular armada en 2004. Pero no se tomaron medidas, en parte porque fue reconocido como el jefe de estado legítimamente elegido.

Del mismo modo, el presidente Juan Orlando Hernández ha sido nombrado coconspirador en un caso de Nueva York que involucra a su hermano, quien fue condenado el año pasado por cargos de tráfico de drogas y armas. Pero no se han presentado cargos contra el presidente Hernández, quien es reconocido como jefe de estado por Estados Unidos.

El presidente Hernández ha negado vehementemente las acusaciones.


Límites de la inmunidad

Incluso si Maduro fuera legalmente reconocido en Estados Unidos, su inmunidad aún enfrenta un segundo desafío. Se considera que la inmunidad del jefe de estado solo se aplica cuando un gobernante está ejerciendo sus deberes en interés de sus compatriotas, dijo David Weinstein , un ex fiscal federal ahora en práctica privada con la firma de abogados Hinshaw & Culbertson.

Por ejemplo, esto podría incluir medidas drásticas de seguridad nacional tomadas durante una disputa internacional, o en tiempos de guerra, cuando se requieren actos extremos que podrían costar vidas.

"La inmunidad solo se aplica a las acciones legales que está llevando a cabo como parte de sus deberes como jefe de estado en nombre de sus ciudadanos", dijo Weinstein.

Pero no se aplican cuando el gobernante está actuando ilegalmente en su propio interés personal para obtener ganancias financieras personales, como el lavado de dinero internacional como se alega en el caso Maduro.


En este caso (Maduro), el gobierno dice que usó su posición para hacer de su país un narcoestado. Eso no es de interés para nadie, excepto el suyo", agregó.

Si Maduro es llevado a juicio en Estados Unidos, sus abogados seguramente tratarán de desestimar los cargos utilizando la defensa de inmunidad. De hecho, eso es lo que los abogados del general Noriega intentaron, sin éxito, antes de su juicio en 1990.


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