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El asesinato de Lesbia Yaneth Urquía y el precio de ser ambientalista en Honduras

La ambientalista que protestó contra la construcción de hidroeléctricas y proyectos mineros en Honduras fue asesinada solo cuatro meses después que su compañera Berta Cáceres. Para los activistas, su muerte es un mensaje para que la lucha por el ambiente se termine en Honduras.
8 Jul 2016 – 2:52 PM EDT

TEGUCIGALPA (Honduras).- Que ser ambientalista en Honduras "es un riesgo" no es un nada nuevo. Así lo afirma el informe Cuánto Más de Global Witness al decir que el país centroamericano es el " más peligroso per cápita para los activistas ambientales y de la tierra con 101 asesinatos entre 2010 y 2014". Y las comunidades indígenas son siempre las más afectadas.

Solo cuatro meses después del asesinato de la conocida líder ambientalista Berta Cáceres en marzo de este año, Lesbia Yaneth Urquía Urquía, una mujer de 49 años con la que compartió lucha e ideales en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) fue encontrada muerta en una carretera de Marcala, unos 100 kilómetros al oeste de Tegucigalpa, con golpes en la cabeza.

Originaria de Marcala, en el departamento de La Paz, Lesbia Urquía fue una incansable defensora del medio ambiente desde que se otorgaron varias concesiones mineras e hidroeléctricas.

Madre de tres hijos, defendió también los derechos de los pueblos indígenas desde que se vinculó al Copinh en 2009. Urquía era comerciante, tenía una abarrotería, apartamentos y un minihotel, donde pasaba buena parte de su tiempo. Todos los días salía a ejercitarse en su bicicleta y eso hacía precisamente cuando fue interceptada el pasado miércoles por unos desconocidos que acabaron con su vida.


La primera hipótesis que la Policía maneja en el caso de la activista que luchó contra la construcción de hidroeléctricas y proyectos mineros en Honduras es el robo. Pero los compañeros del Copinh aseguran que su muerte es un mensaje para que la lucha por el ambiente se termine en Honduras.

“Es un mensaje para decirnos que no sigamos luchando, que el que se oponga a los proyectos puede ser asesinado. Buscan intimidar y destruirnos. Quieren que las comunidades no sigan en la defensa del territorio”, dijo Tomás Gómez, coordinador del Copinh.

Por eso, las organizaciones ambientalistas en el país llamaron a una reunión de emergencia este sábado para tomar acciones y evitar más muertes.

Los activistas lamentan que no se consulta a los pobladores en la concesión de territorios para ejecutar proyectos mineros, hidroeléctricos y eólicos y eso está llevando a las comunidades a organizarse y alzar la voz.

La exclusión de los vecinos de las decisiones que les afectan origina conflictos, aseguran líderes ambientalistas, como los que viven las comunidades de Chinacla, Santa Elena y Aguanterique, en el municipio y departamento de La Paz -centro de Honduras-.


"La situación es grave. Son varias las personas que están asesinando por luchar por la defensa de los recursos naturales. Las comunidades no son tomadas en cuenta a pesar que la ley establece que debe hacerse en cabildo abierto para decidir un proyecto. Se excluye a la gente. En la negociación solo están las empresas y el Gobierno. En el departamento de La Paz es donde se presenta la situación más grave y es el lugar donde asesinaron a otra defensora del ambiente”, expresó Dolores Valenzuela de la Coalición de Redes de Organizaciones Ambientalistas (CONRA).

Solo en ese departamento, en el mes de diciembre del 2014, cinco miembros del Movimiento Indígena Lenca de La Paz (MILPAH) fueron asesinados y 20 más corrieron la misma suerte en 2015 por defender su territorio, denunció Martín Gómez Vásquez, subcoordinador de la organización.

“Estamos intimidados, hay medidas represivas contra los pueblos indígenas porque nos imponen proyectos. Hay alcaldes y diputados que nos han sentenciado si seguimos organizados y defendemos el ambiente” explicó el dirigente indígena.

Por la vulnerabilidad en la que se encuentran los ambientalistas, Honduras fue elegida como sede del Foro “Centroamérica Vulnerable Unidos por la Vida” que se celebrará la próxima semana y reúne a varias organizaciones de la sociedad civil.



En ese encuentro se planteará la postura de esta red ante la muerte de ambientalistas: “Se ha agravado la situación de los ambientalistas, si bien es cierto que se dan varias hipótesis en las muertes, creemos que se disfraza el móvil para ocultar la realidad de lo que ocurre” dijo Ramiro Lara, de la Asociación de Organismos No Gubernametales, Asonog.

Mientras, las autoridades designaron un equipo especial que investiga el hecho. Por el momento, aseguran tener varias pistas para esclarecer el crimen y esperan en las próximas horas dar respuestas concretas en el caso. "Se da seguimiento y se toman todas las pistas para descartar o confirmar si la muerte tiene que ver con algún caso relacionado al tema ambiental" informó Luis Ozabas, vocero policial.

Pero la realidad, es que en el país, más del 90% de los delitos permanecen impunes, según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, así que la esperanza de los ambientalistas de que los crímenes se resuelvan suelen ser bajas.

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