Se suicida un exministro en Guatemala tras dispararle a un fiscal y un policía que participaban en un operativo por lavado de dinero

El exministro de Finanzas de Guatemala Pavel Vinicio Centeno se suicidó este viernes afuera de su casa en la capital guatemalteca. La fiscalía no pudo aclarar los motivos de la muerte del exfuncionario nombrado por el anterior presidente Otto Pérez Molina, encarcelado por corrupción.
28 Oct 2016 – 6:44 PM EDT

Este viernes la cruzada anticorrupción que agita al país centroamericano se convirtió en parte de cuento surrealista. En un confuso incidente, que las autoridades no pudieron explicar en una extensa conferencia de prensa, el exministro de Finanzas Pavel Vinicio Centeno López se habría sentido acorralado cuando vio que poco antes de las 6 de la mañana su residencia, en un exclusivo condominio de la capital guatemalteca, fue rodeada por autoridades.

Las primeras versiones afirman que la residencia sería propiedad del banquero Ronald García Navarijo, con orden de captura pendiente y señalado de lavado de dinero en el Banco de los Trabajadores, del cual era gerente y representante legal.

Centeno, que según el diario local Prensa Libre alquilaba la casa a García, le disparó al fiscal Giovanni Santos, de la Fiscalía contra la Impunidad, y a José Set, agente de la Policía Nacional Civil. Luego quiso fugarse, pero al verse acorralado se quitó la vida afuera de la casa, frente a la mirada atónita de quienes participaban en el operativo.


En la lucha contra los corruptos que se empezó en Guatemala desde abril de 2015 parecía que ya había ocurrido todo: la renuncia y arresto de un presidente y su vicepresidenta, casi toda la cúpula de gobierno señalada de sustraer fondos públicos, 22 semanas consecutivas de manifestaciones pacíficas, empresarios intocables señalados de evasión de impuestos y pago de sobornos, amenazas de muerte contra fiscales y periodistas, y hasta acusaciones de conspiraciones internacionales orquestadas desde Estados Unidos.

Todo, menos el suicidio de un exfuncionario que había visto cómo, uno por uno, han sido arrestados sus antiguos jefes y varios de los ministros con los que compartió múltiples sesiones del gabinete del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Ambos están en prisión preventiva por estar vinculados a una estructura dedicada a saquear las arcas del estado, según investigaciones realizadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).


Lavado de dinero

El suicidio de Centeno ocurrió en marco de un operativo que este viernes realizan la CICIG y el MP en busca de 10 personas (cinco directivos, dos de sus familiares, una abogada y dos empresarios) señaladas por lavado de dinero, entre ellos García Navarijo.

Las acciones judiciales incluyen a la sede central del Banco de los Trabajadores y hasta ahora han sido arrestadas seis personas, entre ellas el expresidente del banco, Sergio Hernández.

La Fiscal General de Guatemala, Thelma Aldana, y el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, explicaron en conferencia de prensa que la muerte del exministro Centeno está bajo investigación y que, oficialmente, no podían asegurar que se tratara de un suicidio, así como la razón por la cual Centeno estaba en una de las viviendas vinculadas al banquero García Navarijo.

La prensa local cuestionó los procedimientos utilizados en el operativo, pues testigos señalan que el fiscal y el policía no portaban chalecos antibalas. Además, se cuestionó que las autoridades justificaran no saber que Centeno vivía en una de las residencias allanadas y que, según vecinos, siempre portaba un arma.

Fotos: Guatemala ante la renuncia de Pérez

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El viceministro del Interior, Ricardo Guzmán, aseguró que Centeno no tenía orden de captura y que el incidente debe ser investigado, pues el exministro no tenía perfil psicológico que concuerde con acciones como las ocurridas.

Los banqueros son señalados por integrar una estructura que desde la directiva del banco buscó beneficiarse con la simulación de pagos por unos 733,000 dólares, los cuales fueron transferidos a empresas fantasma que posteriormente adquirieron 10 casas que eran propiedad del mismo banco.

Los mismos ejecutivos fueron señalados en mayo de 2016 de haber realizado actividades irregulares para intentar quedarse con la mayoría de acciones del banco, en el cual tiene una mínima participación el Estado guatemalteco.

Un intelectual

Centeno, de 57 años, y quien dirigió la cartera del Tesoro de enero de 2012 a octubre de 2013, en el inicio del gobierno de Pérez Molina era uno de los pocos funcionarios del gobierno del Partido Patriota (que llevó a Pérez Molina a la presidencia) que no ha sido implicado en los casos de corrupción que ha investigado la CICIG.

Hasta su participación en el gobierno de Pérez Molina, Centeno había gozado del reconocimiento de los círculos intelectuales de Guatemala, con una prestigiosa carrera en el área financiera. Su muerte ha causado conmoción en los sectores académicos.

Además de ministro, fue presidente del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (Hacienda), director de la Junta Monetaria, director de juntas directivas de varios bancos guatemaltecos, así como directivo de diversas instituciones dedicadas al tema financiero.

La participación de Centeno en el gobierno de Pérez Molina fue cuestionada en círculos políticos por haber sido el rostro de una fallida reforma tributaria. Su gestión terminó en 2013 de forma abrupta luego de una interpelación (juicio político) de un mes en el Congreso de Guatemala.

El gobierno señalado

Hasta octubre de 2016, además de Pérez Molina y Baldetti, ocho ministros del gobierno del Partido Patriota han sido implicados en supuestos actos de corrupción. Cinco de ellos están presos, uno con arresto domiciliario y dos prófugos.

La captura más reciente fue la del exministro de Agricultura Elmer López, quien es acusado de usar fondos públicos para comprar granos básicos de contrabando, utilizados para dar asistencia social a familias pobres.

En junio fueron llevados a prisión el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, los exministros de Defensa Ulises Noé Anzueto y Manuel López Ambrosio, señalados de aportar dinero entre 2012 y 2014 destinado a comprar lujosos regalos para el entonces presidente Pérez Molina.

Por el mismo caso, hay una orden de captura internacional contra el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi Aparicio, y el de Energía y Minas, Erick Archila Dehesa, ambos pertenecientes a élites empresariales.


De acuerdo con las investigaciones de la CICIG, los exfuncionarios habrían contribuido para buscar su permanencia en la jerarquía del Partido Patriota y complacer a “los jefes”. Los regalos que habrían entregado ascendieron 4.8 millones de dólares, y entre ellos estaría una lancha, un helicóptero y una vivienda en Roatán, Honduras.

También han sido señalados los exministros de cultura y deportes, el futbolista retirado Dwight Pezzarossi, quien se encuentra en prisión, y Carlos Batzín, con arresto domiciliario. El primero es acusado de cobrar comisiones a cambio de favorecer con contratos a una empresa de seguridad, y el segundo es vinculado a un fraude por dos millones de dólares por la contratación de juegos mecánicos para ferias.

A la lista se deben agregar más de un centenar de personas, entre exempleados del gobierno, empresarios y supuestos prestanombres, que habrían participado en diversos negocios ilícitos, corrupción, financiamiento político y enriquecimiento ilícitos.

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