Juez federal bloquea temporalmente decisión de Biden de poner fin al Título 42 en la frontera
Un juez federal de Louisiana bloqueó temporalmente este lunes la decisión del gobierno de Joe Biden de poner fin al Título 42, una política de salud pública que restringe el acceso de inmigrantes debido a la pandemia de coronavirus.
La medida quedaría sin efecto el próximo 23 de mayo, pero con el bloqueo emitido por la Corte de Distrito Este de Louisiana, División de Lafayette, seguirá vigente, por lo que los migrantes que llegan a la frontera sur seguirán siendo devueltos a México.
"La Corte discutió la Solicitud de Orden de Restricción Temporal [ECF No. 24] presentada por el demandante (la Oficina del Procurador General de Arizona). Por las razones expuestas en el expediente, el Tribunal anunció su intención de otorgar la solicitud. Las partes consultarán sobre los términos específicos que se incluirán en la Orden de Restricción Temporal e intentar llegar a un acuerdo", escribió el juez Robert Summerhays este lunes en su razonamiento por escrito de 25 páginas.
La semana pasada, la Casa Blanca dijo a Univision Noticias que el gobierno estaba "trabajando arduamente para planificar y prepararse para eso, y continuaremos trabajando con el Congreso para implementar el levantamiento del Título 42 de una manera tan ordenada y humana como sea posible".
La oposición republicana se había unido en varios frentes para advertirle al gobierno que, si eliminaba la controvertida política vigete desde marzo de 2020, se generaría una crisis migratoria sin precedentes en la frontera con México, al tiempo que amenazaba con acciones legales para mantenerlo en vigor.
Desde que fue implementado, el Título 42 ha permitido la deportación acelerada de unos dos millones de inmigrantes. Los detractores de la medida alegan que la polìtica, que data de 1944, es ilegal porque obstruye la polìtica de asilo y daña el debido proceso migratorio.
Respaldo de una veintena de 20 estados
En la demanda encabezada por Arizona participan los más de 20 estados que habían pedido a la corte que le impidiera al gobierno poner fin al Título 42. La semana pasada le pidieron que interviniera de inmediato.
Tras la decisión, el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, aplaudió al tribunal por otorgar una Orden de Restricción Temporal (TRO, por sus siglas en inglés) contra la administración de Biden para mantener el Título 42 en vigor, a pesar de que ya ha intentado revertirlo antes de la fecha límite del 23 de mayo.
"Aplaudimos a la Corte por aprobar nuestra solicitud de una Orden de Restricción Temporal para mantener el Título 42", dijo Brnovich en un comunicado. “La administración de Biden no puede continuar en flagrante desprecio por las leyes existentes y los procedimientos administrativos requeridos”, indicó.
A principios de abril Brnovich presentó una demanda al frente de una coalición de estados contra la administración de Biden por revocar el Título 42 durante la peor crisis fronteriza en la historia de Estados Unidos, dijo su oficina.
Brnovich advirtió que no se quedará de brazos cruzados viendo cómo la administración de Biden "continúa desacatando los requisitos legales aplicables y las limitaciones a la autoridad del Departamento de Segureidad Nacional (DHS), apuntó.
Además de Arizona, la demanda fue presentada por Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Kansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, Montana, Mississippi, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, West Virginia y Wyoming.
Demócratas inconformes
Por otro lado, varios demócratas se unieron en los últimos días a la presión republicana inquietos por los resultados de las elecciones de mitad de periodo previstas para el primer martes de noviembre, cuando los estadounidenses acudan a las urnas y elijan un nuevo Congreso (la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado).
Tras el anuncio hecho por el gobierno a principios de abril de que eliminaría a partir del 23 de mayo la vigencia del Título 42 (que permite la deportación acelerada de extranjeros en la frontera por razones de seguridad sanitaria debido a la pandemia), quienes se oponen advierten que la medida agravará la crisis migratoria en la frontera sur.
Legisladores demócratas de tendencia moderada argumentan que la eliminación de la controversial medida desencadenará una nueva crisis y aumentará el nivel de amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
La suspensión del Título 42 en los términos en que lo deseaba la Casa Blanca reactivaría el debido proceso migratorio en la frontera permitiendo que los extranjeros puedan pedir asilo, y que sus casos sean procesados tal y como lo dispuso el Congreso, dice el gobierno.
El DHS, por su parte, se preparaba para nuevos escenarios, entre ellos el procesamiento de entre 6,000 y 18,000 casos de asilo diarios una vez quedara eliminada la política sanitaria.
A su vez, advirtió que seguiría deportando de manera acelerada bajo el Título 8 de la Ley de Inmigración (INA) a inmigrantes que no califican para asilo, y anunció la ampliación y construcción de nuevos centros de detención para inmigrantes.
El gobierno también se preparaba para implementar nuevos programas en la frontera, entre ellos darle poderes extraordinarios de discrecionalidad a agentes de asilo del servicio de inmigración y fiscales de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), para acelerar procesos y descongestionar la Corte de Inmigración, que a la fecha tiene más de 1.7 millones de casos acumulados.
