Temor en la capital del pollo: esta es la ciudad con mayor proporción de indocumentados de EEUU

En Estados Unidos hay 55 condados que colaboran con el Servicio de Inmigración (ICE) para buscar indocumentados. Uno de ellos es Hall (Georgia), cuya ciudad principal, Gainesville, tiene la mayor proporción de inmigrantes sin papeles del país.

Allí, desde el 2011, la oficina del sheriff entregó a ICE a casi 2,000 personas para su deportación.

Univision visitó esta ciudad para conocer cómo viven esos inmigrantes, qué piensan de lo que está ocurriendo, cuáles son sus preocupaciones, cuán informados están sobre sus posibilidades legales en este país y cómo prevén su futuro. Este es el primer reportaje de un proyecto que hemos llamado Inmigration Lab.

Temor en tierra de Trump

Gainesville está al norte de Atlanta, y es el área metropolitana con la mayor concentración de indocumentados del país. Cerca del 60% de los inmigrantes que viven allí no tienen papeles, de acuerdo a la estimación del Pew Research Center.

Gainesville es la ciudad principal del condado de Hall, uno de los cuatro condados de Georgia que tienen un acuerdo de cooperación con el Departamento de Seguridad Nacional para reportar arrestos de indocumentados.

Es un territorio profundamente republicano, donde no gana un candidato presidencial demócrata desde 1980. Aquí Trump triunfó fácil con el 72.7% de los votos.

Con el cambio de gobierno y las primeras redadas del año, el miedo se apoderó de los inmigrantes de Gainesville, en su mayoría mexicanos sin licencia de conducir. Muchos dejaron de manejar, asustados ante la posibilidad de que una infracción de tránsito, aunque sea leve, pueda terminar en su deportación.

Algunos supermercados ofrecen transporte gratis para que la gente compre sin riesgos. Las empresas de taxis, casi todas con nombres hispanos –La Ley de La Vida, La Nueva Tijuana, Los Potros Taxi, El Sol, Solitarios y El Palmar, entre otros– aumentaron sus flotillas para llevar a las personas a sus trabajos o al mercado. Hace seis años, en el condado de Hall operaban seis compañías de taxi. Hoy son 17, según los registros del Departamento de Seguridad Pública de Georgia.

El miedo también es notable en los niños, que salen de su casa preocupados de si encontrarán a sus padres al regresar. "Tenemos niños que hacen preguntas y no podemos contestarlas. '¿Qué va a pasar con mamá, qué pasará con papá?' No saben exactamente qué ocurre con las distintas políticas implementadas por nuestro presidente. Es muy difícil", narra Breana Wilson, encargada de una de las sedes de Boys & Girls Clubs en Gainesville, un centro que ofrece programas de desarrollo para los niños, y donde casi la mitad son hispanos.

“En la Iglesia ha bajado la asistencia de gente porque tienen miedo. Los niños muchas veces no van a la escuela porque no saben si su papá regresará a la casa, o su madre. Hay un terror que es real”, contó el sacerdote Jaime Barona, de la iglesia católica Saint Michael.

Para tener una mejor idea del miedo con el que viven los inmigrantes aquí, y su efecto en el comercio, hay que contar el caso de Llantas Castillo, un local en la orilla de Atlanta Highway, la carretera donde se ubica la mayoría de los negocios hispanos de la zona. Antes de que Donald Trump asumiera el poder allí trabajaban cuatro personas. Dos meses después eran sólo dos y las ventas habían caído casi un 80%.

“La gente que nos compraba estacionó sus carros, tiene miedo de manejar. Y ya no compran llantas usadas. Hubo un día en febrero que solo vendimos siete dólares”, contó José, el administrador.

Sin opciones

A Gainesville se le conoce como la capital del pollo de Estados Unidos, por las numerosas granjas y plantas procesadoras que operan en la ciudad y sus alrededores.

De las 10 industrias con más empleados en la zona, cinco son procesadoras de pollo que brindan empleo a casi 8,000 personas.

Esta industria depende en buena medida de la mano de obra extranjera. Los líderes locales calculan que el 80% de los inmigrantes de Gainesville trabaja cortando y empacando pollos. Y aunque pocos lo dicen en voz alta, la mayoría no tienen papeles.

Pedro (nos pidió cambiar su nombre) es uno de esos inmigrantes que se ganan la vida en una pollera. Es mexicano, de Guerrero, tiene 34 años y es padre de tres niñas, todas nacidas en suelo estadounidense.

Vive aterrorizado cada vez que se pone al volante, pero no tiene opción. La suya es una historia dramática que en buena medida recoge todas las congojas que pasan muchos indocumentados en Estados Unidos.

Cuando Univision Noticias lo visitó en su casa, en marzo, su hija menor estaba postrada en una cama, diagnosticada con la enfermedad de Gaucher tipo 2, un mal congénito que la mantenía la mayoría del tiempo en un hospital de Atlanta, adonde él viajaba casi todas las tardes, después del trabajo, para acompañarla con su esposa.

Mientras su mujer velaba por la niña en el hospital, él se hacía cargo de sus otras hijas. Por la mañana, antes del trabajo, las dejaba en casa de una vecina y pasaba a buscarlas por la tarde, para llevarlas a visitar a su hermana en el centro médico.

“Yo salgo de mi casa, pero realmente no sé si voy a regresar. Es triste y no puedo imaginarme qué sería si un día me para la policía y me lleva, qué sería de mi familia, qué sería de mi bebé que está prácticamente muriéndose”, dice Pedro.

Su niña murió en julio anterior, con un año y ocho meses.

Al igual que Pedro, muchos indocumentados de Gainesville temen encontrarse a la policía y terminar detenidos por manejar sin licencia. Eso podría terminar en su deportación. Pero a él no le quedaba otra opción.

En 2008, el entonces sheriff del condado, Steve Cronick, firmó un acuerdo –conocido como 287(g)– para colaborar con las autoridades de Inmigración. El acuerdo les permite a los oficiales de la Oficina del sheriff revisar la situación migratoria de las personas que arrestan por cualquier tipo de falta, registrar a los indocumentados para una posible deportación y mantenerlos detenidos hasta que “la migra” vaya a buscarlos. Aunque es el gobierno Federal el que toma la decisión de llevarlos o no.

Desde el 2011, por medio de este programa de cooperación el condado de Hall procesó a 5,717 inmigrantes. De ellos, 1,985 fueron entregados a ICE, según datos de la Oficina del Sheriff.

Este año, hasta el mes junio, en la cárcel del condado habían procesado a 218 indocumentados –177 hombres y 41 mujeres– según informó esa oficina.

En junio de 2016, el Sheriff Gerard Couch renovó el acuerdo. Su justificación es muy similar al discurso que utiliza Donald Trump: se trata de sacar a los vendedores de drogas y pandilleros del país.

“Tenemos una población hispana muy grande. Una gran población inmigrante. Y tuvimos un aumento en crímenes contra las personas de la comunidad (...) el programa 287(g) se enfoca en aquellos individuos que vienen aquí a aprovecharse de los otros. Vendedores de drogas, pandilleros, aquellos que cometen crímenes violentos. Y que son aptos para la deportación de este país, de esta comunidad”, dijo Couch a Univision Noticias.

El jefe policial justifica el programa asegurando que en los últimos años disminuyó el crimen en el condado de Hall. Eso es cierto, pero los datos que él utiliza no son excepcionales.

El porcentaje de criminalidad también bajó en casi todo Georgia, incluso en condados vecinos que no tienen el programa 287(g). El país en general ha visto una disminución del crimen en los últimos años, aunque sí es cierto que en Hall el porcentaje de disminución es un poco mayor.

Pero si examinamos los datos con atención se evidencia que en Gainesville la reducción de asaltos agravados es menor que las cifras estatales y los delitos más violentos, como violaciones y asesinatos, más bien aumentaron en los últimos años.

De alguacil a activista

Una de las voces más críticas del programa 287(g) se llama Anmarie Martin, una activista de origen puertorriqueño que trabajó como oficial de la oficina del Sheriff de Hall durante nueve años. Llegó a ser sargento y fue una de las oficiales entrenadas bajo el programa 287(g), hasta que en 2014 renunció por lo que vio en su trabajo.

“El entrenamiento te dice que vas a encarcelar y procesar personas que son criminales. Pero en este caso, la 287(g) es para destruir personas. Arrestar un ser humano que está trabajando para alimentar a su familia, criminalizarlo y sacarlo de ese seno familiar, es inhumano. Ya mi uniforme me pesaba, ya no me sentía orgullosa de servir a mi país. Mi renuncia fue inmediata”.

Anmarie recuerda especialmente el caso de un hombre que envió a Inmigración después de ser detenido por pescar sin licencia.

“Eso nunca se me va a olvidar. Empezó una batalla interna dentro de mí, ¿Cómo es posible que yo haya tomado un compromiso de proteger y servir, pero estoy destrozando familias? Y no pude seguir, me negué públicamente a aplicar la ley, y ahí terminó mi carrera como alguacil”, contó a Univision Noticias.

Tras su renuncia, Anmarie creó una organización llamada Upload Humanity, que brinda asesoría legal a las familias de inmigrantes y apoyo en caso de una deportación.

Asegura que el discurso que asocia a los inmigrantes y el crimen es equivocado. "La mayoría de los crímenes serios en este país son cometidos por ciudadanos americanos. Esta retórica que nos están vendiendo a través de Safe Communities (Comunidades Seguras) para enforzar la 287(g), no solamente en Georgia, en todos los Estados Unidos, es una falacia".

Los números parecen respaldar sus palabras. De los 536 cargos criminales que enfrentaron los inmigrantes procesados bajo el acuerdo 287(g) en el condado de Hall, en los primeros seis meses de este año, el 70% son faltas de tránsito que no tienen relación con manejar bajo la influencia de alguna sustancia.

Dos policías, una prisión

Es por eso que la gente tiene miedo, y también hay mucha confusión. La policía local de Gainesville no tiene la facultad de implementar el acuerdo 287(g), sólo los oficiales del Sheriff están autorizados para hacerlo. Pero muchos inmigrantes no distinguen esa diferencia y temen a ambas fuerzas por igual.

La policía teme que los inmigrantes dejen de reportar crímenes para no interactuar con los oficiales.

La policía local ha tratado de acercarse a la comunidad inmigrante, por medios de charlas en la iglesia o enviando encuestas en español.

Pero el temor de los indocumentados es justificado, porque en Gainesville hay solo una cárcel, la del condado, operada por la oficina del sheriff. Es ahí donde termina cualquier persona que la policía local detiene, sin importar la falta que cometió. Una vez allí, los alguaciles pueden procesar a la gente por su status migratorio.

Algunos alguaciles de Hall aseguran que su misión no es buscar indocumentados, pero se enfrentan a un dilema diariamente. ¿Detener o dejar ir a una persona que maneja sin licencia, cuando eso es un delito?

“Mi objetivo no es venir al trabajo a buscar personas indocumentadas y llevarlas a la cárcel por cualquier motivo. La gente está aquí para cuidar a su familia. Así que tienen que salir a trabajar. Y por eso están manejando. Pero usted tiene que tener una licencia de conducir para operar un carro. Así que usted puede recibir una multa, y pueder terminar en la cárcel”, dice el oficial Ryan Daly, mientras conduce su patrulla durante un recorrido por las calles del condado con un equipo de Univision Noticias.

Contradicción empresarial

Hay otra cara de la historia que parece contradictoria: la industria del pollo de Georgia respalda al presidente Donald Trump, quien acusa a los inmigrantes de robar el trabajo de los estadounidenses. Es como si estuviesen apoyando al principal opresor de sus empleados.

El trabajo en las plantas procesadoras es duro y muchos “americanos” no quieren hacerlo, según reconocen los propios empresarios. Por eso, buena parte de la industria depende de los extranjeros, mexicanos en su mayoría, quienes comenzaron a llegar a la zona a mediados de los años 80 hasta que alcanzaron cifras máximas en 2004, explica Tom Hensley, presidente de Fieldale Farms, la planta de pollo con más empleados en Gainesville.

Fieldale Farms tiene su sede en Baldwin, un pueblo cercano, y procesa unos tres millones de pollos por semana que vende a restaurantes y supermercados de todo el país. Sólo en su planta de Murrayville hay 1,700 trabajadores extranjeros y se hablan 13 idiomas.

Las medidas drástricas contra los inmigrantes en los últimos años han alejado a muchos de ellos. La empresa siempre está en busca de trabajadores, como lo refleja el anuncio de su página web. “En el último año ha disminuido la disponibilidad de mano de obra. Yo extraño esos jovenes mexicanos, eran muy buenos trabajadores. Las personas que tenemos ahora, las queremos y hacen muy buen trabajo. Pero cuando tienes 50 años, no puedes trabajar tan duro como cuando tienes 20”, dice Hensley.

Aún así, Hensley acepta que él votó por Donald Trump con la esperanza de que su industria pueda librarse de controles e inspecciones del gobierno, que considera excesivos. Su empresa donó dinero a la campaña de Trump. De hecho, desde el año 2002 Fieldale Farms le ha dado poco más de 500,000 dólares a candidatos republicanos en el senado estatal, el congreso de Estados Unidos y la presidencia. Quizá, esto demuestra el pragmatismo de las decisiones empresariales.

“Sabes, sólo para ser sincero, lo que hice fue votar en contra de Hillary Clinton. Porque ella habría continuado la escalada de regulaciones del presidente Obama. Estamos sobre regulados. Aquí en nuestro pequeño negocio tenemos inspectores de carne, toda la carne debe ser inspeccionada. Y lo hacen bien, pero también tenemos a OSHA, tenemos a EPA, tenemos a la Oficina de Programas para el Cumplimiento de Contratos Federales, tenemos al Departamento de Trabajo”, se queja Hensley.

El empresario piensa que Estados Unidos debería implementar un programa de trabajo amplio para permitirle a más extranjeros venir al país, a realizar las labores que no quieren hacer los estadounidenses. “Cuando el presidente Bush estaba en la Casa Blanca estuvimos muy cerca, pero no pudo ser”, dice.
Y ahora es menos probable, si se toma en cuenta que la administración Trump quiere cortar por la mitad incluso la inmigración legal.

Intentando vivir una vida normal

En medio de estas contradicciones, la adversidad y el miedo, algunos inmigrantes de Gainesville tratan de llevar su vida con cierta normalidad.

Juanita (pidió omitir su apellido), de 43 años, es una de esas personas. Nació en San Luis Potosí, México, y vive en Estados Unidos desde 1994. Aunque estuvo casada con un ciudadano estadounidense –el padre de sus tres hijas– no ha podido conseguir papeles. Desde hace seis años trabaja en una ‘pollera’, ganando 12.5 dólares por hora.

A principios de este año dejó de conducir, luego de que la policía la arrestó por manejar sin licencia. Ella pasó una noche en la cárcel del condado, donde la registraron como indocumentada. Aún no se explica como pudo salir libre sin que inmigración viniese por ella.

Una de las herramientas a las que Juanita y otros inmigrantes de Gainesville se aferran para evadir una posible detención, es un servicio de mensajería por WhatsApp que les alerta sobre la ubicación de retenes de la policía en las carreteras. Juanita se suscribió al servicio por recomendación de una amiga, pero ella no sabe de dónde proviene esa información o si es confiable.

“Los indocumentados sentimos desesperación, preocupación y tristeza. No tenemos la manera de obtener un permiso, se siente desesperante. Los gringos dicen que nosotros venimos a robarles el trabajo, pero eso no es verdad, nosotros los latinos somos más trabajadores”, dice.

Pero ahora tiene miedo y paga un taxi para ir al trabajo, al supermercado o a bailar zumba, su actividad favorita, su forma de sentir que vive una vida normal.

El disimulado local donde se ejercita Juanita dos veces por semana es administrado por Antonia Luna y María Yeini Camacho, dos mexicanas indocumentadas que emprendieron el negocio hace tres años para ayudar a las mujeres hispanas de su comunidad a ser más saludables.

Ahí se reúnen decenas de mujeres, principalmente en las tardes, para bailar, tomar batidos y socializar. Y allí también se va parte del estrés que genera ser indocumentado, ese temor constante de que la policía las atrape y las separe de su familia.

El miedo de los inmigrantes también afectó el negocio de Margarita y María. El pasado mes de marzo cerraron la primera clase del día, a las 5:00 am., porque sus clientes ya no quieren salir a esa hora, temerosos de que la policía los detenga cuando las calles están más solitarias.

Pero, pese al temor a ser detenidos y deportados, muchos seguirán saliendo todas las mañanas a trabajar o a dejar a sus niños a la escuela, o como Pedro, obligados a conducir sin licencia para visitar a sus familiares enfermos, mientras esquivan a la policía que asegura estar en busca de criminales.