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Salud

Médicos con historiales de negligencia deciden el futuro de inmigrantes que piden residencia

El año pasado, el gobierno federal se comprometió a mejorar el proceso de escrutinio de quienes llevan a cabo las pruebas médicas de inmigración. Pero ProPublica halló que algunos doctores que han sido acusados de comportamientos poco profesionales como conducta sexual inapropiada, abuso de drogas o fraude siguen contando con la aprobación de USCIS.
12 Dic 2019 – 12:12 PM EST
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Esta historia fue publicada en asociación con ProPublica, un medio de periodismo de investigación sin fines de lucro. Puede leer una versión en inglés aquí. ProPublica es un medio independiente y sin ánimo de lucro que produce periodismo de investigación en pro del interés público. Suscríbete para recibir sus historias en español por correo electrónico.

El año pasado, un reporte del gobierno reveló que el programa federal para examinar la salud de los solicitantes de ‘green cards’ (tarjetas de residencia) incluía a numerosos médicos con historial de comportamiento poco profesional. Doctores que habían sido sancionados por juntas médicas estatales por abuso de pacientes y que en algunos casos incluso habían enfrentado cargos criminales tenían la bendición del gobierno para llevar a cabo los chequeos que pueden decidir el futuro de un migrante que pide residencia permanente.

Los investigadores encontraron incluso a un doctor condenado por haber contratado a un sicario para matar a un paciente insatisfecho, además de hallar a cientos de médicos con expedientes abiertos por casos disciplinarios graves.

El reporte concluyó que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), la agencia que gestiona la lista de más de 5,000 médicos, no tiene un proceso adecuado de escrutinio de los doctores y generalmente falla en el cumplimiento de los estándares. "Como resultado de estas deficiencias, USCIS puede estar poniendo a extranjeros en riesgo de abuso por parte de quienes les hacen los exámenes médicos", dijeron los investigadores.

Quince meses después de que se hiciera pública la auditoría, la lista todavía incluye a numerosos médicos con historial de mala praxis profesional similares a las descritas en la investigación. En el directorio de los llamados cirujanos civiles, ProPublica encontró al menos a 150 doctores acusados de abuso de pacientes y negligencia, en una revisión realizada este mes, y determinó que muchos de ellos continúan haciendo exámenes médicos. (La revisión sólo incluyó los doctores de cinco estados de EEUU).

Uno de ellos es James Richard Luu, de San José, California, quien permitió a su hermana acupunturista recetar medicinas en su nombre y tratar a pacientes de hemorroides en su oficina, dándoles un mal diagnóstico que les causó dolor. Luu, de 53 años, llegó a Estados Unidos como refugiado desde Vietnam y él y su hermana pusieron anuncios en medios en vietnamita para reclutar a pacientes inmigrantes de San José. En 2011, Luu fue acusado de incitación y complicidad en la práctica de medicina sin licencia, en un cargo relacionado con su hermana. Se declaró culpable y fue sentenciado a un día de cárcel y un año en libertad bajo fianza. En 2014, la junta médica le condicionó su licencia para ejercer la medicina por tres años.

Ahora, Luu está ofreciendo exámenes médicos de inmigración y asegura que no hay ningún inconveniente ya que eso fue en 2014. “Todo está solucionado”, dijo.

Otro doctor que tuvo el visto bueno de USCIS por años es Alvaro Genao, de Nueva York, quien usó el nombre de otro médico para recetar medicinas tanto para él como para otros pacientes, entre ellas una pastilla para dormir potencialmente adictiva. Después de una investigación, la junta médica de su estado le suspendió la licencia en 2014 por práctica poco profesional y fraudulenta. En 2017, le levantaron la suspensión y le condicionaron la licencia por los siguientes 10 años.

Hasta la semana pasada, Genao, de 49 años, estaba en la lista de USCIS pero fue removido de ella después de que ProPublica contactara a la agencia. El doctor no respondió a peticiones de entrevista hechas por emails y mensajes de texto y le colgó el teléfono a una reportera.

Después de la auditoría del año pasado, USCIS prometió corregir la lista para evitar que los solicitantes de ‘green cards’ estuvieran expuestos a potenciales daños. Pero la agencia no revisa los historiales disciplinarios de los médicos que solicitan formar parte del programa. Solo les exige tener una licencia médica en activo y casi todos los doctores de la lista que tienen algún caso grave en su registro cuentan con ella.

Según la auditoría, los médicos que tuvieron problemas de mala conducta en el pasado podrían presentar un riesgo para los pacientes en el presente. “Pese a que algunas conductas disciplinarias pueden haber sucedido hace años, la naturaleza de las infracciones puede hacer que estos médicos sigan siendo un riesgo para los que soliciten beneficios migratorios”, se lee en el reporte.

El documento recomendaba a USCIS, que es parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), desarrollar estándares más estrictos como los que usa el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) bajo los cuales muchos de los médicos del listado de la agencia serían descalificados. Pero USCIS no ha cumplido con los plazos que se impuso para hacer cambios cuando se publicó el informe. La auditoría también sugería usar el Banco Nacional de Datos de Profesionales Médicos, una base de datos federal, para la selección de los médicos.

Al doctor que fue condenado por contratar a un sicario le sacaron de la web de USCIS este verano junto a una docena de médicos más. Pero el análisis de ProPublica encontró que la semana pasada más de cien doctores con registros de comportamientos no profesionales e incluso peligrosos todavía están en la lista en internet.

Después de que ProPublica contactó a USCIS el 4 de diciembre y antes de contestar a la solicitud del medio, la agencia sacó de la lista a 16 médicos con historial por mala conducta de su web. En un email, la oficina de prensa de la agencia dijo: “Debido a un fallo técnico, las revocaciones de cirujanos civiles hechas en las últimas semanas no se reflejaban en la web. USCIS ha corregido el error”. Pero muchos de los médicos que fueron sacados de la lista la semana pasada, entre ellos Genao, habían sido disciplinados hace años.

Uno de los médicos que sigue contando con la aprobación de USCIS admitió ante una junta médica estatal que a principios de la década de 1990 tuvo “relaciones sexuales” con al menos 16 de sus pacientes. El doctor todavía está en la lista de la web de la agencia.

A otro doctor se le prohibió explícitamente realizar exámenes de inmigración relacionados con USCIS, luego de que una investigación estatal determinara que atendía a los solicitantes de 'green card' en una oficina rudimentaria sin camilla y donde no cumplía con los estándares requeridos. Pese a la prohibición, USCIS no le sacó de su directorio hasta la semana pasada, tras recibir las preguntas de ProPublica.

Para evaluar el estado de la lista de USCIS, ProPublica analizó los registros disciplinarios de médicos en los estados con más solicitudes de ‘green cards’. En 2017, el 57% de las peticiones de tarjetas de residencia que se registraron en EEUU fueron enviadas desde California, Florida, Texas, Nueva York y Nueva Jersey.

ProPublica metió los códigos postales de esos cinco estados en la web de USCIS Find a Doctor (Encuentra un Médico) y buscó si los doctores que salían en la lista tenían abierto algún expediente disciplinario.

ProPublica consideró que los doctores tienen un historial de comportamiento poco profesional o peligroso si han sido sancionados por conducta sexual inapropiada, abuso de drogas, trato negligente con pacientes, por prescribir sustancias controladas inapropiadas o por prácticas engañosas. No incluyeron a los médicos que fueron disciplinados por errores administrativos como no presentar certificados de defunción o no actualizar la dirección de sus consultorios con la junta médica.

ProPublica encontró a docenas de médicos que se prescribieron sustancias controladas inapropiadamente a sí mismos, a amigos o a familiares, algunos que violaron la privacidad de sus pacientes al revelar sus historiales médicos a personas no autorizadas y algunos que no supervisaron apropiadamente a asistentes o técnicos. También hay algunos que diagnosticaron incorrectamente a pacientes y documentaron algunas enfermedades erróneamente.

“Es horrible saber que hay médicos que han sido sancionados por este tipo de actos y que son responsables como guardianes de estos inmigrantes”, dijo Mario Urizar, un abogado de inmigración de Miami cuyo bufete presenta más de 100 solicitudes de ‘green card’ cada año. (Si tiene una cita médica próximamente relacionada con su solicitud de ‘green card’ y quiere saber si el cirujano civil que lo atenderá tiene algún registro de conducta poco profesional, en este artículo de ProPublica puede ver cómo revisar los registros disciplinarios de los médicos de su estado).

La auditoría, publicada en septiembre de 2018, fue realizada por el inspector general de DHS. Incluyó ocho recomendaciones, entre ellas requisitos más estrictos para los médicos y mejor formación para el personal de USCIS que revisa las solicitudes de los doctores. USCIS se comprometió a cumplir con las recomendaciones y se planteó unas fechas para esos objetivos. Dos de las fechas ya han pasado y otras dos se cumplirán al final de este año.

En un email, la oficina de prensa de USCIS escribió que la agencia “ha comenzado a implementar las recomendaciones”.

“USCIS estuvo de acuerdo con el reporte del Inspector General del año pasado y busca la implementación de las recomendaciones, incluida la de redactar una política actualizada con requisitos más estrictos de elegibilidad para cirujanos médicos y la de fortalecer el programa de formación de los requisitos de inadmisibilidad relacionados con la salud”, dijo en un comunicado la portavoz Marilu Cabrera.

Pese a que el foco de la administración de Donald Trump en la inmigración ilegal ha captado la atención de la nación, el gobierno federal también ha hecho más complicadas las vías para la inmigración legal. Abogados de inmigración le dijeron a ProPublica que los cambios recientes en las políticas de USCIS han hecho más difícil corregir errores en las solicitudes de la tarjeta de residencia, lo que afecta a los inmigrantes, los médicos y los abogados que rellenan sus formularios.

El caso de Fernando Romero ilustra cómo un simple error cometido por un médico designado por USCIS (que no tiene registros disciplinarios) puede perjudicar una solicitud de residencia permanente.

Romero, de 41 años, viajó de Miami a Argentina hace casi dos décadas cuando los turistas argentinos podían entrar a EEUU sin visa. Romero se quedó más tiempo del permitido y durante varios años estuvo indocumentado. En 2016, solicitó una tarjeta de residencia a través de su esposa, una argentina que se había hecho ciudadana estadounidense años atrás. En julio, su petición fue rechazada. En una carta, USCIS le informó que había denegado su solicitud porque la doctora que lo examinó no incluyó su propia información de contacto en el formulario. (La médico, que no está en la lista de ProPublica de los doctores que tienen registros disciplinarios graves, rechazó hacer comentarios para este artículo).

La carta de USCIS instruía a Romero a hacer sus preparativos para irse de Estados Unidos “lo antes posible”. Si no lo hacía, le podían prohibir volver a entrar al país o recibir beneficios migratorios, se leía en la carta.

“Cuando nos llegó la carta, nos asustamos. Con mi esposa empezamos a preguntarnos qué era lo que íbamos a hacer. ¿Nos vamos a tener que volver a Argentina?”, dijo Romero, quien se gana la vida instalando pisos de madera. “Tienes ese temor de que en cualquier momento las autoridades federales te van a tocar la puerta de tu casa”.

Bajo la política anterior, implementada por la administración de Barack Obama, lo más probable es que al funcionario de USCIS que le llegara el expediente de Romero le hubiera notificado de la información de contacto que faltaba. Pero el pasado septiembre la agencia cambió las normas. Ahora los funcionarios de USCIS no están obligados a mandar notificaciones aunque pueden hacerlo. USCIS dijo que el cambio se trata de un esfuerzo para combatir las solicitudes de ‘green card’ “frívolas” y que la intención no es penalizar a quienes cometieran “errores inocentes” o por malentendidos.

En octubre de 2018, USCIS también cambió el sistema de citas en muchas de sus oficinas, limitando las reuniones entre los solicitantes o sus abogados y los funcionarios de la agencia. En una nota de prensa, la agencia dijo que el cambio formaba parte de un esfuerzo para que más servicios estuvieran disponibles en internet y para reducir los tiempos de procesamiento de los casos. Pero los abogados dicen que estos cambios dejan a inmigrantes como Romero con pocas opciones para resolver problemas en sus solicitudes.

En la carta en la que le negaban su solicitud, USCIS le dijo a Romero que la única alternativa que tenía era presentar una “moción para reabrir o reconsiderar” su caso, lo que supone el pago de una tarifa de $675. Aunque se lo admitieran, eso probablemente habría significado empezar el costoso y largo proceso para una tarjeta de residencia de nuevo. Mientras tanto, ni su licencia de conducir ni su permiso de trabajo serían válidos.

“Todo el tiempo que tarda en que ellos hagan eso yo esencialmente volvería a cero… era como estar ilegal nuevamente”, dijo Romero, quien ya había pagado más de $4,000 entre los cargos por presentar la solicitud de residencia y servicios legales.

Romero dijo que llamó a USCIS decenas de veces con la esperanza de poder corregir el error de la doctora presentando un nuevo formulario en lugar de tener que empezar todo el proceso de nuevo. Pero todos los funcionarios de USCIS con los que pudo hablar le refirieron a la carta. Según contó, él y su esposa consultaron a cerca de 20 abogados pero lo único que les ofrecieron fue presentar la moción de reapertura del caso.

Finalmente se pudo comunicar con Urizar, el abogado de Miami que le recomendó demandar a USCIS. La demanda, presentada en agosto, sostenía que USCIS estaba castigando de manera arbitraria a Romero por un error que cometió una médico que trabajaba a nombre de la agencia. Dos semanas después, USCIS aceptó permitirle a Romero volver a presentar la solicitud corregida y aprobó su tarjeta de residencia.

Los formularios de inmigración médicos son válidos por solo dos años. Si el proceso dura más, el solicitante deberá ver a un doctor de nuevo y volver a pagar las tarifas. El examen de salud, que no cubren los seguros, no tiene un precio fijo. ProPublica llamó a diferentes médicos que dieron precios entre $100 y $1,000.

Los inmigrantes son “completamente vulnerables porque los doctores les dan un informe en un sobre sellado para que les entreguen a migración”, lamentó Urizar. “Así que no están al tanto de sus documentos a menos que pidan una copia, ni tienen voz en cuanto a lo que Inmigración decida”.

Según USCIS, el propósito de los exámenes médicos es proteger la salud pública. Un solicitante de una tarjeta de residencia puede ser declarado inadmisible por una cuestión médica, según establece la Ley de Inmigración de 1891 que decía que el país debía negar la entra a todos los “idiotas, locos, depauperados o personas que probablemente se pudieran convertir en carga pública” así como a “personas con tuberculosis o con enfermedades contagiosas peligrosas o repugnantes”.

Aunque las condiciones por las que hoy se puede considerar a una persona inadmisible ya no se califican como repugnantes, siguen vigentes los mismos principios en los exámenes médicos actuales. Una de las pruebas que se hace es para detectar la presencia de tuberculosis, así como otras enfermedades como sífilis, gonorrea o lepra. La adicción a las drogas, considerada un desorden “asociado a un comportamiento dañino” también está en la lista de razones por las que se puede negar la entrada en el país a un inmigrante.

El año pasado, algo más de 2,700 solicitudes de visas para inmigrantes fueron rechazadas por motivos médicos, según datos del Departamento de Estado. Cerca de 1,000 de esas solicitudes citaban una enfermedad contagiosa como motivo de la inelegibilidad. Las estadísticas no muestran cuántas de las visas de inmigrantes denegadas estaban conectadas a solicitudes de tarjetas de residencia.

Las enfermedades por las que se puede rechazar a un inmigrante han sido objeto de controversia. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sacaron el VIH de la lista en 2010 al establecer que “no correspondía con consideraciones de derechos humanos” después de que el Congreso levantara la prohibición de viajes contra los turistas e inmigrantes seropositivos.

Hasta 1973, cuando la homosexualidad fue sacada de la lista oficial de enfermedades mentales en Estados Unidos, el examen médico se podía usar para rechazar a miembros de la comunidad LGBTQ.

El término cirujano civil permanece desde los tiempos en que llegaban los migrantes europeos a Ellis Island. Quienes realizaban originalmente los chequeos médicos eran funcionarios del Servicio de Salud Pública, que lideraba el cirujano general.


Hoy en día, los cirujanos civiles no tienen que ser funcionarios ni cirujanos. La mayoría son doctores privados y el proceso para convertirse en uno es sencillo: cualquier médico que esté autorizado a ejercer en Estados Unidos, que tenga cuatro años de experiencia y que no tenga restricciones en su licencia en el estado en el que trabaja puede hacer la solicitud. Para ello, solo tiene que rellenar un formulario y pagar la tarifa de $785. Los doctores que trabajan en el sistema público y los militares son automáticamente elegibles.

Francisco Velázquez, un médico internista del área de Houston, se convirtió en un doctor designado por USCIS para servir a la comunidad inmigrante. Dijo que se presentó al programa tras escuchar sobre clínicas que cobraban mucho a quienes requerían las pruebas y les recetaban vacunas innecesarias.

“Es un juego de números”, dijo Velázquez. “Suma y, si eres muy ambicioso y cobras un poco por aquí y un poco por allá, la demanda existe”.

Velázquez, quien se hizo cirujano civil en octubre del año pasado, ve a entre 30 y 40 pacientes al mes para hacerles el examen de migración. Dice que la mayoría son migrantes de clase trabajadora que llegan referidos por abogados de inmigración. Otros llegan a su oficina después de llamar a diferentes médicos en busca de un precio que se puedan permitir. Él cobra $265 por examen, más el costo de las vacunas que sean necesarias. Para evitar errores, dice que rellena el formulario en la computadora, en lugar de hacerlo a mano, y le da al paciente una copia para revisarlo.

Los médicos del programa tienen que seguir las instrucciones de los CDC a la hora de evaluar y administrar los exámenes. Los CDC también llevan a cabo conferencias y talleres para que los doctores aprendan a hacerlo de manera apropiada pero la asistencia es voluntaria.

USCIS tiene un historial de retrasos significativos y pocas actualizaciones en su lista de doctores aprobados. En mayo de 2017, el inspector general mandó un listado de 48 médicos a la agencia cuyas licencias habían sido restringidas o estaban expiradas. A USCIS le tomó varios meses actuar y finalmente 11 de ellos nunca fueron sacados del directorio.

Los médicos están obligados a notificar a USCIS 15 días después de dejar la práctica o si paran de hacer exámenes de inmigración. La oficina de prensa de la agencia dijo que cuando USCIS revoca a un cirujano civil designado, saca a ese médico de su directorio. Pero ProPublica encontró al menos una docena de ellos cuyas oficinas dijeron que ya no hacían exámenes para la ‘green card’ a mediados de noviembre aunque aún permanecían en la página web de la agencia.

Según el reporte del inspector general, USCIS se apoya en un contratista que se especializa en cuidados de salud para evaluar la lista de médicos dos veces al año e identificar a los que ya no están en activo o tienen licencias restringidas. Después, un empleado de USCIS revisa los resultados de forma manual.

En su auditoría del año pasado, el inspector general recomendó a USCIS dejar de usar el contratista Evercheck. El reporte consideraba que el proceso de la agencia era ineficiente y sugería que usara el Banco Nacional de Datos de Profesionales Médicos de HHS.

Sin embargo, según un email de la oficina de prensa de USCIS, la agencia todavía usa Evercheck para confirmar si los médicos tienen licencias válidas e identificar posibles restricciones.

USCIS asegura que ha incrementado las revisiones a cuatro veces al año. La oficina también dijo que la agencia está “determinando las mejores prácticas para utilizar el Banco Nacional de Datos de Profesionales Médicos de un modo viable, rentable y apropiado para las necesidades de la agencia”.

En un email, Brian Solano, el CEO de Evercheck, dijo que la compañía ha tenido el contrato con USCIS por varios años y que en ese tiempo los términos del mismo no han cambiado. También aseguró no estar al tanto de la auditoría.

Según Solano, Evercheck provee reportes mensuales de los estatus de las licencias de los médicos que incluyen medidas disciplinarias en su contra pero depende de USCIS qué hacer con esa información.

“Nosotros solo los alertamos de los cambios en las licencias”, afirmó Solano. “Y luego, ellos pueden decidir qué hacer con la información”.

De las ocho recomendaciones de la auditoría, todas menos una (la creación de un programa de entrenamiento y control de calidad para la designación de los médicos) están abiertas, según Tanya Alridge, portavoz del inspector general. Su oficina dice que revisa el estatus de las recomendaciones cada 90 días y que los avances se reportan ante el Congreso dos veces al año.

Lexi Churchill, de ProPublica, Nate Schweber y John Surico contribuyeron a este artículo.

Lorena Arroyo, de Univision Noticias, tradujo el artículo al español.

¿Tienes información sobre USCIS que crees que debería ser pública? Envía un email a sophie.chou@propublica.org y brenda.medina@propublica.org. Además, puedes mandar información y documentos a ProPublica de manera segura a través de este link.

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