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Los líderes extranjeros malignos y los límites del poder estadounidense

Ningún país puede investigar y enjuiciar al líder de otro país sólo porque nos parece aborrecible su comportamiento. La intervención militar se reserva para casos extremos, y aun así, los resultados conllevan enormes riesgos políticos. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando el comportamiento de un líder extranjero se vuelve inaceptable?
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Opinión
Exembajador de Estados Unidos en Panamá y analista político de Univision.
2019-08-27T15:31:02-04:00

En la realidad de la zanahoria y el garrote de la política exterior, la política doméstica suele buscar una solución simple y limpia a los problemas internacionales.

Ya sea terrorismo, narcotráfico o tráfico de personas, lavado de dinero o inestabilidad política en el extranjero, la mayoría de los estadounidenses esperan que su gobierno se encargue del problema y no les dé muchos detalles. En el hemisferio occidental, el ejemplo que a menudo se cita es la invasión de Panamá en 1989 y la destitución del general Manuel Noriega para enjuiciarlo por lavado de dinero y narcotráfico.

Invadimos y lo capturamos. Fue declarado culpable, pasó 17 años en una prisión de Estados Unidos y posteriormente pasó tiempo tras las rejas en Francia. En 2011 regresó a Panamá y murió ignominiosamente varios años después en una cárcel panameña. Un eficiente caso cerrado que ya quedó en el espejo retrovisor de la historia.

Aunque en Estados Unidos se acepta casi universalmente como una "Causa Justa" — el nombre de la operación militar — en Panamá la invasión sigue siendo un punto de controversia duradero, aunque muy pocos apoyaban al brutal líder.

El daño colateral de la invasión sigue siendo el problema. Pero lo que es más importante aún, desde el final de la Guerra Fría, Estados Unidos, por lo general, ha intentado sabiamente resolver conflictos y abordar las amenazas no estatales en el hemisferio occidental mediante la diplomacia y la cooperación legal, sin recurrir a acciones militares cinéticas. (El Medio Oriente después del 11 de septiembre es un caso totalmente diferente).

Entonces, si queda descartada una invasión militar, ¿por qué no simplemente acusar a los líderes autoritarios corruptos y violadores de derechos humanos como el nicaragüense Daniel Ortega y el venezolano Nicolás Maduro e intentar llevarlos a un tribunal de Estados Unidos sin llegar a recurrir a una rendición forzada?

Para responder esto hay que comprender cómo convergen la diplomacia y el derecho internacional. La Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras y el derecho internacional consuetudinario sostienen que un Estado extranjero es inmune al enjuiciamiento en los tribunales de otro Estado extranjero en el ejercicio de funciones oficiales.

Hay excepciones en cuanto a daños comerciales y civiles, pero el efecto neto de este principio implica que ningún país puede investigar y acusar al líder de otro país sólo porque nos parece aborrecible su comportamiento. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no quiere que su presidente o altos funcionarios queden a merced de tribunales extranjeros. Se trata de reciprocidad y de protección a nuestros conciudadanos.

Éste es un principio probado y sensato. Pero supongamos que un fiscal estadounidense decidiera enjuiciar a cualquiera de los dictadores por narcotráfico, violaciones flagrantes de los derechos humanos o terrorismo. Imagínese la dificultad que tendrían los investigadores del FBI o de la DEA para sustentar un caso basado en evidencia con el fin de presentarlo en un tribunal estadounidense.

Recopilar pruebas en el extranjero mediante canales diplomáticos, incluso con países cooperantes, es una tarea ardua. Aunque el contenido es delicado, lo manejan burócratas de ambos lados. Las filtraciones son una preocupación constante.

En dictaduras hostiles como Venezuela y Nicaragua, con las que la colaboración judicial no existe, los investigadores no tienen una forma práctica de recopilar documentos, testimonios jurados, etc. Y recuerde que la inteligencia clasificada no puede presentarse en un tribunal hasta que se desclasifique y se siga una rigurosa cadena de custodia.

Por supuesto, luego tenemos el pequeño asunto de detener física y legalmente a un déspota extranjero en Estados Unidos o en un tercer país, donde tienen inmunidad diplomática bajo la Convención de Viena. Ésa es una de las razones por las que los yanquis nunca detuvieron a Fidel Castro en las Naciones Unidas.

Más allá de la miríada de dificultades legales de acusar a un líder extranjero, también hay una consideración diplomática clave para evitar las acciones judiciales contra líderes extranjeros.

La diplomacia inteligente dicta que Estados Unidos siempre debe dejar abierta una ventana para negociar bilateral o multilateralmente la salida del poder de líderes como Maduro u Ortega, sin recurrir a una declaración de guerra o acción militar.

La reciente revelación de las negociaciones indirectas entre Caracas y Washington indica que aún se aplica este principio de dejar todas las opciones abiertas a una solución que no implique una invasión o "derrocamiento" del problema que representa Maduro. Esto es algo sensato.

En lo que resulta ser un acontecimiento muy inusual, recientes documentos públicos del Departamento de Justicia indican que el presidente hondureño en funciones, Juan Orlando Hernández, es un conspirador no acusado en el próximo juicio por narcotráfico de su hermano en un tribunal federal de Nueva York.

Los fiscales alegan que recibió dinero procedente de las drogas con el fin de asegurar su reelección en 2017. No puedo recordar un caso similar reciente en el que se revele que un presidente en funciones ha sido investigado e incluido en una acusación abierta. Hasta donde sabemos, Hernández no está acusado, pero aun así ...

Quizás esto fue para enviarle un mensaje a Hernández y a otros, sin embargo, me pregunto si los diplomáticos del Departamento de Estado sabían en ese momento que los investigadores estaban acumulando pruebas en su contra. Su hermano, sí. Pero un líder en funciones, eso es algo bastante raro.

El presidente Hernández, autoproclamado amigo de Estados Unidos en materia de drogas y migración, ha dicho que no está involucrado con su hermano y confía en el sistema de justicia de Estados Unidos. El próximo juicio de octubre resultará interesante.

Mientras tanto, esta realidad de tonos grises en cuanto a los costos y beneficios de utilizar la ley estadounidense para lidiar con las horribles violaciones de los derechos humanos y la delincuencia deliberada de los regímenes de Venezuela y Nicaragua seguirá siendo un reto para los abogados y los diplomáticos ... Y así debe ser. Simplemente no existen soluciones simples y limpias.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es). Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.


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