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Juicios

Lula, al vaivén de los jueces y las protestas de la calle

Un tribunal de Brasilia anuló una de las medidas cautelares que impedían el nombramiento del expresidente como ministro
18 Mar 2016 – 02:31 AM EDT

Decisiones judiciales a favor, decisiones en contra. Protestas para repudiarlo, protestas para apoyarlo. El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sigue en el ojo del huracán político y sin poder ejercer el cargo como jefe de gabinete ejecutivo de Dilma Rousseff, cuyo gobierno vive su peor momento tras escándalos de corrupción que implican a altos funcionarios de Petrobras y del gobernante Partido de los Trabajadores.

El Tribunal Regional Federal de Brasilia anuló este jueves una de las dos sentencias cautelares que han suspendido la investidura del expresidente brasileño como ministro de la Presidencia en el gabinete de Rousseff, informaron fuentes oficiales citadas por la agencia Efe.

Lula es investigado por supuestos delitos de lavado de dinero y falsificación y dos de los procesos abiertos contra él estaban en manos del juez Sergio Moro, titular del decimotercer juzgado federal de la ciudad de Curitiba, pero fueron transferidos al Supremo debido a que el cargo de ministro le concede fuero privilegiado.

El Gobierno argumentó ante la corte de la capital la "falta de imparcialidad" del juez Itagiba Catta Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia, uno de los que ordenó suspender el nombramiento de Lula en el cargo más importante de Brasil, después del de Presidente.

El magistrado Catta Preta había fundamentado su decisión en el riesgo de que Lula use su cargo para bloquear la investigación de la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.

La oposición y ciudadanos particulares presentaron numerosas demandas en tribunales de todo el país para tratar de impedir el nombramiento de Lula, pero el Gobierno anunció que va a recurrir todas ellas.

La otra medida cautelar contra el nombramiento de Lula dictada por un juzgado federal de Río de Janeiro sigue en pie, por lo cual sigue impedido de ejercer sus funciones.

Uno de los argumentos que usó la jueza de Río de Janeiro fue que el Tribunal Supremo es una corte en la que "siete de sus once magistrados fueron nombrados por el partido actualmente en el Gobierno".

La decisión definitiva acerca de la validez jurídica del nombramiento será tomada precisamente en el Supremo, una corte en la que tramitan por lo menos diez causas contra el nombramiento presentadas por la oposición.

Las calles encendidas

Entre las órdenes y contraórdenes judiciales, las protestas se multiplican en las principales ciudades del país, y algunos manifestantes están dispuestos a permanecer en las calles hasta ver la caída del gobierno.

La neurálgica avenida Paulista de la capital financiera de Brasil ha sido el epicentro de las protestas de la oposición. Fue allí donde se congregaron el domingo 1,4 millones de personas y donde este viernes el oficialismo espera también manifestarse, pero a favor del gobierno.

"De aquí no nos movemos", asegura Cristiane Galvao, de 44 años, una de las participantes de una protesta que comenzó la tarde del miércoles cuando el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-10) fue nombrado jefe del gabinete.

Una multitud salió a la calle y un grupo incluso pasó la noche en esa avenida, que el jueves de noche seguía bloqueada por miles de manifestantes que vienen y van. No todos están dispuestos o pueden dormir ahí.

Pero Galvao junto a otras 60 personas, muchas de su grupo llamado Patria Amada Brasil en referencia el último estribillo del himno nacional, se instalaron en la Paulista para presionar por la caída de la mandataria.

"Vamos a hacer una protesta como la que hubo en Ucrania. No saldremos de aquí hasta que caiga Dilma, afirma Galvao a la AFP, segura de que "mañana" viernes serán muchos más los manifestantes.

"Hemos recibido el apoyo de la gente, nos traen agua y comida. Aquí seguiremos hasta que Dilma caiga", sentencia.

El improvisado campamento está ubicado frente al enorme edificio de la patronal FIESP, que iluminó su fachada con el verde y amarillo de la bandera brasileña atravesada con una franja negra en la que se leía "Renuncia ya".

Desde el escenario que se montó frente al edificio un orador exclama ante el público enfervorizado: "¡Para que nunca más la izquierda gobierne este país!".

Alrededor del campamento en la Avenida Paulista la manifestación creció este jueves de noche hasta congregar unas 5.000 personas, según cifras divulgadas en la prensa. Son sobre todo oficinistas, muchos jóvenes, algunos con más ánimo de fiesta que de protesta.

Estallan fuegos artificiales. Hay un escenario, suena música, se venden cervezas heladas y los manifestantes gritan consignas con devoción bajo una noche cálida del fin del verano paulista.

"¡Brasil no es Venezuela!", "¡Fuera PT!", se escucha con fuerza.

"Estoy indignado con tanta corrupción, las cosas tienen que cambiar. Mientras no tenemos salud, educación o seguridad, vemos que estos políticos roban y roban. Todos los partidos son iguales, no se salva nadie", asegura Adilio Brasil, un enfermero de 32 años que pensaba quedarse protestando hasta la medianoche.


La contraofensiva de Rousseff
En la ceremonia de juramentación del jueves, que se hizo al margen de las medidas cautelares de los dos jueces, la presidente Rousseff tildó a quienes quieren su renuncia de "golpistas" y acusó al juez Sergio Moro, que dirige la investigación de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, de violar la constitución y actuar en favor de la oposición.

"Sacudir la sociedad brasileña por medio de mentiras, maniobras furtivas y prácticas muy criticadas viola las garantías constitucionales y sienta precedentes muy graves", dijo Rousseff. "Así comienzan los golpes" de estado, agregó.

La orden proferida por un juez federal en Brasilia, que suspendió el nombramiento de Lula, no tomó por sorpresa a los brasileños que están acostumbrados al uso de estas tácticas para retrasar o interrumpir designaciones o decisiones políticas.

En la práctica, la efectividad de la medida es objeto de debate. Algunos abogados consultados insisten en que Lula ya es el jefe de gabinete y disfruta de los beneficios legales que le concede esa posición, mientras que otros argumentaban que había que esperar a que la medida cautelar sa dejada en firme o revocada por una instancia judicial superior.

El Procurador General José Eduardo Cardozo, aliado cercano a Rousseff, dijo que detrás la orden de suspensión había "motivaciones políticas" y la calificó de "absolutamente inapropiada".

"La situación es absurda", dijo Cardozo en rueda de prensa y añadió que el gobierno apeló la medida. También atacó al juez que emitió la orden al citar unas fotos publicadas en Facebook que lo que muestran participando en una manifestación en contra del gobierno.

Tanto Rousseff como Silva han negado reiteradamente haber cometido delito alguno mientras que el gigante sudamericano, un país de 200 millones de habitantes, enfrenta varias crisis en diversos frentes.

La investigación ha implicado a decenas de figuras públicas de todo el espectro político brasileño y a destacados empresarios. Es una de varias crisis que afectan al país cinco meses antes de que se celebren los Juegos Olímpicos de Río, y que se suman a una creciente y profunda recesión y a un poderoso brote del virus del zika.


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