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Juicios

Lula contraataca y denuncia acoso judicial y mediático

Los abogados del expresidente brasileño ejercieron dos recursos en la Corte para restituir su nombramiento como ministro.
21 Mar 2016 – 7:46 AM EDT

El expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, investigado por corrupción, lanzó este domingo una campaña para denunciar acoso judicial y mediático y pidió levantar el bloqueo a su designación ministerial, que lo libra a la justicia ordinaria.

Los abogados de Lula y un grupo de juristas ejercieron dos recursos ante la corte suprema para dejar sin efecto el fallo que le impide asumir como nuevo jefe de gabinete del gobierno de izquierda de Dilma Rousseff, quien a su vez está a las puertas de un juicio de destitución en el Congreso.

"Lula no ha sido acusado de ningún crimen, incluso después de haber sido sometido en los últimos meses a una verdadera invasión [de su vida privada] y a intimidaciones", afirmó en un comunicado el Instituto Lula.

Ese organismo, voz pública del ex jefe de Estado (2003-2010), también denunció un "acoso mediático" contra el ex líder sindical y dirigente del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda).

El primer recurso fue presentado ante el magistrado Teori Zavascki, responsable de dos causas abiertas en el Supremo que cuestionan el nombramiento de Lula como ministro, y la segunda fue dirigida al presidente de la corte, Ricardo Lewandowski.

El segundo recurso está firmado por seis renombrados juristas y, al igual que en el primero, solicita que el Supremo anule la decisión tomada el pasado viernes por un magistrado de esta corte ordenando la suspensión cautelar del nombramiento de Lula como ministro.

En esa decisión cautelar tomada el pasado viernes, el magistrado del Supremo Gilmar Mendes anuló el nombramiento de Lula como ministro, con lo que le privó del fuero privilegiado asociado a ese cargo y ordenó que su causa regrese al tribunal de Curitiba dirigido por el juez Sergio Moro.

Este juez es responsable de haber aplicado 93 condenas en los últimos dos años a implicados en el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, también ordenó que Lula fuera interrogado en una comisaría el pasado 4 de marzo y puso escuchas telefónicas para investigar al expresidente.

En ambos recursos, los abogados de Lula argumentaron que el magistrado Mendes se excedió en sus competencias al tomar una decisión sobre la jurisdicción del proceso abierto en contra del exmandatario, que es investigado por supuestos delitos de lavado de dinero y falsificación.

Por ello solicitaron a otro juez del Supremo, Teori Zavascki, que anule la decisión de su colega de forma cautelar, hasta que el pleno de la Corte analice el caso.

En su solicitud, los abogados argumentan que el juez Moro puso escuchas "ilegales" contra Lula, su familia y contra el bufete de abogados que le representa y después ordenó la divulgación de las grabaciones, incluyendo conversaciones entre el expresidente y su sucesora, Dilma Rousseff.

En el segundo recurso, Lula denunció también la "masacre mediática" a la que asegura que está siendo sometido, debido a la "filtración ilegal" de pruebas a la prensa y por "falsas delaciones" de otros sospechosos que se han acogido a acuerdos de colaboración con la Justicia.


De la defensa al ataque

Lula y su familia, afirma el comunicado, fueron "sometidos a métodos no jurídicos y antidemocráticos de investigación, intimidación y difamación".

El expresidente de Brasil, de 70 años, está en la mira de la justicia por supuesta ocultación de bienes -un tríplex y una chacra en Sao Paulo- que los fiscales vinculan al escandaloso esquema de fraudes que drenó más de 2,000 millones de dólares de Petrobras a través de una red de empresarios, políticos y especialistas en blanquear capitales.

Moro ordenó el 4 de marzo un aparatoso allanamiento del domicilio del hasta entonces intocable ícono de la izquierda latinoamericana y debía decidir si daba cabida a una orden de detención, cuando el nombramiento ministerial pareció arrebatarlo de su esfera.

El magistrado no vaciló en divulgar una conversación telefónica pinchada entre Lula y Rousseff, que fue interpretada como una señal de que el nombramiento era una treta para que su caso pasara a la corte suprema.

El máximo tribunal tiene previsto realizar su próximo plenario el 30 de marzo y los abogados de Lula pidieron un hábeas corpus para que su cliente no pueda ser detenido en ese lapso.


Más problemas para Rousseff

Las complicaciones de Lula se suman a las de Rousseff, amenazada por un juicio de destitución en el Congreso por presunta manipulación de las cuentas públicas.

Para un número creciente de brasileños esa sería la solución a la grave crisis en la que se debate el país, sumada a la recesión económica, a menos de cinco meses de los Juegos Olímpicos de Rio.

Unas tres millones de personas se manifestaron hace una semana en centenares de ciudades para pedir su salida del poder.

El PT movilizó también a sus bases el viernes, en protestas que según la policía sacaron a la calle a 270,000 manifestantes (1,2 millones según los organizadores), denunciando una tentativa de "golpe de Estado".

Una encuesta de Datafolha reveló el sábado que el apoyo al juicio político pasó de 60% en febrero a 68% en marzo.

El expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) dio su apoyo al juicio, afirmando que es un fiel reflejo de la voluntad popular.

"Eso fue lo que las calles gritaron" el 13 de marzo, declaró en una entrevista publicada este domingo por el diario O Estado de S. Paulo.

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