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Los migrantes deberán demostrar que intentaron reubicarse en sus propios países antes de pedir asilo en EEUU

La regla fue anunciada tras la firma de un acuerdo en el que Guatemala aceptó convertirse en Tercer País Seguro, abriéndole la puerta al gobierno de Trump para enviar a ese país a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera con México.
29 Jul 2019 – 8:40 AM EDT

El servicio de inmigración emitió una nueva instrucción para los agentes de asilo, quienes a partir de ahora deberán “determinar si el extranjero intentó reubicarse internamente en áreas seguras (en el país del que huye) antes del viaje hacia Estados Unidos”.

La regla fue firmada por Ken Cuccinelli, director interino de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y publicada en la página web de la agencia.

En mensaje para los agentes de asilo indica que, a partir del viernes 26 de julio “cuando se enfrenten a la evidencia de violencia (una de las causales para solicitar asilo), deberán considerar si la reubicación interna fue posible” antes de emprender viaje rumbo a la frontera para solicitar la protección del gobierno estadounidense.

La regla fue anunciada tras la firma de un acuerdo en la Casa Blanca entre el ministro de Gobernación guatemalteco, Enrique Degenhart, el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Kevin McAleenan y ante la mirada del presidente Donald Trump, en el que Guatemala aceptó convertirse en Tercer País Seguro.


Escenario complejo

Dos días antes de la publicación de la nueva norma, una corte federal de San Francisco bloqueó una regla temporal del presidente que negaba asilo a los migrantes si éstos no lo solicitaban primero en un tercer país.

El acuerdo, tildado de “indignante” por Amnistía Internacional y grupos defensores de los inmigrantes, le permite al gobierno de Trump trasladar a Guatemala a solicitantes de asilo en Estados Unidos y esperar en ese país hasta que una corte de inmigración resuelva sus casos.

Trump implementó un programa similar y unilateral en México a partir del 20 de enero por el cual miles de extranjeros que huyeron de sus países y pidieron asilo en la frontera, fueron regresados al lado mexicano para esperar que sus solicitudes sean procesadas.


Esperas interminables

Grupos de derechos humanos y activistas han advertido que las esperas en México pueden ser de varios años debido al atasco en las cortes de inmigración de Estados Unidos, con cerca de 900,000 casos acumulados.

Families Belong Together dijo que el gobierno de México no ha destinado recursos adicionales para enfrentar la crisis migratoria que se vive en la frontera con Estados Unidos. “Tenemos un incremento en el número de solicitantes acá en nuestro país en un momento en que las instituciones no tienen cómo enfrentar esta situación, no se dan abasto, no tienen recursos”, dijo su directora, Soraya Vásquez.

La activista indicó que el número de refugiados sobrepasa la capacidad de respuesta del gobierno mexicano, que los albergues están repletos de gente, hay hacinamiento y muchos solicitantes de asilo viven en las calles porque no tienen recursos ni oportunidades para sobrevivir la espera.


Las justificaciones

El mensaje del director interino de la USCIS explica que “la crisis en nuestra frontera sur sigue siendo grave” y que todos los días la agencia “se enfrenta a un número sin precedentes de extranjeros que abruman nuestro sistema de asilo, muchos de los cuales no son elegibles para el asilo e intentan ingresar y permanecer en el país en violación de nuestras leyes”.

Añade que la nueva regla se suma a las regulaciones y políticas actuales que ya están vigentes con respecto a la reubicación interna de un extranjero en su país de origen, decisión que se basa en la obtención y evaluación de testimonios durante las entrevistas de miedo creíble “y documentando los resultados”.

Indica además que, de acuerdo con informes del Departamento de Estado, “la violencia no está generalizada en la totalidad de cada país del Triángulo Norte”, por lo que se debe evaluar “la capacidad de una persona para trasladarse de manera segura a otra parte de su país de origen”, un factor regulador “importante en la consideración de evaluaciones y determinaciones de temor creíble”.


Debido proceso

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) ha advertido que los cambios a las políticas migratorias adoptados por el gobierno de Trump desde que llegó a la Casa Blanca ponen en riesgo el debido proceso y atenta contra los derechos de los migrantes.

“Muchos de los casos que surgen en la frontera sur son casos de personas que están dispuestas a realizar viajes internacionales costosos y peligrosos, ninguno de los cuales sería necesario si buscaran refugio dentro de su país de origen, particularmente dado que hay áreas que son generalmente muy seguras dentro de cada uno de los países que actualmente conforman la mayor parte de nuestros casos de miedo creíble”, se lee en la nota.


Los agentes de asilo deben obtener las evidencias de que buscaron reubicarse internamente en áreas seguras “antes del viaje del extranjero a Estados Unidos”, insistió Cuccinelli en la instrucción dada a los agentes de asilo.

Dato no mencionado

La nueva norma no refiere si la medida será aplicada a los menores no acompañados (UAC, por sus siglas en inglés), quienes están protegidos por la Ley TVPRA de 2008 (sobre prevención de tráfico humano).

La legislación prohíbe la deportación inmediata de menores migrantes y exige que sea un juez de inmigración quien resuelva sus futuros en Estados Unidos.

Tampoco menciona el Acuerdo Judicial Flores de 1997, que prohíbe al gobierno privar de libertad a menores en centros de detención federales. Trump considera ambas protecciones como “vacíos” o “lagunas” legales y ha solicitado infructuosamente al Congreso que las elimine para tener manos libres en la implementación de su política de ‘tolerancias cero’.

“El trabajo de la división de asilo es muy importante, y su dedicación a la misión no ha pasado desapercibida”, señala la nota que anunció la regla.

En fotos: el hacinamiento e insalubridad que sufren los inmigrantes indocumentados en un centro de CBP en El Paso

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